Por Aquiles Córdova Morán
Dirigente Nacional del Movimiento Antorchista
En las últimas semanas, la prensa poblana ha insistido en que, según funcionarios de buen nivel del gobierno del Lic. Mario Marín, hay averiguaciones abiertas en contra de “líderes antorchistas” acusados de despojo (por vía de la invasión subrepticia de predios urbanos abandonados y unidades habitacionales a medio construir), al frente de grupos que, por sus bajos ingresos, carecen de vivienda propia y de capacidad para pagar una renta vitalicia.
Según la misma información, esto obedece a la demanda interpuesta, en tiempo y forma, por los dueños de las propiedades afectadas. Como cabeza del Antorchismo Nacional, estoy obligado a acudir en defensa de mis compañeros donde y cuando
lo requieran, aunque entiendo bien que mis recursos en esta tarea son asaz limitados y precarios. Uno de tales recursos ha sido, desde nuestro origen, salir a la luz pública a dar la cara por nuestras acciones, nuestra versión de los hechos y nuestro honrado punto de vista sobre los mismos, sin faltar a la verdad (al menos voluntariamente). En 36 años de hacer esto, jamás hemos sido cogidos en mentira alguna; jamás nos han derrotado nuestros contendientes ni se ha demostrado nunca que nos defendamos con mentiras y argucias, sólo por espíritu de cuerpo, sin que la razón esté de nuestro lado. Los años y los hechos han demostrado, una y otra vez, que siempre decimos verdad; y por eso, Antorcha y quien esto escribe tenemos credibilidad ante la opinión pública; la gente sabe que, cuando informaciones encontradas siembran confusión, para salir de dudas no hay más que recurrir a la versión de los antorchistas.
Pues con este respaldo moral, salgo a hacer algunas precisiones necesarias y a dar mi punto de vista sobre el problema de hoy. Primero: es totalmente falso que “los líderes antorchistas” promuevan invasiones de predios y casas abandonados. La verdad de esto es que no hay ninguna necesidad de incitar a la gente para que emprenda este tipo de acciones; basta y sobra con su propia necesidad de vivienda y con sus precarios ingresos, que no le alcanzan siquiera para mal comer. Lo que sí es cierto (y no hay por qué esconderlo) es que, una vez realizada la riesgosa operación, hay quienes buscan el respaldo de Antorcha para regularizar su situación; y es cierto también que, en aquellos casos en que comprobamos que son auténticas la pobreza y necesidad de la gente, y que la propiedad invadida estaba abandonada, hemos accedido a asesorar y orientar a quienes nos llaman en su auxilio. Pero, ¿en qué consiste nuestra asesoría y apoyo? En convencer a los “invasores” de establecer, a la mayor brevedad posible, contacto con autoridades y propietarios para hacerles saber su absoluta disposición a pagar la propiedad, siempre y cuando no se les exija una fortuna fuera de su alcance. Afirmo que no hay un solo caso de este tipo (en lo que a nosotros toca) en que la gente no esté plenamente dispuesta a cubrir el importe de su lote o “casa”; y que eso se debe, aunque los señores propietarios no lo sepan o no lo agradezcan, a la intervención de los “líderes antorchistas”. Y, ¿es por ello que se les quiere meter a la cárcel? Segundo: de acuerdo con esto, carece de base legal la acusación de despojo, ya que si los inmuebles estaban absolutamente abandonados, si nadie los habitaba, nadie fue “despojado”, pues, como se sabe, este ilícito se comete contra la posesión y no contra la propiedad. Pero, aceptando sin conceder que fuese de otro modo, el despojo no lo habrían cometido los “líderes antorchistas” sino quienes, urgidos por su necesidad, ocuparon lo que llevaba años abandonado y sin prestar servicio alguno. Entonces, ¿por qué la persecución va contra los activistas de Antorcha? El carácter represivo e intimidatorio de la medida no puede ser más evidente.
Ahora mi opinión personal. En todo el país y, por tanto, en Puebla, la falta de vivienda y los bajos salarios de buena parte de la población son problemas bien conocidos y aceptados por todo mundo, a pesar de lo cual nadie hace nada serio por resolverlos y sí mucho por agravarlos. Por ejemplo, el apoyo irrestricto a la inversión privada para que acapare la tierra urbana y haga pingües negocios con las casas “de interés social”. De un lado los sin-casa (homeless, les dicen en E.U.) y del otro los señores acaparadores de la propiedad urbana y los tiburones de la construcción, que se dan el lujo de tener en el más completo abandono, por decenas de años, lotes baldíos y “unidades habitacionales” a medio hacer. ¿No es esto contar dinero delante de un ejército de indigentes, o tirar comida a la basura frente a miles de hambrientos? Y los millonarios latifundistas urbanos, asesorados por sus abogados (bien cebados y perfumados éstos) dirán que eso no justifica, de ningún modo, la violación al sagrado derecho de propiedad, garantizado por nuestras leyes.
Es rigurosa ley histórica que las clases altas, cuando envejecen en el poder, pierden irremisiblemente la capacidad de entender el fondo de los fenómenos que su propio dominio provoca. Sólo ven la superficie, las apariencias, las “formas sagradas” que ellos mismos han inventado, una de las cuales es LA LEY. Creen que los códigos y un buen garrote lo solucionan todo, y que no es necesario ir más allá. Cito, a propósito de esto, lo que escribe un experto en Historia del Pensamiento Político, catedrático de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Gareth Stedman Jones: “En ciudades como Colonia (Alemania), entre el 20 y el 30 % de la población vivía de la beneficencia. El pauperismo y el desempleo iban parejos con el crimen. En esta urbe, otro término para referirse a sus pobres era las clases peligrosas. Las estadísticas sugieren que la criminalidad se disparó en periodos de miseria tales como 1840-1841 y 1845-1847. No había nada irracional, por lo tanto, en el interés de los contemporáneos por el crimen y el nivel de vida, un interés que se reflejó (hasta) en las novelas del momento…” Si el profesor Jones no diera fechas, fácil sería pensar que se refiere al México actual. Pero nuestros “contemporáneos” están muy lejos de la inteligencia sensible de los alemanes. Ellos sienten las trepidaciones profundas del terremoto social y sólo aciertan a demandar, a grito abierto, el uso de la “ley” y de las armas de la policía. ¡Y así nos irá a todos!
PLAYAS DE ROSARITO.- A lo largo de la gestión del IV Ayuntamiento de Playas de Rosarito, el Presidente Municipal, Hugo Torres Chabert, ha llevado un mensaje de prevención a las drogas y la inseguridad a más de 30 mil alumnos de las diferentes escuelas de nivel básico de la ciudad, así como a bachilleratos, tanto públicas como privadas.
