Muchos no lo creen, que desobedecer la orden de un juez federal, en una resolución de amparo, es gravísimo, pues equivale a un delito e implica el desafuero del funcionario y su procesamiento penal.
El artículo 107, de la Constitución federal, en la fracción XVI, claramente advierte lo siguiente :
“XVI.- Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado, tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento de dicha autoridad, será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados”.
Cabe observar esto, por varias razones. En principio, para que sepan qué es lo que les pasa a los desobedientes. Una frase relacionada con un asunto de lavado de dinero, explica todo : “copelas o cuello”.
Este martes –fue martes 13 y dicen que son de mala suerte- trascendió que la Suprema Corte de Justicia de la nación, ordenó destituir, consignar y juzgar penalmente a la Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, en Querétaro, Graciela Juárez Morales, y a su Tesorera Municipal, Aideé Verónica Corona García, por desacato a una sentencia de amparo.
Pero no solamente a esas dos funcionarias, sino también a sus antecesores. Al exalcalde Alonso Landeros Tejeira y al exTesorero, José Jaime Sixtos de Jesús. Cabe observar que Landeros, es dirigente del PRI en Querétaro.
Es el caso de una empresa maquiladora, al considerar que no le correspondía pagar el servicio de alumbrado público, que le cobraban las autoridades municipales, por el ejercicio fiscal 2012, interpuso demanda de amparo. La sentencia, dictada en abril del año pasado, le resultó favorable a la quejosa, pero los aludidos se negaron a obedecer. Como suele ocurrir : “se montaron en su macho”. Y ¡zaz! que los tumban.
Por desobedientes, ante lo ordenado en una sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó castigarlos, ordenando su destitución a los que están en funciones y junto con sus antecesores, deberán ser consignados y procesados penalmente.
Bueno, pues la misma suerte puede correr el actual gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, por desobediente. En estos momentos la Ministro Olga Sánchez, está preparando sentencia relativa a incidente de inejecución de sentencia, que pudiese ser en los mismos términos que la dictada en contra de los funcionarios municipales de Querétaro.
Osuna Millán es sumamente necio. En dos casos distintos, se ha negado a acatar lo dispuesto en sentencia de amparo y por lo tanto hay dos incidentes de inejecución de sentencia, por ello.
Ambas tienen su origen en la administración de Eugenio Elorduy. Una la invasión de un predio, con las obras de construcción del segundo acceso a Playas de Tijuana. Un afectado interpuso amparo, se resolvió a su favor, pero José Guadalupe se niega a pagarle el costo del predio invadido, desobedeciendo la sentencia de amparo en tal sentido.
El otro, es el caso de la afectación de un predio de 40 hectáreas, por la construcción de la vialidad conocida como Boulevard 2000. La parte quejosa o solicitante del amparo, promovió juicio de garantías obteniendo sentencia favorable, que obligaba al Gobierno Estatal a devolverle el terreno, pero en virtud de la obra realizada, era de imposible cumplimiento, por lo que se dispuso el cumplimiento substituto, que sería el pago de daños y perjuicios.
Se promovió el incidente de inejecución de sentencia y se presume que a mediados del mes de septiembre, la Ministra Olga Sánchez deberá de resolver lo conducente.
Pero no son los únicos desobedientes. En tales condiciones se encuentran el Rector de la UABC, Felipe Cuamea y el Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, Angel Norzagaray. Unos 43 jóvenes aspirantes iniciar carreras profesionales, al ser rechazados por las autoridades, promovieron amparo en dos casos distintos y los jueces federales les otorgaron la suspensión provisional, y en uno de ellos incluso la definitiva, ordenando a las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California a considerarlos como alumnos regulares.
La respuesta de los citados funcionarios de la UABC, fue en sentido negativo, argumentando falta de espacio en las aulas. Sin embargo, omitieron ofrecer pruebas para acreditar tales supuestos y en su lugar presentaron queja en contra de la resolución. Además, se duelen de que dicha orden viola la autonomía universitaria.
El caso es que ambos han desobedecido las órdenes de amparo. El abogado Daniel Solorio, quien asesora a los rechazados en reclamo del respeto a su derecho constitucional a estudiar, observa que en uno de los asuntos, llevan 11 días en desacato y 4 en el otro.
A veces, la justicia camina a paso de tortuga, pero tarde que temprano llega. Luego del caso de los funcionarios de Querétaro, vale la conseja : “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.
gil_lavenants@hotmail.com
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