Los gobiernos municipales son colegiados. Al menos legalmente. El órgano de gobierno de este nivel, es el Ayuntamiento. Este se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y el número de regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.
En el Ayuntamiento de Tijuana existen 15 regidores. La mayoría son del PRI y en segundo lugar los del PAN. Pero pareciera que no existen. Nadie los ve, nadie los atiende. Solo aparecen en las sesiones de cabildo y es para validar las propuestas del Alcalde Carlos Bustamante Anchondo o de algún regidor afin.
El lunes 6 de junio del 2011, una nota periodística sorprendió a muchos. Los regidores del XX Ayuntamiento de Tijuana integraron un bloque para hacer frente al Alcalde Carlos Bustamante y a los funcionarios del gobierno municipal que se negaban a atenderlos. El bloque lo integraron 10 de los 15 regidores, del PRI, PAN, PVEM, PT y PES. Reclamaban dignidad y respeto al Alcalde Carlos Bustamante y a su gabinete.
El acuerdo lo tomaron el sábado 4 de junio del 2011, durante una reunión celebrada en un hotel de esta ciudad, pero la información trascendió apenas el domingo siguiente por la tarde, mediante comunicado que hicieron circular al respecto.
“Alianza por la Dignificación de Tijuana”, busca construir acuerdos para el bienestar de nuestra Tijuana así como un nuevo modelo de participación incluyente por parte de los regidores; de la misma manera consolidar el cabildo como un cuerpo colegiado para la toma de decisiones de nuestra ciudad y con ello, fortalecer la figura que representa el Regidor en la participación de la administración pública y toma de decisiones”, indicaban en el comunicado.
Los regidores tijuanenses se quejaban de que el Alcalde priísta, y su gabinete, no los tomaba en cuenta para la toma de decisiones y por lo tanto no respetaban las facultades y funciones que les otorgan las leyes municipales.
La alianza la integraban los regidores Miriam J. Ayón Castro, Francisco Gómez Medina, Ruben Salazar Limón y Javier Merino Duarte, del PRI; Claudia Ramos Hernández, María Luisa Sánchez Meza y Erwin Aréizaga Uribe, del PAN; Mariano San Román Flores, del PVEM; Julio César Vázquez Castillo, del PT y Rodolfo O. Hernández Bojórquez, del PES.
En el comunicado puntualizaron que no se trataba de una declaración de guerra, sino que el objetivo era impulsar, fortalecer y garantizar la gobernabilidad de la ciudad. Los regidores de las distintas fracciones políticas, acordaron formar un bloque pluripartidista, para formular sus demandas ante el presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo, a fin de mejorar los trabajos de sus respectivas comisiones y se unieron para conformar lo que denominaron “Alianza por la Dignificación de Tijuana”.
La declaración de adhesión, según el comunicado, fue el resultado de una reunión en la que comentaron coincidentemente su inquietud por ser “tomados más en cuenta” por el alcalde y su gabinete, por considerar que merecen un trato respetuoso y que les sean enviadas con suficiente oportunidad los puntos de acuerdo para revisión, análisis, discusión y votación o rechazo, según sea el caso.
Mencionaron que era común que les entregaran los Puntos de Acuerdo apenas unas horas antes de ser puestos los temas a consideración en las sesiones de cabildo y que no siempre tenian la suficiente información para “sacar los acuerdos”, lo cual les ponia en riesgo de aprobar puntos delicados que tenian repercusión para la ciudadanía a la que representan en el seno del cuerpo edilicio.
Así mismo, anunciaron que demandarían al jefe de la comuna, el trato directo y oportuno, en muestra de respeto a la investidura constitucional que tienen como funcionarios electos, integrantes o representantes de los diferentes partidos políticos que, como fuerzas electorales, son factores decisivos en la vida política de la ciudad. Se recuerda que todos estaban a la expectativa, en espera de la reacción del Alcalde, ante esta situación insólita. Bustamante simplemente respondió que le daba risa esas actitudes. Hasta ahí llegó todo. Luego de esta postura valiente, los regidores volvieron a desaparecer del escenario político municipal.
Y ahí siguen en pena. Reaparecieron en la sesión extraordinaria de cabildo del 24 de diciembre, en la que se aprobó la desincorporación del dominio público del inmueble que se conocía como cárcel de la 8. No abrieron la boca para nada en torno a las irregularidades por la demolición de dichas instalaciones, sin autorización previa del cabildo. Pareciera que ni cuenta se dieron de ello. Hace unos días, dieron muestras de que aún existen, cuando manifestaron oposición a un contrato leonino, dizque de arrendamiento con opción a compra, de una bodega para instalar las oficinas del DIF, Sistema Para el Desarrollo Integralde la Familia.
El Regidor Rodolfo Hernández dio la nota. Dijo que los regidores de todas las fuerzas políticas no avalaron la firma del arrendamiento de la nave industrial donde el DIF municipal pretende concentrar sus operaciones. La oposición se basa en que les parece arriesgado comprometer las futuras administraciones con el pago de una renta de 500 mil pesos mensuales durante los próximos 15 años. Esto, aunque no se pagaría en efectivo, sino mediante créditos fiscales generados por el impuesto predial a cargo del propietario del inmueble.
Menos mal que dieron muestras de que aún existen. El caso es que en este asunto aparece como beneficiaria la empresa Múzquiz, propiedad de un amigo del Alcalde Bustamante y cuando intervienen las amistades del empresario que gobierna la ciudad, pesan más que los posibles reclamos de los regidores. Una regañada bastará para eliminar esa oposición y los regidores volverán a su condición de fantasmas. De eso, ni duda cabe.
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