Producto de las componendas y concesiones políticas, la exdiputada del Partido del Trabajo en la pasada legislatura, Claudia Josefina Agatón Muñiz, protestó en octubre del año pasado como directora de Comunicación Social del Congreso del Estado.
En casi doce meses su presencia, pero sobre todo su influencia, ha sido incluso menor a la del fantasma que ocasionalmente, dicen, recorre los pasillos del Palacio Legislativo.
Y es que primero por razones de salud, las cuales se entienden, la funcionaria dejó de asistir a sus oficinas desde principios del año.
Pero después y desde entonces a la fecha, por razones más políticas que laborales sólo se ha presentado de manera ocasional y de “pisa y corre”.
Vaya, se asegura que ni siquiera recoge el cheque quincenal que por más de 40 mil pesos recibe quincenalmente y pide que lo depositen a su cuenta, lo cual la convierte en una virtual “aviadora”.
Por eso, el Congreso de Baja California está imposibilitado para presumir un efectivo y eficiente programa de comunicación que permita posicionar de manera positiva al Poder Legislativo.
La imagen de los integrantes de la XXI Legislatura no prende porque no convence.
Y no convence porque no hay estrategia, no hay plan, no hay visión, no hay dirección. No hay directora.
Con la complacencia y complicidad tácita de los diputados priistas, panistas y de todas las corrientes políticas, Claudia Agatón Muñiz ha pasado estos casi doce meses construyendo desde Ensenada su futuro político y el de su mentor, el diputado Armando Reyes.
Eso es un secreto a voces. Todo mundo lo sabe y todo mundo lo comenta pero nadie quiere actuar.
Claudia busca por todos los medios, incluyendo el uso de recursos económicos del Congreso del Estado, ser incluida en la lista de aspirantes a diputados plurinominales en tanto que Armando Reyes aspira, se mueve y se administra para ser el próximo Alcalde de Ensenada.
Cabe aclarar que son aspiraciones muy válidas para dos personajes que han surgido de las luchas sociales y que, como miembros de un partido político de izquierda en el que se han formado, aspiran a seguir creciendo.
Pero lo que no es válido, de ninguna manera, es que la ex diputada y hoy servidora pública del Poder Legislativo utilice recursos públicos para financiar sus aspiraciones.
No se vale que mensualmente perciba un sueldo de más de 80 mil pesos, libres de polvo y paja, por no cumplir con su principal responsabilidad que es la de cuidar y en su caso elevar la deteriorada imagen del Poder Legislativo del Estado.
Pero además, que ni siquiera se presente a trabajar.
Eso es corrupción y es evidentemente un desvío de recursos que el Órgano de Fiscalización del Estado de Baja California que encabeza Manuel Montenegro Espinoza, está obligado a revisar y, en su caso, castigar.
Eso son los riesgos de anteponer los intereses políticos a la importancia de colocar, en puestos claves, a personas con los perfiles adecuados.
En este caso queda claro que la funcionaria de marras, ni atiende ni le entiende a esto de la Comunicación Social.
Lo suyo es otra cosa.
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