Aunque la anunciada megaparalización del transporte público de Tijuana, no se ha dado y sigue latente, este asunto ha llegado a extremos inimaginables, no previstos en las leyes correspondientes.
En serio, revisando las dos leyes que regulan el servicio público del transporte público en Baja California, una de orden estatal y otra municipal, no se contempla, para nada, lo que están haciendo algunos transportistas en esta ciudad.
Para empezar, no entienden, que lo suyo es un transporte público, para cuya prestación requieren de una concesión o permiso, de parte del Ayuntamiento de Tijuana.
Dicha concesión o permiso, no es vitalicia, ni irrevocable. Efectivamente, los derechos derivados de la misma, constituyen un patrimonio familiar, por lo que es inembargable, pero no los hace dueños de las vialidades y tienen que cumplir con una serie de obligaciones, si pretenden conservarlas.
Los transportistas, lo son, o sea existen, porque el gobierno municipal, no tiene la capacidad económica, ni humana, para prestar el servicio directamente. Por eso lo concesiona, facultando a terceros a que lo realicen.
Lo dice claramente el artículo 3 del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana : “La prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga corresponde al Municipio, en el ejercicio de esta facultad, el Ayuntamiento decidirá si en vista de las necesidades del público usuario, la prestación de dicho servicio debe hacerse por el propio Ayuntamiento o encomendarlo a personas físicas o morales, mediante concesiones o permisos, que se encargará de regular, controlar y vigilar, sujetándose a lo establecido en la Ley General de Transporte Público del Estado y el presente reglamento”.
Las reformas, adecuaciones o actualizaciones de la Ley General de Transporte Público del Estado, así como la vigilancia y control del servicio, corresponde a las autoridades administrativas estatales y a los legisladores estatales, en todo lo relativo al servicio de transporte de personas y de carga, entre municipios.
Las reformas, adecuaciones o actualizaciones del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, corresponde al Ayuntamiento de Tijuana, y la vigilancia y control del servicio, corresponde a las autoridades administrativas municipales, que es la Dirección de Vialidad y Transporte.
Ninguna de dichas normas jurídicas, indican, como lo pretenden los transportistas, que los integrantes del Cabildo deban hacer leyes al gusto o capricho de ellos. Suponerlo, es pensar que los patos puedan estar facultados para tirarle a la escopetas. Absurdo por completo.
Los transportistas, llevados por los usos y costumbres, tratan de erigirse en autoridades del transporte público. Quieren que las cosas sean a su gusto. Para ello, usan sus propios vehículos para denostar a la autoridad municipal y amenazan con suspender el servicio, si no acceden a sus reclamos. Como que el mundo está al revés.
Los concesionarios o permisionarios, no pueden establecer las condiciones bajo las cuales van a operar o prestar el servicio, que les es concesionado. Solamente eso faltaba.
Deberían leer ambas leyes, porque es evidente que no las desconocen. El solo hecho de negarse a prestar el servicio, injustificadamente, con una suspensión o bloqueo, puede ser motivo suficiente para la revocación de concesiones o permisos.
Y se atreven a suspender el servicio, si las leyes no se adecuan a sus intereses o caprichos. Eso es abusar de temeridad y mala fe. El que la autoridad municipal no los haya parado en seco, no significa que los seguirá tolerando.
El Ayuntamiento, es la máxima autoridad, dentro del municipio, en materia de transporte. Es el responsable de vigilar, que los tijuanenses tengan un servicio adecuado a sus necesidades. Tiene las facultades suficientes, para revocar las concesiones y permisos, que no sean utilizados conforme a lo dispuesto, al otorgárseles.
Tijuana merece un mejor servicio de transporte público. Mejor y barato. Al margen de negociaciones o presiones políticas.
Tijuana no puede ser rehén de vivales, que buscan aprovecharse de las necesidades del servicio, amenazando con suspenderlo en cualquier momento.
Si quienes participan en el presente proceso electoral, buscando ostentar cargos de elección popular, pueden incluir en sus propuestas, el revisar y reformar la legislación de transporte, para incluir o precisar los bloqueos o suspensión del servicio, como causa de revocación o cancelación de concesiones o permisos.
Incluso, en la legislación penal, tipificar como delito la deliberada suspensión del servicio de transporte público. Por el grave daño social que se provoca.
Ya basta de bravuconadas y de negociar con las necesidades sociales. Es un absurdo, que los transportistas quieran gobernar a su gusto. Sería tanto como pensar que los patos le tiren a las escopetas.
gil_lavenants@hotmail.com
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