Una vez más, la justicia mexicana ha puesto de manifiesto, que más de 500 años después de su existencia, aún cabalga el espíritu de la Malinche, a lo largo del territorio de la República Mexicana.
Injusta, severa e intransigente con los mexicanos, y ampliamente generosa y condescendiente con los extranjeros.
El pasado viernes, recuperó su libertad, el estadounidense, excombatiente de guerra, Andrew Paul Tahmooressi, que estaba siendo procesado en Tijuana, acusado por portación de armas de fuego, así como cartuchos de uso exclusivo del ejército.
El extranjero, fue detenido la noche del pasado 31 de marzo, en la garita de El Chaparral, al cruzar a México, portando dos armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, así como cartuchos, considerado esto como delito federal, en territorio mexicano.
Inicialmente lo internaron en el penal de La Mesa, el 3 de abril, pero ante un intento de fuga, el 8 de mayo lo trasladaron al Penal de El Hongo II, en Tecate.
Tratando de eludir la sanción penal, la defensa argumentó que se trató de un error o equivocación, pues mañosamente hizo una llamada de auxilio, antes de cruzar a territorio mexicano.
El argumento, resultó falso, pues se logró acreditar que ya había cruzado la frontera en varias ocasiones. Incluso, de ninguna manera pudo justificar el que una de las armas traía cartucho cortado, o sea estaba lista para ser detonada.
Después, se argumentó que se había faltado al debido proceso, en su perjuicio. Que tratándose de un extranjero, no se dió aviso oportuno a las autoridades estadounidenses, para que le asistieran legalmente, así como la interpretación al idioma español.
Luego se planteó el supuesto de problemas sicológicos.
Total, se manejó el caso, casi como si se tratase de un preso político. En el lado estadounidense, familiares y simpatizantes organizaron un movimiento, en el que participaron políticos de diversos niveles y activistas sociales, pretendiendo se le liberara, por mera presión.
Hubo quienes convocaron a cruzar la frontera para venir a sacarlo de prisión. Las autoridades consulares estuvieron presionando a la justicia mexicana, para que se levantaran cargos y se le liberara.
Total, por angas o por mangas, 7 meses después se le absuelve, recupera su libertad y cruza la frontera escoltado, cual si fuese un destacado personaje de la política.
Esto, definitivamente, no hubiese ocurrido con un presunto delincuente mexicano. Mucho menos en los tribunales estadounidenses.
Pero se trata de un extranjero y su caso constituía “una piedra en el zapato”, que amenazaba con afectar las relaciones entre México y Estados Unidos. Por eso, cortaron por lo más sano y lo dejaron libre.
Un caso similar, o sea que también recibió ese trato malinchista, lo fue el de la francesa Florence Cassez, quien fue liberada en enero del 2013, bajo el pretexto de fallas en el debido proceso, contra quien se había dictado una sentencia de 60 años, acusada por delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas.
No tenía escapatoria, pero el caso trastornó las relaciones entre México y Francia. El daño entre ambos países, tenía mayores dimensiones que las acciones ilícitas que la francesa pudo haber realizado en territorio mexicano.
Su asunto, ocupaba el primer punto de la agenda de los mandatarios de ambos países. Es más, las relaciones, estaban condicionadas a su solución.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente fuera de procedimiento, revisó el caso y la absolvió, luego de que ya había agotado todos los recursos en su defensa.
En aquel caso, como en este nuevo, la justicia mexicana personificó la figura de la Malinche, la joven indígena que sirvió como auxiliar de Hernán Cortés, en la conquista.
De ahí, se considera como malinchista, toda actitud servil y sumisa de los mexicanos, hacia los extranjeros. Los gobernantes, no escapan de ese calificativo. En especial, los juzgadores mexicanos.
Excesivamente generosos y condescendientes con los extranjeros. Drásticos e intransigentes con los mexicanos.
Se ha sabido de casos horribles de injusticias. Mujeres acusadas de haber abortado, que han tenido que pasar años en prisión, por su “horrible” crimen, sin que se haya acreditado fehacientemente que lo hayan cometido deliberadamente.
Más concretamente, el caso de policías municipales y estatales de Tijuana, detenidos arbitrariamente, exhibidos y procesados, como los más peligrosos delincuentes, acusados de estar involucrados con el crímen organizado y luego de varios años en prisión, absueltos por no encontrar elementos en su contra.
Para ellos, no valió lo del debido proceso. De paso, una doble injusticia, ya no se les incorporó a las corporaciones policiacas en las que laboraban. Ni modo, por ser mexicanos, no alcanzaron la generosidad de la justicia malinchista.
Por cierto, el caso de dichos policías, fue parte de la denuncia presentada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en días pasados en Washington.
gil_lavenants@hotmail.com
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