* LOS FUNCIONARIOS MORENISTAS QUE DESOBEDECIERON LA DIRECTRIZ DE LÓPEZ OBRADOR; PERO AHORA, POR LEY DEBEN RENUNCIAR A SUS CARGOS.
Por Sergio Anzures.
Los dirigentes de MORENA prometieron que las cosas iban a cambiar en Baja California, desde 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y en el 2019 con la victoria de Jaime Bonilla Valdez.
Incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus funcionarios federales que quienes aspiraran a candidaturas en este 2021, renunciaran desde diciembre del 2020, y lo hicieron.
Aunque esa orden no fue para los funcionarios estatales y municipales de Baja California, es claro que debieron seguir la instrucciòn del Presidente de la República y líder moral de MORENA.
Funcionarios de Baja California hicieron todo lo contrario, siguieron viviendo de la ubre gubernamental y estar en precampaña en MORENA para ser candidatos a alcaldías, diputaciones federales y locales, además de regidores y síndicos.
Por ejemplo, la secretaria de Infraestructura Desarrolló Urbano y Territorial, Karen Postlethwaite, se inscribió en el proceso interno de MORENA para la candidatura a la presidencia municipal de Mexicali y sigue cobrando su salario de 60 mil 476.98 pesos mensuales en el Estado.
Vicenta Espinoza, secretaria de la Honestidad y Función Pública, aspirante a la candidatura de MORENA a la alcaldía de Tijuana, pero sigue cobrando sus 61 mil 526 pesos mensuales en el Estado.
Sergio Moctezuma, secretario del Trabajo en el Estadio, continúa viviendo de la ubre gubernamental (54 mil 876 pesos mensuales) y utiliza recursos de esa dependencia para promocionarse con la intención de lograr la candidatura morenista a diputado local.
Isaías Bertín, que ya no sabemos si es funcionario federal o estatal, pero cobra en el Estado 50 mil 13 pesos, aparece diariamente en las mañaneras del gobernador Jaime Bonilla, se promociona como aspirante a la candidatura a diputado federal por el VII Distrito.
La secretaria de Bienestar Social del Estado, Alma Arellano, aspira a la diputación federal por el VIII Distrito y no renunció para seguir recibiendo su cheque de 60 mil 410 pesos mensuales y promocionándose.
Marco Antonio Blazquez, director del Indivi, aspirante a la diputación local por el IX Distrito, sigue en la nómina del gobierno del Estado.
Luis Javier Algorri, que como subsecretario de Asuntos Migratorios del gobierno del Estado cobra mensualmente 44 mil 421 pesos y no piensa renunciar hasta que sea candidato de MORENA a una diputación local, pero tendrá que hacerlo ya.
El responsable de Atención y Vinculación de la CESPT, Héctor Gutiérrez, feliz cobrando al mes 38 mil 284 pesos al mes y buscando la candidatura morenista a una diputación local.
La diputada local Monserrat Caballero, en la lucha interna por la candidatura de MORENA a la presidencia municipal de Tijuana, en la cual es la favorita, pero no solicita licencia y sigue cobrando su salario, dietas y otras comisiones en el Congreso del Estado.
Ismael Burgueño, es el dirigente estatal de MORENA y aunque no es funcionario de gobierno, sí debiera solicitar licencia al cargo porque busca la candidatura de MORENA a la alcaldía de Tijuana.
Ya le pusieron el Anaya de MORENA, recordando que Ricardo Anaya utilizó la dirigencia nacional del PAN para ser candidato a la Presidencia de la República.
Hay muchos más nombres de funcionarios estatales y de los cinco Ayuntamientos que siguen cobrando y participando en el proceso interno de MORENA para obtener candidaturas.
Pero ahora tendrán que renunciar a sus puestos y dejar de cobrar sus buenos salarios, porque tienen por ley estar fuera de la función pública 90 días antes de la elección del seis de junio del 2021.
La fecha límite es el 8 de marzo del año en curso, quien no renuncie de los funcionarios estatales y municipales por designación no podrán ser candidatos.
Quienes pueden ser candidatos y no renunciar ni solicitar licencia son los alcaldes y diputados locales que busquen su reelección u otro puesto de representación popular, gracias a la “Ley Gandalla” en Baja California.
Además los diputados federales también pueden buscar su reelección sin dejar el cargo, gracias a las reformas a seis artículos a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe), en marzo del 2020.
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