Por Gilberto Lavenant
En el supuesto combate a la criminalidad, los elementos policiacos de los tres niveles de gobierno, siguen utilizando, como práctica común, la arbitrariedad y el latrocinio.
En muchos de los casos, operan al márgen de la ley, allanan viviendas, detienen y roban a sus moradores y, por si fuese poco, los exhiben como criminales, sin esperarse a que sea un juez el que los declare formalmente responsables de algún ilícito.
El pasado domingo 10 de junio, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fueron presentados, para su exhibición pública, siete hombres y siete mujeres, como supuestos integrantes de una presunta banda de secuestradores de migrantes.
Los elementos de la SSP, a cargo de Alberto Capella Ibarra, orgullosos mostraron a sus “presas” y se jactaron de haber desmembrado una banda criminal. Días después trascendió que entre los detenidos se encontraba una familia, ajenos a actividades ilícitas.
Los municipales los exhibieron como un grupo de criminales, a quienes supuestamente les decomisaron dos armas de fuego. Los acusaron a todos de ser secuestradores de migrantes y de tener privados de su libertad a dos hombres, quienes pretendían cruzar a Estados Unidos y que para liberarlos pedían a sus familiares la cantidad de 9 mil 500 dólares.
Según las autoridades policiacas, lograron detener a los presuntos secuestradores, durante un operativo realizado el sábado 9 de junio, en atención a una denuncia ciudadana. La verdad de los hechos, fue totalmente distinta. Los pillos, los arbitrarios, los que actuaron al márgen de la ley, fueron los policías. Al menos por lo que respecta a la detención de cuatro personas, integrantes de una familia de apellido Villatoro.
Se dice que un par de malandros, que eran perseguidos por los policías, se introdujeron a la vivienda de la familia ofendida. Sus persecutores, ni permiso pidieron. Entraron por la fuerza y cometieron todo tipo de tropelías : destrozos, robo, malos tratos y detención ilegal de sus moradores, para luego exhibirlos como delincuentes. Los pillos con placa, están adscritos a la jurisdicción de la Delegación Municipal Sánchez Taboada.
Esto trascendió, porque el jefe policiaco al mando de los arbitrarios, Julio César Durán Flores, acudió a la vivienda de los afectados, acompañado por periodistas, -qué cinismo- para hacer constar que les pedía disculpas y les ofrecía que les regresaría los objetos de valor que les sustrajeron.
Obviamente, en la nota informativa correspondiente, se establecieron algunos supuestos, como para tratar de aminorar la gravedad de los hechos. Como el que, supuestamente, la familia afectada otorgó el permiso para que los salvajes policías se introdujeran a la vivienda, a realizar el arbitrario operativo. Seguramente fueron tan atentos al solicitarlo, que no tuvieron otra más que permitirles el paso.
Los sacaron a empellones y con insultos, los subieron al vehículo policiaco, y de nada les valió manifestar que eran trabajadores, humildes, pero honestos. Los arbitrarios, aparentemente tenían defectos auditivos, pues ni caso hicieron.
Incluso, narran que un policía ordenaba a otro que les diera unos “chingadazos” para obligarlos a hablar y les cuestionaban sobre la supuesta existencia de una pistola. De ahí los llevaron a las oficinas policiacas en la Delegación Sánchez Taboada y posteriormente a las ubicadas en la Zona Norte. En su detención y traslado, los golpearon.
Cuentan que los desnudaron, supuestamente para verificar si es que tenían tatuajes en el cuerpo o si portaban drogas. En un exceso de salvajismo, los esposaron en conjunto, para imposibilitarles cualquier movimiento.
Cuando ya pudieron recuperar su libertad, regresaron a su casa y la encontraron hecha un desastre. Los “cumplidos” policías, además de que les sustrajeron dinero de sus carteras personales, se llevaron cámaras fotográficas, celulares, quebraron la taza del sanitario y revolvieron toda la ropa.
En justicia, al menos aplicando la “Ley del Talión”, aquella que advierte que “ojo por ojo y diente por diente”, a los salvajes policías deberían darles “una sopa de su propio chocolate”. Detenerlos arbitrariamente, esposarlos, subirlos como animales en la caja posterior de los pick up habilitados como patrullas y finalmente exhibirlos como criminales, en rueda de prensa. Para que la ciudadanía los conozca y se ponga a distancia, lejos de ellos.
Pero tales “sanciones” serían poca cosa para lo que realmente merecen los arbitrarios. Deben ser cesados de inmediato y puestos a disposición del Ministerio Público, a efecto de integrar la correspondiente averiguación previa en la que se haría constar los elementos de los diversos ilícitos en que incurrieron y luego turnarlos ante juez penal competente, a fin de recluirlos en prisión.
Sobre todo, que se garantice a la sociedad, que tales sujetos no volverán a formar parte de corporación policiaca alguna. Y claro, obligarlos a resarcir los daños ocasionados. Incluso el cubrir o pagar a los ofendidos el daño moral que les ocasionaron al detenerlos injusta y arbitrariamente. En especial, por haberlos exhibidos como criminales, siendo inocentes y además sin esperar a que hubiese resolución judicial en el que se les declarase responsables de algún ilícito.
Por lo que respecta al jefe policiaco de tales patanes, que también le alcance el cese, pues evidentemente no controla a sus “muchachitos”. Y al señor Capella, que al menos tenga un poquito de vergüenza y haga a un lado su soberbia, pues había asegurado que regresaba mas maduro y con mayor experiencia.
La Procuraduría de Derechos Humanos, debe recomendar que se suspenda la exhibición de detenidos en ruedas de prensa. De paso, que dejen de utilizar pick up para cargar como animales a los detenidos. Las disculpas, salen sobrando.
gil_lavenants@hotmail.com
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