Una maestra de grupo, es casi como una segunda madre. Sobre todo, siendo de educación básica. Convive más con los niños, que sus propias madres. Su labor consiste, no solamente en enseñar materias elementales, sino inducir al estudio, en informar, en generar buenos hábitos, en formar buenos ciudadanos. Es una tarea sumamente noble, loable, generosa y gratificante.
Pero como en todas las actividades, sin tener las aptitudes, sino más bien por mero chambismo, y mediante compadrazgos o simple compra de plazas, hay quienes llegan al puesto, a usurparlo. Parecen maestras, cobran como tales, pero estando a cargo de un grupo de niños, dan rienda suelta a sus frustraciones, a sus complejos, a sus traumas. No construyen, destruyen, no forman, deforman, no alientan, desalientan.
Los mexicanos se escandalizaron esta semana cuando se enteraron que un menor, de solo 7 años de edad, fue encerrado bajo llave en su salón de clases, en la Escuela Primaria “5 de Octubre” de la Colonia Altamira, al sur de Monterrey, Nuevo León. La supuesta maestra lo encerró, bajo candado, como castigo por no haber hecho la tarea.
Las circunstancias, tratándose de un niño de sólo 7 años de edad, han de haber sido horribles para el menor. Su horario de clases concluía a las 18:00 horas. Su madre en vano esperó hasta las 22:00 horas para que llegara el niño. Al no aparecer por ninguna parte, lo reportó como desaparecido. Afortunadamente las autoridades policiacas atendieron de inmediato el llamado de auxilio de la madre. Dentro de la indagatoria, entrevistaron a un compañerito de clase, que fue quien les platicó, de manera inocente, que la maestra encerró al niño desaparecido, por no haber hecho la tarea.
De inmediato acudieron al plantel educativo. Todas las puertas estaban aseguradas con candados. Al abrir la correspondiente al salón de clase del niño, lo encontraron en condición es deprimentes, tirado en el suelo, dormido debajo del escritorio, con temperatura de 10 grados. Fue rescatado 7 horas después de que su “maestra” le aplicó el castigo.
Las autoridades educativas de Nuevo León, dicen que realizarán una evaluación del perfil profesional de la supuesta profesora, una tal Zulema, para determinar si es que es apta para permanecer al frente de una aula escolar. La evaluación se les debe hacer a ellos, para corroborar y hacer constar que no son aptos para ser funcionarios de educación pública. La usurpadora, es más que evidente que no debe ser empleada ni siquiera en un centro correccional de menores infractores. Hacer, lo que hizo, a un niño de solo 7 años de edad, tan solo porque supuestamente no hizo su tarea, es horrible, criminal.
Este tipo de personas, desprestigian al magisterio en general. Manchan el servicio docente. Es intolerable que hagan lo que hizo, totalmente opuesto a los principios magisteriales, pedagógicos, humanos. El cese debe ser fulminante, sin lugar a dudas.
El problema es que casos como este, aunque extremo, se dan en todo el país. Afortunadamente no tan numerosos, pero los hay. En Tijuana, para ser más concretos, existe un individuo, con más de 30 años al frente de una escuela secundaria, que parece dirigir a una penitenciaria. Trata a sus alumnos como si fuesen reos peligrosos y a los padres, cual si fuesen de lo peor. Su nombre, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Las autoridades educativas lo tienen bajo observación.
Vale la pena comentar esto, pues resulta absurdo, pero cierto, que mientras que a servidores públicos como los policías, se les exige la aplicación de exámenes de confianza, o los someten a dopaje para detectar posibles adicciones, esto no se hace extensivo a quienes desempeñan labores docentes.
Dejar a nuestros hijos en manos de individuos no aptos para la docencia, incluso con afectaciones psicológicas que les hacen peligrosos frente a seres indefensos, es algo sumamente delicado.
En el ámbito de la educación, se dan todo tipo de excesos, de abusos, de agresiones, de afectaciones, de desviaciones. Y nadie hace algo para evitarlo. Un exámen psicológico, a todo aspirante a prestar servicios docentes, o incluso a quienes ya están laborando en el área, sería un primer paso para evitar casos como el de Monterrey, con el niño de 7 años, encerrado bajo llave por no hacer la tarea.
Hace algunos años, en la escuela de derecho de la UABC, enfrentaron un serio problema. Un estudiante, con marcadas limitantes en sus capacidades de razonamiento, pero que por sus mismas condiciones mentales, era casi una computadora viviente, puso en un dilema a las autoridades universitarias que se negaban a autorizarle que presentara exámen profesional para su titulación. De pronto observaron que en los reglamentos universitarios no estaba prevista la exigencia de aplicar un exámen psiológico, como requisito previo al otorgamiento del título.
¿Cuántos maestros, como la “maestra” de Monterrey, son verdaderos enfermos mentales y por lo tanto un peligro latente para quienes tienen la desgracia de ser sus alumnos ?
¿Cuántos de ellos, son enfermos sexuales, tienen taras o traumas, que les hacen no aptos para la docencia, pero que sin embargo, siguen usurpando funciones docentes ?
¿Cuándo, las autoridades educativas, de cualquier nivel de gobierno, asumirán sus funciones con responsabilidad y dejarán de soslayar a individuos nocivos, tan solo por temor a represalias sindicales ?
Afortunadamente la mayoría de los docentes son personas que merecen respeto y reconocimiento, porque cumplen sus labores con responsabilidad y eficiencia. Pero un solo caso negativo, es más que suficiente para generar preocupación y obligar a actuar para erradicarlo. Con un solo niño, como el del caso de Monterrey, que resulte víctima de una usurpadora, que reciba maltratos y violaciones a sus derechos humanos más elementales, es algo preocupante. No debería haber un sólo caso. Mucho ojo, denúncienlos.
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