Alejandro Vizcarra Estrada.
El regreso de Guillermo Villalba al aeropuerto de Tijuana estaba en el guión. Muchas veces señalé que, una vez que nos sacaran del aeropuerto, los españoles seguirían con sus planes. Guillermo Villalba Morales tuvo que dejar la administración del aeropuerto de Tijuana en 2001, luego de que fuera acusado penalmente por comerciantes –la denuncia fue registrada con el número de averiguación número 104/01/204- por los delitos de amenazas, despojo y abuso de autoridad. Cómo consecuencia, el juez VII de distrito dictó una orden de aprehensión en su contra (09/2009). Para calmar los ánimos y evadir responsabilidades, por órdenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tuvo que remover de su puesto a Villalba, enviándolo La Paz, y llegar a un acuerdo secreto por un millón 600 mil dólares con Rodolfo Figueroa, comerciante del aeropuerto que obtuvo una sentencia a su favor.
La salida de Guillermo Villalba de la administración del aeropuerto de Tijuana marcó un hito en nuestra lucha por mejorar y equilibrar las relaciones de los comerciantes con la empresa española. Ellos contaron siempre con la complicidad de las autoridades federales. Incluso, la permanencia de Villalba como empleado del Grupo Aeroportuario del Pacífico violenta el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, que señala que no podrán ser socios o directivos de aeropuertos aquellos individuos que “hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena”.
La reinstalación de Villalba tiene que ver con los proyectos a largo plazo que tiene el GAP en todos los aeropuertos que le fueron concesionados hasta por cien años: eliminar a comerciantes y empresarios mexicanos; monopolizar actividades como estacionamientos, comercio, limpieza, seguridad, carga, hoteles y, en algún momento, líneas aéreas. Entre los comerciantes desplazados, además de un servidor, se encuentran: Guadalupe Rocha, Joel Pérez Carrillo, Raúl Miramontes, Elena Soto, Evangelina Agundez, Delia Álvarez, Miriam Sánchez, Gilberto López, Enrique Fábregas y Yuridia Navarro.
Trataron de imponernos contratos leoninos, con condiciones imposibles de cumplir. Además de rentas elevadas, pedían comisiones sobre las utilidades brutas. Nos hostigaron, nos bloquearon, nos llenaron de demandas, querían sacarnos. Hasta lo ponían en los informes a sus inversores. Incluso el español Manuel Porrón –gerente de comercialización del GAP- alardeó frente a algunos de nosotros de tener compradas a las autoridades a todos los niveles.
En el 2001 logramos que se realizara una reunión entre diputados federales, la Dirección General de Aeronáutica Civil y Guillermo Villalba en la ciudad de México para discutir todas las irregularidades que se presentaban en el aeropuerto. Se acordó que se realizará otra reunión en el aeropuerto de Tijuana para resolver los problemas entre el GAP y los comerciantes, así como la seguridad y el mantenimiento. Se llevó a cabo semanas después, con la presencia del entonces subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Aarón Dychter Poltolarek, y el GAP. Nosotros no fuimos avisados, nos excluyeron. A fin de cuentas, no se llegó a ninguna solución.
Nosotros, en la época de Villalba, nos opusimos al GAP, los denunciamos y los enfrentamos con la ley en la mano, lo dimos a conocer a la opinión pública, a medios de comunicación, gobiernos estatales y federales, a los legisladores. Logramos que legisladores cómo Jaime Martínez Veloz, Javier Castañeda Pomposo, Manuel González Reyes, Jesús González Schmall, Marisol Urrea y Cuauhtémoc Velasco emitieran puntos de acuerdo para revisar las concesiones otorgadas a los españoles y las irregularidades en todos los aeropuertos. Hicimos evidente el favoritismo que ha habido de parte del gobierno federal con esta empresa. También aportamos información para que tres administraciones municipales distintas de Tijuana hicieran lo conducente para hacer efectivo el cobro del impuesto predial, que asciende a más de 180 millones de pesos. Al final nos hicieron a un lado, es una empresa extranjera con muchos recursos económicos, con relaciones políticas al más alto nivel, tienen mucho poder. Incluso, con información proporcionada por legisladores federales, encontramos que diferentes funcionarios federales son socios o empleados de esta empresa.
Pra concluir, auguro tiempos difíciles para aquellos que estén relacionados con el aeropuerto de Tijuana. Guillermo Villalba representa la peor cara del Grupo Aeroportuario del Pacífico, sus estrategias más sucias y golpeadoras. También, alerto sobre los posibles intentos de que Villalba intente negociar una condonación o cancelación del adeudo del impuesto predial, 180 millones de pesos, con el ayuntamiento de Tijuana. Ahí veremos qué tanta firmeza pueden tener el presidente municipal Jorge Ramos y el licenciado Raúl Corona Sesma, director jurídico del ayuntamiento.
* Se continúa combatiendo la plaga de la garrapata.
