Palco de Prensa: Las aberraciones

Por Gilberto Lavenant
Durante la sesión del jueves 5 de julio del año en curso, los legisladores locales concluyeron sus labores sumamente satisfechos.
Después de mucho darle vueltas a la idea, por fin se aprobaba en pleno la propuesta para meter en cintura a los pomposamente llamados “desarrolladores de viviendas”, al establecer un mínimo de 80 metros cuadrados de construcción en las casas de interés social. Ya es común identificar a las viviendas financiadas por el INFONAVIT, como “pichoneras”, en alusión a que son tan pequeñas, que tienen gran semejanza con los espacios que ocupan los pichones o palomas para vivir. Las llamadas “casas de interés social”, son tan pequeñas, que los espacios que las componen o integran, son de usos múltiples. Son comedores, salas, áreas de descanso, lo mismo que recámaras. Son tan pequeñas, que el mobiliario de las mismas, se meten en partes y se arman en su interior. Obviamente, cuando se deterioran por el uso cotidiano, es necesario destruirlos, hacerlos añicos, para poderlos sacar en partes. Muchas de ellas, la verdad, parecen “casas de muñecas”. Aunque quienes las habitan no son precisamente muñecos, sino seres humanos. Pero además de pequeñas, son carísimas. Los adquirientes, en lugar de propietarios, se convierten en inquilinos y, como los inquilinos que dejan de pagar la renta, tarde que temprano las desocupan, antes de que los lancen. Hay cientos de ellas abandonadas a nivel nacional. Pero, en fin, los legisladores tenían el firme propósito de terminar con el cuento de las “pichoneras”. Aprobaron una iniciativa de reforma, suscrita por las fracciones parlamentarias del PRI, PEBC, PVEM y PT, con el objetivo de que tanto en la Ley del Infonavit como en la de Vivienda del Estado, se establezca un mínimo de 80 metros cuadrados de construcción en las casas de interés social. La iniciativa de reforma a los artículos 42 y 51 bis, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -Infonavit- y del artículo 71 de la Ley de Vivienda del Estado, fue leída en tribuna por el Diputado priísta David Jorge Lozano Pérez, durante la sesión ordinaria correspondiente al jueves 5 de julio, y recibió el voto a favor de la Asamblea. La propuesta elaborada por los Diputados Juan Vargas Rodríguez y Laurencio Dado Alatorre, fue sometida a consideración del Pleno con el dictamen número 8 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabezaba el diputado Gregorio Barreto. En la exposición de motivos, se argumentó que el tamaño de la actual vivienda de interés social, es muy reducido y el costo por metro cuadrado es muy alto, por lo que en lugar de ser generador de bienestar, se ha convertido en deterioro social. Los inicialistas –así les llaman a quienes hacen la propuesta- señalaron que no obstante la gran cantidad de trabajadores que se han visto beneficiados con un crédito, desde la creación del Infonavit, es claro que el esfuerzo ha sido insuficiente para que el trabajador mexicano vea satisfecha su necesidad de vivienda, por lo que se han diseñado diversas medidas encaminadas a encauzar los esfuerzos de los sectores público, social y privado, para que todos los trabajadores cuenten con un inmueble digno y decoroso. Para acabar con las “pichoneras”, en el resolutivo primero del dictamen aprobado, se estipuló que : “En ningún caso, el Instituto –Infonavit- otorgará el financiamiento de realización de conjuntos habitacionales, si en sus programas no se cumple con el requisito de cuando menos 80 metros cuadrados de superficie de construcción en las viviendas de interés social, el cual debe de existir en las condiciones dignas y decorosas estipuladas en la Constitución”. Por lo que hace a la Ley local de la vivienda, el artículo 71, que se refiere a las condiciones que deberán reunir las acciones habitacionales y la utilización de los recursos para este fin, se modificó con el siguiente texto: “de acuerdo a lo previsto en el artículo 42, fracción primera de la Ley del Infonavit”. En virtud de que ésta última norma jurídica es de índole federal, el Congreso de Baja California deberá remitir el dictamen aprobado por los Legisladores locales, al Congreso de la Unión, para que le dé el trámite correspondiente. Hasta ahí, todo parece muy bien, pero -nunca falta un pero- al clausurar los trabajos del llamado “Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario”, que se llevó a cabo esta semana en Tijuana, en el que estuvieron los “flamantes desarrolladores urbanos”, léase Urbi, Geo y demás, los que se han hecho ricos a costa de la necesidad de vivienda de muchos mexicanos, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, calificó de aberrante la reforma aprobada por los legisladores locales. Para Osuna Millán es aberrante, no permitir la construcción de casas de menos de 80 metros cuadrados, pues entonces el precio de las mismas será tan elevado, que serán inaccesibles para cuando menos el 65 % de los trabajadores en Baja California. Que por ello, la vetará, para no publicarla, lo que implicará que seguirán viviendo en “pichoneras”. Pero si de aberraciones se trata, más que la propuesta de reformas en mención, aberrante lo es la postura de Osuna Millán. Su discurso fue no el de un Gobernador, sino el de uno más de esos “desarrolladores”, fabricantes de hacinamientos, focos de promiscuidad y frustraciones. Seguramente le preocupan los negocios de sus amigos o socios. Porque tengan por seguro que para nada se ha interesado por la angustia que viven en Villas del Alcazar, construido por Urbi en terrenos ajenos. Eso si que es aberrante. gil_lavenants@hotmail.com