* Instruyó al secretario de Hacienda y al Fiscal General del Estado, para que brinden todo el apoyo a la recién nombrada Fiscal Anticorrupción.
TIJUANA.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, instó a integrantes de su Gabinete legal a entregar resultados de auditorías y reportes sobre situaciones indebidas de sus antecesores; encabezó este lunes la 4ta. Reunión del Gabinete legal, donde exhortó a los diferentes titulares de cada dependencia a cumplir con la transparencia que debe prevalecer en este gobierno en marcha.
Los titulares de las distintas secretarías expusieron ante el jefe del Ejecutivo estatal las acciones sobre la fiscalización y evaluación interna de sus dependencias, entre bienes muebles e inmuebles que están bajo su resguardo.
En primer término, Alma Arellano Rosas, titular de la Secretaría de Inclusión Social y Equidad de Género, informó sobre las condiciones en que se encuentra el edificio del Centro de Mujeres. Afirmó que dicho inmueble se encuentra vandalizado y necesita de varias reparaciones para volver a funcionar, ya que la anterior administración se desatendió de dichas oficinas y es prioritario rescatar el inmueble.
Por otra parte indicó que se llevarán a cabo talleres de capacitación para servidores públicos, para sensibilizarlos en el trato a los usuarios, e implementar un decálogo de ética en las diferentes secretarías.
En su intervención, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó sobre la nueva Ley de Casinos, en Baja California. Señaló que los casinos que estuvieron operando con el permiso de la administración saliente, solo se gravaba a estas empresas con el 1%, lo que se traduce en $200 millones de pesos anuales, en comparación con el Estado de Nuevo León, con el 4% de impuestos lo que refleja una recaudación para dicha entidad de $900 millones de pesos anuales.
Con esta modificación a las leyes estatales, se beneficiarán las arcas del Estado, para aplicar los recursos en donde más se necesita, como los programas sociales. Por su parte el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, exhortó al titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Catalino Zavala Márquez, a realizar el saneamiento en la plantilla de personal que viene arrastrando muchos vicios irregulares desde la anterior administración y que no le abona a este gobierno en materia educativa.
Asimismo, instruyó al Oficial Mayor, Héctor Mares Cosío, para recuperar vehículos oficiales que no han sido devueltos al Estado por servidores públicos, que se han adueñado de las unidades e impedido para que sean subastadas. El mandatario Estatal dijo, que de negarse a entregar los vehículos, se hará uso de la fuerza pública, y de ser necesario remolcarlas con grúa.
Por su parte, Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, explicó que en la fiscalización y evaluación de la inversión pública, la anterior administración, no demostró en muchos casos solventación y mucho menos información de los proyectos de obra. La funcionaria dijo que de no encontrar información oficial, se presentarán denuncias ante la nueva Fiscalía Anticorrupción del Estado.
Espinoza Martínez recibió instrucciones directas del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de subir toda la información necesaria a los portales de transparencia y de rendición de cuentas del Estado, sobre contratos, quién suscribe y las licitaciones o concursos con empresas privadas. El gobernador dijo: “En mi gobierno, no se hacen negociaciones a escondidas o en la oscurito”.
El jefe del Ejecutivo estatal también instruyó a Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda, y a Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, para que brinden todo el apoyo a Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California, para realizar sus actividades en operatividad y presupuesto.
Por otra parte, Pedro Ochoa Palacio, titular de la recién creada Secretaría de Cultura de Baja California, presentó su reporte en esta 4ta. Reunión de Gabinete, en tres ejes. El primero, que el presupuesto anual que recibe la dependencia, es de $31 millones de pesos, pero la anterior administración, desvió estos recursos para otros
fines que se están investigando, ya que hay facturas de grupos culturales y folclóricos inexistentes. Esta falta de recursos provocó un empantanamiento de actividades culturales y exposiciones de obras pictóricas.
Finalmente, Karen Postlethwaite Montijo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial (SIDURT), explicó que están revisando proyectos y contratos de obras de las Asociaciones Público Privadas (APP), para construir puentes, hospitales, escuelas y de rehabilitar edificios públicos como la Casa del Estudiante, que se destinará para albergar a las clases más vulnerables.
En el caso de obras que corresponden a las APPs contratadas por la anterior administración estatal, como el segundo piso en las vialidades de Tijuana y del tema de la desoladora frente a Playas de Rosarito, se revisarán las propuestas de particulares y que no se toleren acuerdos ventajosos para las empresas constructoras y en detrimento de las finanzas estatales que repercutirían en la economía de las familias bajacalifornianas, como lo acostumbraron.
En la cuarta reunión de gabinete participaron: Rodolfo Castro Valdez, Coordinador de Gabinete; Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura; Alonso Pérez Rico, secretario de Salud; Héctor Haros Encinas, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria; Karen Postlethwaite Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial; Alma Arellano Rosas, secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género; Sergio Moctezuma Martínez López, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo; Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación y Bienestar Social; Laura Torres Ramírez, secretaria de Integración y Bienestar Social; Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda; Héctor Mares Cosío, Oficial Mayor; Vicenta Espinoza Martínez, secretario de Honestidad y Función Pública; y, Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado.
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