Por Alfredo Calva
El contrato celebrado entre el gobierno del estado y la fundación del Teletón, es a todas luces un convenio gansteril.
Hemos de dar por cierto, que la señora Brenda Ruacho actúa con la mejor de las intenciones para llevar a efecto la construcción de un CRIT en Baja California. Que ella al no firmar el contrato con la fundación creada por televisa, no conoció del clausulado leonino que contenía el documento, y es comprensible y tal vez aceptable, pero el que no tiene excusa alguna es su esposo, el gobernador del estado, Francisco Vega dela Madrid.
Si esa es la actitud del que dice que ¨hace un gobierno donde la gente manda¨, signando un contrato gansteril a espaldas de los bajacalifornianos, entonces hemos de suponer, que a la gente a que se refiere, es a su Oficial Mayor y a su Secretario de Finanzas, Loreto Quintero y Antonio Valladolid, respectivamente.
¿Y los diputados porque están callados?, les da vergüenza, dudo que la tengan, reconocer que aprobaron recursos económicos para el CRIT, en un acto de estulticia comercial legislativa.
La historia apenas inicia…
Reestructuración de deuda (II parte)....…
Señalábamos en la entrega anterior, que tal parece, si tomamos en consideración el actuar de los gobiernos de Javier Robles y Carlos Bustamante, que los procesos de reestructuración de sus deudas públicas, se han convertido en un jugoso negocio, redondo por cierto, ya que ganan los funcionarios gubernamentales, las instituciones financieras y los amigos.
Los Ayuntamientos que encabezan Jorge Astiazaran y Silvano Abarca, atraviesan por serias situaciones económicas y financieras, no solo por las deudas heredadas, sino porque en ninguno de los dos casos los titulares del ejecutivo, implementaron verdaderas políticas de austeridad, especialmente en lo que se refiere a la contratación de personal conocido como de confianza.
En campaña, ambos mandatarios prometieron gobiernos esbeltos en cuestión de nominas, es decir, mejor aprovechamiento de los empleados de base, esos que transitan en la comodidad de hacer que hacen como que trabajan, con sus honrosas excepciones, auspiciados por sus depredadores adalides sindicales, y contratar en su mínima expresión a personal de confianza, sin embargo, como dije, solo fueron promesas de campaña, ninguno cumplió.
Ante la ausencia de un verdadero plan de austeridad que les permitiera reducir sustancialmente sus gastos corrientes, aunado a la caída que ambas administraciones han tenido en el cobro de impuestos, especialmente el del predial, sus astutos y visionarios Secretarios de Finanzas, les presentan la panacea a ese grave problema económico, la reestructuración de la deuda.
Obviamente acompañada de la perorata, de que solo así se tendrá liquides, se disminuirán los pagos que actualmente realizan para cubrir los adeudos, que tendrán ahorros que les permitirá atender necesidades de los gobernados, y ya con la arenga en su clímax, inducirlos a obtener la anuencia de los regidores para la adquisición de más deuda, para llevar a efecto lo que mejor se les ocurra.
En ambos casos los Secretarios lograron el objetivo, convencer a sus jefes, y éstos a su vez, a través de los Secretarios de Gobierno a los ediles, bajo la argumentación de que no habrá contratación de despachos externos como lo hicieron sus antecesores y que lograran una reducción sustancial de porcentuales en los intereses de la deuda, que permita a la administración contar con mayor liquides y con ello brindar los servicios que los ciudadanos reclaman.
La verborrea de ambos funcionarios es alentadora, casi celestial, solo falta un pequeño detalle, que la hagan realidad, la credibilidad que guardan los gobiernos de Tijuana y Rosarito ante sus gobernados se encuentra en los sótanos, si quieren contar con la confianza ciudadana, deberán transparentar cada uno de sus movimientos, realizar un proceso de licitación que permita la participación de todas aquellas instituciones interesadas en obtener la reestructuración de la deuda.
Exponer a la opinión pública cada uno de los contratos que celebren con las instituciones financieras que resulten triunfadoras en el proceso de licitación, y, etiquetar los recursos que tendrán a través de las nuevas deudas adquiridas, para que los ciudadanos conozcan en que y como se gastaran los dineros que pagaran a lo largo de más de quince años.
Y aun así, persistirá la duda de que no obtuvieron beneficios personales.
El tiempo lo dirá.
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