Comentaba ayer, respecto a las “bombas políticas”, el caso de Sempra Energy, la empresa trasnacional instalada en Ensenada y que evidentemente ha sido un enorme foco de corrupción. Esto, aunado al caso de la exagerada diferencia en las tarifas de venta de energía eléctrica a los mexicalenses, respecto a las de exportación, así como el proyecto de punto de acuerdo que supuestamente habrá de ser planteado la próxima semana ante la Cámara de Diputados, para iniciar investigación al respecto.
Decía ayer, que ésta puede ser considerada como la tercera “bomba política”, también relacionada con Sempra Energy, y en la que resultan involucrados muchos políticos bajacalifornianos, destacando el apellido Elorduy, y consiste en una nota aparecida en el periódico capitalino La Jornada, en su edición del martes 10 de octubre, en la que se dá a conocer que la Procuraduría Fiscal de la Federación inició una investigación por delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y contrabando, en la que aparece como presunta responsable la empresa Sempra Energy, cuya planta opera en Ensenada.
Señala que la investigación se inició en base a denuncia de hechos presentada por el tijuanense, Ing. Felipe Ruanova Zárate, en la que revela que dicha empresa, cuya facturación anual es por más de 13 mil millones de pesos, adopta un esquema de maquila, evidentemente simulada, para no pagar impuestos al gobierno federal. Que en este asunto, de nuevo sale a relucir el apellido Elorduy, del exgobernador panista. Advertía que la devastación, será tremenda.
Algunos de los ciberlectores opinaron al respecto, y señalaron que esto no es nada nuevo, que de Sempra Energy y sus sucias maniobras, así como las descaradas relaciones con políticos bajacalifornianos, se ha escrito y hablado mucho, sin que pase de ahí. Y precisamente porque se ha hablado y escrito tanto, sin que el gobierno federal mueva un dedo para acabar con ese foco de corrupción, sancionando a los involucrados, es que los mexicanos desonfian en que ahora sí se haga algo.
Empero, resulta extraño que la Procuraduría Fiscal de la Federación, haga caso a una denuncia ciudadana, que si bien debe estar fundada y detallada, es, en principio, simplemente una denuncia de un ciudadano común y corriente. Como esa, ha de recibir millones de denuncias, que finalmente terminan en el “archivo muerto”, que es el cesto de la basura.
La nota periodística en mención, aparece en la página 7 del citado periódico capitalino, con una modesta llamada en primera plana, señalando que la Procuraduría Fiscal de la Federación inició una investigación por delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y contrabando cometidos por la empresa trasnacional de energía eléctrica Sempra Energy INC, y sus presidentes y directivos Donald E. Felsinger, Debra L. Reed y Jessie Knight.
Se observa que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, a cargo de Ramón Ignacio Cabrera León, dió curso y aceptó la denuncia de hechos presentada por Felipe Ruanova Zárate. Que el quejoso documentó que la multinacional simula actos amparados en un esquema de importación, para exportar bajo el abrigo de supuesta maquila.
La maquinación fraudulenta, consiste en que sólo en el papel “salen del país” los bienes, gas y electricidad, y en realidad se venden a empresas mexicanas. Que resulta relevante la investigación de este esquema de simulación y defraudación, en virtud de que se trata de una empresa que factura en promedio anualmente 13 mil millones de pesos, causando un enorme perjuicio al fisco federal.
Y, como los malos ejemplos cunden, se indica que Sempra no sólo habría defraudado al fisco federal de forma reiterada, sino qaue además estimula a otras empresas del ramo a delinquir, utilizando los mismos esquemas de simulación. Que muestra de ello es que la trasnacional Royal Dutch Shell, por medio de su filial LNG de Altamira, S de RLN de CV, al principio de su constitución en territorio mexicano pagaba sus impuestos de forma regular, y la indujeron a utilizar el mismo esquema de defraudación fiscal.
En la denuncia ciudadana de Ruanova Zárate, se señala que el delito de defraudación fiscal se configura, por no declarar ni pagar impuestos, cuando el domicilio fiscal y lugar donde se genera la riqueza es en territorio mexicano, pues la sede de su consejo de administración, se encuentra en Ensenada, en la mansión denominada Casa Azul, refiriendo obviamente a la filial Costa Azul, cuya instalación y operación generó tantas controversias, resultando involucrado el polémico alcalde Enrique Pelayo Torres, quien pretendió clausurarla por no contar con los permisos de operación que otorga el gobierno municipal. Finalmente las pretensiones se desvanecieron, cuando el hijo de Pelayo recibió un millonario depósito bancario.
En la nota periodística se dice que la denuncia alcanza también a un grupo nutrido de personajes, muchos de ellos extranjeros, y obviamente desconocidos para los bajacalifornianos, pero también refiere a algunos mexicanos, entre ellos Arturo Infanzón, Erika Elorduy –hija del ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy–, David Lozano, Alejandro Ríos Ripa, Clemente Raner, los ex secretarios de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán y Luis Téllez Kuenzler, Octavio Simoes y otros más.
La denuncia de hechos de Felipe Ruanova, registrada bajo expediente número 5120925, fue recibida el 25 de septiembre en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fue turnada para su tramitación a la subprocuraduría fiscal, y en base a la información que recabe y estudie, durante la investigación administrativa, ésta deberá presentar las denuncias, querellas y declaratorias de perjuicio a que se refiere la legislación fiscal federal vigente, ante el Ministerio Público Federal, instancia a la que la Constitución le otorga la facultad exclusiva de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los jueces penales competentes.
Se trata de una denuncia ciudadana. El columnista ha observado y advertido que lamentablemente, programas oficiales como los de “Pónle el dedo al ratero” o “Llama, nosotros sí vamos”, sólo operan contra delincuentes comúnes y corrientes, pues contra los políticos, son inoperantes. En México, casi todos los políticos tienen “fuero”.
gil_lavenants@hotmail.com
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