Palco de Prensa: “El cántaro roto”

Por Gilberto Lavenant
Hay un dicho popular que advierte : “tanto va el cántaro al agua, hasta que se quiebra”. Y esto le pasó al exalcalde panista de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, toda vez que ya hasta se sentía “blindado”, pues todas las solicitudes de juicio político en su contra, eran desechadas, al grado de que ya hacía presunción de ello.



Sin embargo, ayer “se rompió el encanto” y la Comisión Jurisdiccional de la XX Legislatura Estatal sometió a votación de sus integrantes 6 dictámenes de igual número de solicitudes de juicio político en contra de diversas autoridades, votando como procedente solamente la presentada por el XX Ayuntamiento de Tijuana, en contra del ex Alcalde de esa ciudad, Jorge Ramos Hernández. Las otras 5 solicitudes, fueron desechadas.

La determinación fue dada a conocer por el diputado Julio Felipe García Muñoz, Presidente de la citada comisión legislativa, quien no precisó los detalles específicos de la solicitud contra Ramos Hernández. Solamente señaló que fue presentada por el Ayuntamiento de Tijuana. Se supone que es la relativa a los malos manejos con retenciones de aportaciones de los empleados de gobierno. Parte de las retenciones de los trabajadores municipales, eran para pagar cuotas al ISSSTECALI y otras al propio sindicato, canalizadas a un fideicomiso, pero que el exalcalde las hizo “de humo”, pues desaparecieron, nadie sabe “donde quedó la bolita”.

Esta solicitud de juicio político, puede tener varios efectos, como el hecho de que el panista sea inhabilitado, durante varios años, para desempeñar cargos públicos, lo que pondría en suspenso en su carrera política, en estos momentos en que ha manifestado sus aspiraciones por contender por una posición en el Senado de la República, o por la gubernatura estatal en el 2013. Por algo la precandidata panista Josefina Vázquez Mota, estaba guardando distancia.

También se le puede obligar a devolver los dineros de los trabajadores, cuyo destino o uso se desconoce, y, sobre todo, el tener que enfrentar denuncias penales, que le podrían llevar a ser enjuiciado penalmente, con riesgo de ser condenado a pasar bastante tiempo en prisión.

A casi un año de la gestión del alcalde priísta Carlos Bustamante Anchondo, ha resultado sumamente sospechoso y extraño, que aunque en voz baja señala que Ramos Hernández le dejó un cochinero en la administración municipal, no se había atrevido a hacerle alguna denuncia concreta. Hay quienes dicen que todo indica que hubo arreglos entre Bustamante y Ramos, para que no procediera en su contra.

El problema es que el dirigente del sindicato de burócratas, Martin Plascencia, obligó a Bustamante a poner a Ramos Hernández en el banquillo de los acusados, pues se trata de dinero de los trabajadores. El sindicato ya formuló la denuncia penal correspondiente, pero el ayuntamiento inició el procedimiento para la inhabilitación.
Ramos Hernández casi estaba seguro que transcurriría el tiempo suficiente para que prescribieran y quedaran sin efecto las posibilidades de que se procediera en su contra. Sobre todo porque cuanta solicitud de juicio político presentada en su contra, era desechada por la Comisión Jurisdiccional de la Legislatura Estatal. Esto, vale la pena aclararlo, porque los denunciantes no encuadraban sus solicitudes a lo que para tales efectos establece la Ley de Responsabilidades.

Hace unos días, por ejemplo, los legisladores desecharon cuatro solicitudes de juicio político contra Ramos Hernández, en relación al proyecto del llamado zócalo. Cuatro personas que se dicen defensores del Parque Benito Juárez, acusaron al exalcalde panista de atentar contra la ecología, al permitir y apoyar el citado proyecto.

Ahora, en esta nueva solicitud, presentada por el XX Ayuntamiento de Tijuana, se cuidaron las formas y la Comisión Jurisdiccional determinó la procedencia de la misma, al igual que como ocurrió con la Síndico Yolanda Enríquez. Falta sólo que en el pleno de la próxima semana se someta a votación dicho dictamen, para en caso de ser aprobado, se proceda a notificar al presunto enjuiciado, que responda lo que a su interés convenga, se abra a prueba el enjuiciamiento y finalmente se emita la resolución que corresponda.

Cuando se determinó someter a juicio político a la Síndico del Ayuntamiento de Tijuana, muchos se sorprendieron, pues la mayoría de los diputados son priístas y la funcionaria también. El Diputado Julio Felipe García Muñoz manifestó que se debía entender que los tiempos habían cambiado, que ya no se toleraría la impunidad. Los diputados panistas, simplemente apoyaron la determinación. Total, a ellos no les afectaba.

Nadie quizo entender, que el hecho de que los diputados priístas decidieran enjuiciar a una funcionaria priísta, serviría de ejemplo para que los panistas no pusieran objeción alguna cuando llegado el caso tuvieran que enjuiciar a un panista. Ahora, que se presenta la ocasión con el exalcalde de tijuana, los diputados blanquiazules no pueden argumentar revanchismo o cuestiones partidistas.

El diputado García Muñoz fue claro al explicar que la Comisión que preside, verificó que las solicitudes presentadas, reunieran los requisitos de procedibilidad que menciona el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus fracciones segunda y tercera, lo que sí ocurrió en el caso de la solicitud de enjuciamiento de Ramos Hernández, por lo que votaron procedente el juicio los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, entre ellos la Diputada priísta Rosana Soto y el Diputado panista Ricardo Magaña.

Sin excusa, ni pretexto, el juicio político contra el exalcalde panista, Jorge Ramos Hernández, deberá llevarse a cabo y este ya no podrá hacer gala de impunidad. Ahora, ante dicha determinación de enjuiciarlo, ya lo podrán conocer como “el cántaro roto”, pues tantas veces solicitaron su enjuiciamiento, hasta que ahora una cumplirá su propósito.

gil_lavenants@hotmail.com