El día de ayer circulo en los diversos medios electrónicos información relacionada a la detención de seis exalcaldes del estado de Chiapas, por parte de personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, bajo los cargos de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa.
Los exediles hace cuatro meses concluyeron su gestión gubernamental, siendo su periodo más corto, gracias al empate de las elecciones locales con las federales, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del congreso local, se dio a la tarea de cumplir con el protocolo de revisión de las cuentas públicas de todos los gobernantes locales salientes, y en esta auscultación detectaron diversas irregularidades que concluyeron en denuncia penal.
Los detenidos son emanados de todos los colores partidistas, la Procuraduría de Justicia Chiapaneca no anduvo con cuentos, tal parece que el nuevo gobernador, el ecologista Manuel Velasco Coello, no tiene contemplado hacerse de la vista gorda con las cuestiones de corrupción, ni su juventud –es el gobernador más joven del país- ni sus alianzas políticas, lo arredran para hacer respetar los ordenamientos legales enmarcados en las leyes de su entidad.
Los hoy indiciados que ya se encuentran tras las rejas son; Rodolfo Vásquez Martínez, del PVEM; Hermino Valdéz Castillo, surgido de la alianza PRD-PAN-PANAL-Convergencia y PRD; Miguel López Limbano, perteneciente al PT; Silver Eroy Corzo León, del PRI; Jesús Arnulfo Vásquez Martínez, de sangre panista y Magdiel Rafael García Cancino, del PRD.
Estas acciones deben ser un claro ejemplo a seguir para quien llegue a la gubernatura de Baja California, sin importar las siglas partidistas de las que provenga, y en esta acción tendrá que ser apoyado solidariamente por quienes logren ganar las sillas ejecutivas municipales en el proceso electoral de este año,
Es y será una obligación legal y moral de todos ellos, revisar y en su caso, y lo hay, denunciar para encarcelar a quienes han hecho del ejercicio gubernamental una fábrica de enriquecimiento ilegal, las administraciones que presiden Carlos Bustamante Anchondo en Tijuana, Javier Robles en Rosarito, Francisco Pérez Tejada en Mexicali y Enrique Pelayo en Ensenada, son verdaderos crisoles de corrupción, los señalamientos en este tenor los acompañan casi desde el primer día de iniciadas sus gestiones.
Es cuestión de voluntad política el imitar tan buen ejemplo.
¿La tendrán?
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