Por Gilberto Lavenant
El pasado 25 de noviembre el Presidente Felipe Calderón, fue aacusado ante la Corte Penal Internacional, por las más de 50 mil muertes registradas con su narcoguerra, así como por la desaparición forzada de miles de mexicanos.
En un hecho insólito, el día de ayer se sumaron a esta denuncia personalidades de la estatura moral de José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el poeta Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La adherencia, es altamente significativa. Calderón no está en condiciones de descalificar a sus acusadores, que hacen suya la acusación contra el mandatario mexicano, por considerar que ha incurrido en crímenes de guerra y de lesa human idad, además de exigir el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país.
En el texto de adhesión, señalan : “Suscribimos la denuncia que con valentía y entereza presentaron 23 mil personas ante la CPI de La Haya el 25 de noviembre del 2011 contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales contra la violación sistemática de sus derechos que se señalan en la Constitución mexicana”.
Así mismo, plantean la urgencia de que los mexicanos recuperen su bienestar social, económico, cultural y político.
Expertos en derecho internacional, advierten que en caso de que el tribunal internacional considere que sí se acredita la comisión de delitos que se atribuyen a Calderón, se puede pensar en la posibilidad de que dicte una orden de detención internacional.
La Corte Penal Internacional, cada año recibe aproximádamente 3 mil denuncias, de las cuales solo 9 o 12 dan lugar a una indagatoria en forma, la mitad de las cuales no llega a la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la encargada de realizar el juicio definitivo y dictar la sentencia ccorrespondiente, que implica el girar una orden de detención. El asunto de la acusación contra el Presidente de México, podría ser uno de ellos.
En el plazo de un mes, la Corte deberá decretar la procedencia de la denuncia y entonces iniciará la iundagatoria, en caso de que encuentre elementos suficientes`para presumir que Felipe Calderón es presunto responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
Cuando se hizo pública la denuncia contra Calderón, el gobierno federal mexicano amagó a los denunciantes con fincarles responsabilidades. La reacción fue el apostarse frente a las oficinas reclamando que fueran juzgados, que se iban a entregar para ello. La Secretaria de Gobernación tuvo que señalar, públicamente, que no había intención alguna en ese sentido.
Sobre la pretensión oficial de proceder en contra de sus acusadores, Felipe Calderón manifestó que fue un mero tecnicismo el haber dicho que analiza la posibilidad de proceder legalmente contra los miles de ciudadanos que lo acusaron de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional.
Entre otras cosas, manifestó que no piensa usar el poder del Estado contra sus detractores, pero consideró injusto que lo comparen con criminales como Adolfo Hitler.
“Yo suscribo –dijo- lo que mi gobierno ha dicho en ese sentido, de que se trata de imputaciones totalmente falsas, deplorables y es evidente que simplemente se trata de denostar, de degradar y dañar al gobierno y a una política pública, que no tiene otro compromiso ni horizonte que defender a los ciudadanos”.
“Es evidente –agregó- que en México estamos siendo víctimas de la peor virulencia del crímen organizado que haya visto México en mucho tiempo y el primer deber del Presidente es la ciudadanía y velar por sus derechos y en ese esfuerzo hemos estado empeñando”.
Evidentemente muchos mexicanos no creen en la sinceridad de Calderón. Este domingo, al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, allá en Querétaro, los participantes suscribieron un manifiesto de 14 puntos, en base a los cuales se suman a la denuncia presentada en noviembre ante la Corte Penal Internacional, entre ellos José Narro, Rector de la UNAM y Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
El poeta Sicilia al hacer énfasis sobre la gravedad de las condiciones que se viven en México, durante la administración Calderonista, dijo que en total se han cometido 67 mil 700 asesinatos en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal y aseguró que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en el país, quedan impunes.
Felipe Calderón, dice en su defensa, que su gobierno no asesina, ni viola derechos humanos, sino que esto lo hace el crímen organizado. Obviamente aparenta ignorar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, busca el paradero de 2 mil 487 personas desaparecidas, de las que al menos 500 se investigan por desaparición forzada, o sea, en las que presuntamente intervino un servidor público, sea policía o militar.
Si hay quienes consideran que cuando Calderón tenga que entregar la banda presidencial a su sucesor, lo deberá hacer por la misma puerta trasera del palacio legislativo, por la que con apuros ingresó para asumir el cargo, hoy advierten que, ya sin poder, podría ser sometido a un proceso penal internacional, por su narcoguerra, irónicamente su principal motivo de orgullo.
Triste y lamentable final para el panismo nacional. Apenas a 12 años de tener en sus manos el poder, tener que regresar a su condición de oposición, que nunca debieron haber abandonado. Al menos 67 mil personas, no hubieran muerto en este sexenio. Fox les abrió la puerta de Los Pinos. Calderón se las cerrará.
gil_lavenants@hotmail.com
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