Por Gilberto Lavenant
El martes 12 de julio del presente año, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación restringió el fuero militar para casos en los que elementos castrenses incurran en abusos a los derechos humanos, quedando bajo la jurisdicción de los jueces civiles.La Corte fue clara, al determinar que el fuero militar no opera, tratándose de violaciones de derechos humanos por parte de militares, en cuyos casos debe sometérseles a juicio civil.
Sin embargo, está plenamente comprobado, los militares, sin importar el rango, no entienden de leyes. Se sienten intocables y todopoderosos. Basta recordar el incidente suscitado en un retén militar, en el que el General Alfonso Duarte Mújica, Comandante de la Segunda Región Militar, le incautó a la diputada Claudia Agatón, poco más de 100 mil pesos, y cuando la legisladora le hizo saber que era representante popular y se dirigía a Ensenada para organizar un festejo en honor a las madres, el militar le advirtió que ahí no existía el fuero.
O bien, como quedó de manifiesto en el incidente entre Duarte y el Secretario General de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, en el que el militar que gritoneó al funcionario y lo llamo irrespetuoso, borracho y conchudo, frente al propio Gobernador, estableciendo, a los ojos de todo mundo, que el fuero militar, está por encima del fuero civil.
Se han registrado numerosos incidentes, en lo que este tipo de presunciones militares han salido a relucir. El viernes pasado, se suscitó uno más. Las crónicas periodísticas señalan que eran aproximádamente las 2:30 de la madrugada, cuando en una de las calles de la delegación de San Quintín, al sur de Ensenada, policías municipales, en su recorrido de rutina, detectaron una unidad sospechosa, con estrobos y sirenas, no identificada y en exceso de velocidad.
Los municipales procedieron a frenar el veloz vehículo, tipo pick up, color negro. De inmediato se percataron que el chofer se encontraba en estado de ebriedad y que además portaba un arma en la cintura.
Al solicitarle sus datos generales, el sujeto que estaba al volante, se identificó como teniente del 67 Batallón de Infantería, de nombre Ricardo González Pérez y era acompañado por otro individuo, que no pudo acreditar que fuese militar.
Total, para no hacerla más larga, los trasladaron a las oficinas de la delegación municipal e incluso tuvieron la generosidad de permitir al militar que él mismo condujera su vehículo. Tratando de guardar las formalidades institucionales, se comunicaron con el batallón y avisaron de la detención del militar.
Los militares llegaron, pero no para amonestar a su compañero, sino para someter salvajemente, con armas largas, golpes e insultos, a los policías municipales, procediendo a “rescatar” al ebrio conductor.
Dicen que era un convoy, compuesto por 8 a 10 elementos, encapuchados, quienes tomaron por asalto las oficinas municipales, al tiempo que cortaban cartucho, causaron destrozos, agredieron salvajemente a los policías, causándoles lesiones de consideración.
Cuentan que iban encabezados por el capitán segundo de infantería Noé Vite Rivera y la versión apunta que el comandante de Batallón, Higinio Víctor Marín Cisneros, fue quien ordenó que sacaran a todos los elementos del lugar y que además les retiraran las armas, amparadas por la licencia colectiva 186, como para que la intimidación fuese más contundente.
Al día siguiente, o sea ayer sábado, ocurrió un nuevo incidente, protagonizado también por un militar. En este caso se trató de un teniente que escandalizaba y tiraba balas en las cercanías del cuartel militar de la Colonia Morelos, aquí en Tijuana.
Los vecinos, obviamente alarmados, avisaron a la policía respecto del escándalo , y cuando lo sometían, llegaron cuatro vehículos militares pretendiendo rescatar al borracho uniformado. En este caso imperó la cordura, se reconoció la falta y se remitió al militar ante las autoridades civiles correspondientes.
Ya basta. Los señores militares han de suponer que la población civil les debe la vida y su tranquilidad, debido a que su presencia en las calles ha reducido el índice de delitos de alto impacto y que por lo tanto, están en libertad de actuar como mejor les plazca.
Posiblemente así sea, pero nada justifica el libertinaje con el que se conducen. No saben nada de orden y tal parece que ni de disciplina. Los jefes militares, Generales Alfonso Duarte Mújuca y Gilberto Landeros, Comandante de la Zona Regional y Comandante de Zona, están obligados, no solamente a someter a sus “muchachitos”, sino a evitar que este tipo de incidentes sigan ocurriendo.
Tales hechos, demuestran que el ejército mexicano, al menos en algunos de sus elementos, está reflejando un relajamiento nocivo para la sociedad. Están manchando la imágen de respeto, formalidad y solemnidad que muchos tenían respecto de las fuerzas castrenses.
Pareciera que ya perdieron sus principios y que ante la necesidad de atender las instrucciones presidenciales, en el combate contra el crímen organizado, reclutan individuos sin escrúpulos y sin las condiciones más elementales para vestir el uniforme militar, lo cual es sumamente lamentable y peligroso.
Aunque muchos de ellos no traen el rostro cubierto, los ciudadanos difícilmente están en condiciones de identificarlos en lo individual, cuando incurren en arbitrariedades. Y los mandos, evidentemente ya perdieron el control. Está visto que la presencia de los miltares ya no es garantía de seguridad y tranquilidad para nadie. Que ya es tiempo de que regresen a sus cuarteles.
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