Palco de Prensa: Los juicios políticos

Por Gilberto Lavenant

El caso del juicio político contra la Síndico del Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, que por cierto está por ser resuelto en unos días, volvió a poner de moda este vetusto instrumento que durante años estuvo guardado, como si fuese “la carabina de ambrosio”.


Su ineficacia, quedó demostrada con el caso del diputado panista, de apellidos González Ortega, que siendo Presidente de la Legislatura Estatal, fue detenido bajo los influjos de alcohol o sustancias tóxicas y supuestamente con droga, pero sus aliados blanquiazules se negaron a enjuiciarlo.

Comparado ese asunto, con el caso de la Síndico de Tijuana, el de esta última parece meras exageraciones y cuestiones más que todo de índole político. La Síndico no intervino en los hechos bochornosos en los que varios policías municipales abusaron de una mujer. Al parecer, simplemente no actuó con la diligencia con la que su acusador estima que debió hacerlo.

Cuando se toma la determinación de enjuiciar a Yolanda Enríquez, por parte de legisladores en su mayoría priísta, tratándose de una funcionaria priísta, políticamente resultaba absurdo. Los diputados panistas se atrevieron a determinar improcedente la solicitud de juicio político contra “el chupitos”, que la regó en extremo, los priístas, sin muchas dificultades, pudieron haber salvado a la tijuanense. Pero no lo hicieron.

El diputado Julio Felipe Garcia, Coordinador de la fracción parlamentaria priísta en la Legislatura Estatal y Presidente de la Comisión Jurisdiccional, al anunciar el enjuiciamiento de la Síndico, declaró que ya habían cambiado los tiempos y que ya no podía prevalecer la impunidad, que por ello se tomó esa determinación, aunque se tratase de una funcionaria de filiación priísta.

Obviamente muchos no le creyeron, presumieron que en realidad era un acto de “canibalismo político”, que se les estaba pasando la mano. No entendieron que se trataba de poner la muestra, para el caso de tener que someter a juicio político a los contrarios y evitar que los aliados de estos salieran en su defensa, bajo el argumento de que se trataba de revanchismos políticos.

Pues bien, ya se presentó la ocasión. El lunes 14 de noviembre, la Comisión Jurisdiccional determinó procedente la solicitud de juicio político presentada por el XX Ayuntamiento de Tijuana en contra del exalcalde panista Jorge Ramos Hernández. La resolución fue avalada, como integrantes de la citada comisión, por el diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda y por la legisladora priísta, Rosana Soto Agüero.

Sí hubo algunas voces por ahí advirtiendo que se trataba de un asunto político, no porque fuese político el juicio a que sería sometido Ramos Hernández, sino porque al someterlo a juicio, prácticamente le cortarían su carrera política o al menos la dejarían en suspenso durante varios años, con lo que estaría impedido para participar como candidato a algún puesto de elección popular, en los comicios del 2012 o en el 2013.

Además de declarar procedente la solicitud de juicio político contra Ramos Hernández, la Comisión Jurisdiccional presentó el correspondiente dictamen ante el pleno de la legislatura estatal, ayer miércoles, el cuál fue aprobado.

Ahora si, Ramos Hernández será enjuiciado. La había librado contra varias solicitudes similares, porque no reunían los requisitos de procedibilidad exigidos para ello, al grado de que el exalcalde, ya presumía que estaba blindado, políticamente.

Y no crean que los diputados panistas se verán obligados a enjuiciar a su compañero de partido. Así mismo, por el contrario, tampoco podrán auxiliarlo, para que resulte inmune. Seguramente para evitar suspicacias, la Comisión Instructora, el órgano legislativo que manejará el proceso, está integrado casi por todas las representaciones políticas en la legislatura. Julio Felipe García, priísta, es el Presidente, Ricardo Magaña Mosqueda, panista, es el Secretario, y además la integran el priísta David Lozano, el pebecista Marco Antonio Vizcarra y el aliancista Gregorio Carranza.

Si el juicio político de la Síndico, captó los reflectores políticos, pues el de Jorge Ramos Hernández, con mayor razón. Sobre todo, porque mucho se ha dicho respecto a presuntas cochinadas que se dice cometió como Alcalde de Tijuana, pero que él mismo presume que no le han sido probadas, demostradas o acreditadas.

A eso se le agregan sus aspiraciones políticas. Por doquier pregona que aspira a ser senador, o al menos diputado federal, y si la suerte está de su lado, hasta Gobernador de Baja California en los comicios del 2013.

No se sabe, con certeza, como le hizo para que el XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el empresario priísta Carlos Bustamante Anchondo, no le haya sacado “los trapitos al sol”, a un año de iniciada esta gestión administrativa. Se suponía que en el primer informe de gobierno el actual alcalde “recorrería el telón” y pondría al descubierto innumerables irregularidades. Pero no lo hizo e incluso ya se le acabó el tiempo para ello.

La solicitud de juicio político, ciertamente fue presentada por el XX Ayuntamiento de Tijuana, pero presionado ante el reclamo del sindicato de burócratas, por descuentos que se les hicieron en sus sueldos y que no fueron canalizados a las áreas correspondientes, como lo son las cuotas al ISSSTECALI.

Llegó el momento de probar, si el Juicio Político, la vetusta “carabina de ambrosio”, realmente sirve para algo. Solo faltaría que después de haber permanecida durante tanto tiempo, al final de cuentas simplemente haga ¡ Pummm…! Y los enjuiciados se mueran fulminantemente, pero de risa. Podría ocurrir, después de todo en política todo es posible. Hasta lo imposible.

gil_lavenants@hotmail.com