CUELLO.- El Gobierno del Estado acaba de comprometer a los ciudadanos de Baja California con más de 162 millones de pesos mensuales por casi cuatro décadas. ¡Casi SIETE administraciones estatales!
Esos compromisos hechos por el Gobierno de "Kiko" Vega sumarán hasta el final de los mismos un total de ¡¡¡ $70,744,164,000.00 !!! Por lo pronto.
¡¡¡ SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS !!! Que pagaremos TODOS, incluso nuestra próxima generación. Por lo pronto.
Pero, a ver, revisemos: el pasado 19 de diciembre se emitió el dictamen 62 firmado por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado que preside Irais Vázquez. En el decreto 57 de este dictamen se ratificó la autorización de obligaciones de pago del Gobierno del Estado para algunas empresas privadas.
Los contratos con esas empresas ya están firmados, sin que hayan sido publicados y sin haber dado a conocer las licitaciones realizadas para signar las obras. ¡Opacidad total!
Así pues, Aguas de Rosarito S.A.P.I. DE C.V. obtendrá pagos mensuales de 149 millones 312 mil pesos por 37 años para una desalinizadora en Rosarito. El Ejido Mazatlán en ese municipio vendió el terreno para esa obra en ¡20 millones de dólares!. Todo se circunscribe al dinero.
En lo que corresponde a Desaladora Kenton S.A. de C.V. el gobierno del estado hizo un compromiso de cubrirle “contra viento y marea” pagos mensuales de 11 millones 136 mil pesos por 30 años para un sistema integral hídrico en San Quintín.
Mientras que la Operadora de Pluviales Mexicali S.A. de C.V. obtendrá de los recursos públicos pagos mensuales de 2 millones 453 por 15 años por la construcción de tubería troncal de drenajes pluviales en Mexicali.
Además, el Gobierno del Estado se endeudó con 500 millones de pesos para contar con el respaldo económico necesario en caso de no poder cumplir con los pagos. Las empresas beneficiadas hasta el momento, no sufrirán pues de retraso en el pago comprometido.
Para lograr esos contratos, debía existir la Ley de Aguas que se aprobó el 19 de diciembre pasado y que fue abrogada por la profunda presión social.
Pero ahora necesitan una nueva Ley de Aguas que valide los contratos que ya fueron firmados desde el 2015 y permita a esas empresas la propiedad de ese recurso para consolidar sus negocios. Sin que exista esa nueva Ley de Aguas ello lo han estado ocultando a la población y los diputados han “autorizado” al jefe del ejecutivo estatal para que cuente con las facultades necesarias para asignar obras a la iniciativa privada a través de las famosas Asociaciones Público-Privadas (APPs) a través de otros artículos previstos, por ejemplo, en la Ley de Cuidado al Agua.
Por eso se deben continuar las manifestaciones no sólo contra el gasolinazo, que es la intención del gobierno estatal mantener la atención ciudadana hacia allá, para seguir saqueando los recursos naturales de la entidad a través de negocios particulares turbios en exageración.
Todo lo anterior nada tiene que ver, además, con el jugoso negocio que hizo el gobernador con la empresa Constellation Brands, para despojar del vital líquido a los productores agrícolas del Valle de Mexicali.
Así pues, Kiko Vega nos tiene “hasta el cuello” con su desmedida ambición y su espíritu empresarial que nada tiene que ver con la vocación de servicio público.
Hasta aquí la dejamos, no sin antes recomendarles que NO SE ENREDEN ¡Y PUNTO!
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