Apenas el 2 de marzo, el gobierno de California divulgó la lista de los 500 principales morosos en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales, los que a esa fecha debían en conjunto más de 550 millones de dólares.
La lista, fue publicada por la Oficina Estatal de Equidad, con el título “Los mayores 500 delincuentes fiscales” y era encabezada por la conocida cadena de tiendas Target, con un adeudo de casi 18.5 millones de dólares en impuestos.
En dicha lista aparecían empresas particulares dedicadas al comercio, de servicios diversos e incluso firmas de abogados, destacando agencias de autos usados y nuevos. Todos con deudas fiscales, más recargos por sus retrazos.
El vocero de la Oficina Estatal de Equidad, Jaime Garza, dijo que dicha institución tiene la obligación de publicar la lista de morosos, en cumplimiento con una ley aprobada en el 2007.
Pero eso pasó en California, el Estado más rico de la Unión Americana, con el cual colinda Tijuana. La publicación se hizo, en un desesperado intento de que los morosos, al ser exhibidos como tales, decidieran cubrir sus adeudos. El Estado afronta un déficit millonario y cualquier intento por superar esta situación, es válido.
En Baja Californoa, o al menos en Tijuana, el XX Ayuntamiento se abstiene de exhibir a los contribuyentes moroso. Es más, cuida que nadie conozca sus nombres. Lo peor, tiene que acceder a negociaciones desventajosas, como una de las mejores opciones para lograr que paguen. Casi les ruega.
Bajo estas circunstancias, tal parece que el XX Ayuntamiento, que encabeza el Alcalde Carlos Bustamante, se verá obligado a adquirir en arrendamiento, con opción a compra, una bodega para las oficinas del DIF. El inmueble es propiedad del Grupo Múzquiz, el cual tiene una deuda acumulada de 748 mil pesos por concepto de impuesto predial. Definitivamente un pésimo contribuyente. La lista ha de ser larga. Larguísima.
El propio Secretario de Administración y Finanzas del XX Ayuntamiento, Rufo Ibarra Batista, califica al Grupo Múzquiz, como “un contribuyente difícil”. Incluso, algo absurdo, el funcionario recomienda negociar con dicho grupo empresarial, antes que esperar a que se ponga al corriente. Probablemente ya se le olvidaron los medios coactivos. Quizás.
El funcionario explica que cuando se ha requerido al Grupo Múzquiz, para que pague el impuesto predial, ha hecho uso de recursos legales para incumplir. Declaraciones atribuidas a Ibarra Batista indican que “desde el punto de vista fiscal, ha sido un contribuyente muy difícil para el efecto del cumplimiento de sus obligaciones, no ha tenido muy buena voluntad para venir a pagar sus impuestos”.
Es tan mal contribuyente, el Grupo Múzquiz, según el funcionario, que con el apoyo de sus abogados ha interpuesto amparos para evitar el pago de impuestos municipales. En 2010 saldó adeudos, mediante un terreno valuado en 17 millones de pesos, pero su morosidad es crónica, pues volvió a acumular adeudos.
Por ello, absurdo, los Regidores se resisten a celebrar un contrato de arrendamiento, con opción a compra, a fin de adquirir la bodega en la que operará el DIF, con lo que indirectamente se lograría que dicho contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales. Algo así como premiar a un causante moroso.
Quienes apoyan el proyecto, dicen que se trata de un inmueble construido en un predio de 16 mil 700 metros cuadrados, valuado en 17 millones de pesos, a razón de 22 pesos metro cuadrado. Se pactaría una renta de 500 mil pesos mensuales, que se pagarían con créditos fiscales, o sea con adeudos de predial. El DIF actualmente paga 250 mil pesos mensuales en rentas, en efectivo. El contrato de arrendamiento, con opción a compra, sería con una vigencia a 10 años. Inicialmente se propnía a 15 años.
Lo patético de este asunto, es que pareciera que el gobierno municipal se pone de rodillas y otorga todo tipo de facilidades a los morosos, para que cumplan sus obligaciones en las condiciones que ellos deseen. Al gusto del contribuyente, pues.
Pero no solo eso, el Ayuntamiento tiene el cuidado de no tocar a los contribuyentes morosos, como lo es el caso del Grupo Múzquiz, ni con el pétalo de una rosa. Y, qué horror, tiene abogados muy buenos y si se les molesta, interponen amparos, para no pagar.
El señor Ibarra Batista es Contador Público, posiblemente no sabe que el amparo es un juicio que procede cuando se violan garantías humanas. Si el señor Secretario de Administración y Finanzas, se queja de que mediante amparos, contribuyentes como Grupo Múzquiz, no cumplen sus obligaciones fiscales, debe revisar los juicios de garantías, en cuyas resoluciones le marcan las irregularidades existentes en las leyes fiscales municipales, que son violatorias de garantías. Por otra parte, se le recomienda que contrate abogados conocedores de la materia, porque si los que tiene, son incapaces para defender los intereses del gobierno municipal, entonces, que los despida. Tal vez por eso el consejero jurídico, Edgar Fernández, fue enviado como encargado de la Delegación Municipal de La Presa. No hay jurisdicción en la Rumorosa, sino hasta allá lo hubieran enviado.
Esto que pudiese parecer una broma de mal gusto, que no lo es, es preocupante. Un gobierno titubeante ante un contribuyente moroso, que hace lo que se le dá la gana, es algo sumamente serio. Las revelaciones del citado funcionario municipal, implican una gravedad enorme. ¿Cuántos conribuyentes morosos, como Grupo Múzquiz, hay en Tijuana ?
Este caso, quizás también sirva de ejemplo para explicar y comprender, por qué el XX Ayuntamiento de Tijuana no le ha podido cobrar el impuesto predial a la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Tijuana. Así mismo, por qué no ha podido desenredar la madeja de varios asuntos que les heredó el panista Jorge Ramos Hernández.
gil_lavenants@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario