Palco de Prensa: Las “ideotas”

Por Gilberto Lavenant
Las ideas, son pensamientos, propósitos o intenciones de hacer algo, supuestamente benéfico y positivo. Cuando, sin proponérselo, la idea resulta contraria a los alcances o beneficios pretendidos, se le identifica como una “ideota”. No porque sea una idea enorme o grande, sino para denotar lo absurdo o incongruente de la misma.








En el ámbito jurídico estatal, ha surgido una “ideota” que tendrá efectos contraproducentes a los pretendidos. El problema es que casi nadie se ha percatado de ello. Es más, ni siquiera los autores intelectuales y materiales de la misma.







Se trata del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Baja California, creado mediante Decreto publicado el pasado 30 de noviembre en el periódico Oficial del Estado. Este organismo, es el responsable, a partir del 1 de diciembre del 2012, de la operación del Servicio Médico Forense en la entidad.







El llamado Semefo, es la institución encargada de realizar las autopsias de personas fallecidas, presuntamente por algún delito. A los médicos legistas les corresponde determinar las causas de la muerte. También certifican las lesiones sufridas por personas, en hechos delictivos, negligencias médicas o conflictos de índole familiar. Las certificaciones hechas por médicos particulares, no son idóneas para ejercer acción penal por la presunta comisión de delitos.







El caso es que, conforme a dicho Decreto, partir del 1 de diciembre del 2012, el citado instituto es el responsable de Semefo y no el Poder Judicial del Estado, ni la Procuraduría de Justicia, aunque no indica que deroga o deja sin efecto las disposiciones de las leyes orgánicas de ambas instituciones y, por lo tanto, las mismas continúan vigentes. Esta es la primera falla o error de parte de los autores de esta “ideota”.







Dicho en otras palabras, los Médicos Legistas del Poder Judicial y de la Procuraduría, siguen facultados para dictaminar, aunque sería motivo de controversia legal, de tal forma que alguien puede impugnar la validez de sus dictámenes, aduciendo que en base al Decreto que crea al Instituto de Ciencias Forenses, nadie, ajeno al mismo, puede realizar labores del Semefo.







En el Decreto que crea el Instituto, en el Título VI, relativo al Servicio Médico Forense, Capítulo Unico, Artículo 76, indica claramente que : “El Servicio Médico Forense será desempeñado por los Peritos Médicos Legistas nombrados por el Instituto”. En ninguno de los seis artículos transitorios señala que las disposiciones contenidas en dicha ley, derogan o dejan sin efecto las contenidas en las leyes orgánicas del Tribunal Superior de Justicia o de la Procuraduría de Justicia, aunque se presume que esa es la intención.







El caso es que el Instituto, no cuenta con personal alguno, obviamente ni Médicos Legistas, pues los que venían laborando en el Semefo, hasta antes del 1 de diciembre, son empleados del Tribunal Superior de Justicia, o de la Procuraduría de Justicia los que laboraban en el área de Servicios Periciales, y al emitir algún dictamen, como parte de ambas instituciones, que supuestamente carecen de competencia para ello, los mismos ya no tienen valor legal.







El Decreto de referencia, observa, en el Transitorio Sexto, que : “Los ingresos, bienes y demás recursos del Servicio Médico Forense del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como del área de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con los que cuenten para el desempeño de la función pericial, hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se transferirán a favor del Instituto de Ciencias Forenses de Baja California, así como, en general, todos los recursos presupuestales fijados para el ejercicio fiscal 2013”.







Se trata de una acción futura, que aún no se lleva a cabo, pues el Instituto fue creado en período de vacaciones del Poder Judicial y no se llevó a cabo el proceso de transferencia de personal y recursos. Además, precisamente por la fecha de creación del Instituto, este carece de presupuesto autorizado y por lo tanto no dispone de recursos para la contratación de personal, ni para sufragar los gastos más elementales para la operación del Semefo.







Así mismo, la situación laboral del personal del Semefo, quedó en el aire, pues el Tribunal Superior de Justicia no les puede pagar sueldos, por un servicio que ya no pueden seguir prestando, porque a partir del 1 de diciembre es facultad del Instituto de Ciencias Forenses.







Alguien puede decir que eso no es problema, pues el Instituto puede contratar a los peritos que operaban el Servicio Médico Forense bajo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia. Solamente que, además de que carece de recursos para ello, legalmente está impedido para hacerlo, pues la Ley que lo crea, establece un mecanismo para la contratación y acreditación de peritos, que no se puede llevar a cabo en forma instantánea.







Pero si todo esto, parece poca cosa, resulta que el flamante Instituto de Ciencias Forenses, legalmente existe a partir del 1 de diciembre, pero no puede funcionar, pues carece de reglamento, que según el Segundo Transitorio, deberá emitir el Ejecutivo Estatal, o sea el Gobernador Osuna Millán, sesenta días posteriores a la entrada en vigor del multicitado Decreto, a fin de establecer las disposiciones reglamentarias correspondientes.







El Instituto tiene, entre otras facultades, establecer y operar un sistema de ciencias forenses, crear y administrar laboratorios de criminalística, diseñar y establecer los criterios a que deben apegarse la formulación y presentación de los dictámenes periciales, evaluar y certificar a los peritos. El problema es que carece de recursos, básicamente económicos o materiales, y ni siquiera cuenta con reglamento interno, lo que lo hace inoperante.







Dicho en pocas palabras, gracias a esa “ideota”, el Semefo existe legalmente, pero no puede operar. Dicen que hubo quienes advirtieron tal aberración, pero que el autor de este proyecto, el diputado panista Ricardo Magaña, se “encaprichó” y exigió la publicación del Decreto. Y conste, es de los pocos legisladores que es Licenciado en Derecho. ¿Cómo estarán los demás, que le aprobaron la “ideota”? Dios los hace, y ellos se juntan.







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