TIJUANA.- El diputado Roberto Dávalos Flores propuso ante el Pleno de la XXI Legislatura, una iniciativa de reforma al artículo 279 bis del Código Penal de Baja California, para aumentar las sanciones hacia las personas que reporten falsas alarmas ante las autoridades que prestan ayuda y socorro a los ciudadanos.
En su exposición de motivos, el representante popular perredista subrayó que es preocupante la cantidad de falsas llamadas de auxilio que se hacen a las diversas autoridades que brindan servicio a la población, como es al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en el Estado (llamado C4), ya que mencionó que del total de las llamadas recibidas, sólo aproximadamente el 20 por ciento son reales.
Dijo que lo anterior lleva a reflexionar del gran costo que representa la movilización de todo el personal y equipo al que se hace referencia, pues además de movilizarlos, las pérdidas económicas y de tiempo para poder atender verdaderas emergencias es en perjuicio de la institución a la que movilizan y de toda la sociedad en general.
"Existen personas que no valoran el esfuerzo que se realiza para atender dichas llamadas. No hay que olvidar que por cada llamado de auxilio, se movilizan seguridad pública, paramédicos, bomberos, grupos de rescate y voluntarios, todos ellos capacitados de forma efectiva para salvar nuestras vidas. Estos grupos de apoyo están a nuestro servicio todos los días del año, a toda hora, sin importar si es o no día festivo", refirió el legislador.
Dávalos Flores explicó que el artículo 279 bis del Código Penal, ya prevé como un subtipo del delito de Terrorismo, el supuesto de las comunicaciones falsas sobre la existencia de explosivos, sustancias tóxicas, biológicas, incendiarias o de cualquier otro medio capaz de causar daños en instalaciones públicas o privadas, provocando con ello temor o terror a las personas.
Sin embargo, ante el mal uso de las llamadas de emergencia, el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local planteó agregar lo siguiente:
"Si a consecuencia de la comunicación realizada, se provoca un accidente con el cual se provoquen daños o se afecte la integración personal de las personas, se impondrá pena de dos a cinco años de prisión y hasta doscientos cincuenta días multa. Asimismo, deberá reparar el detrimento patrimonial causado a las instituciones que acudan a consecuencia de la comunicación falsa".
La iniciativa del diputado Roberto Dávalos fue turnada por la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis y a ella se sumaron las nueve fuerzas partidistas representadas en la XXI Legislatura Local.
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