Por Alfredo Calva
TIJUANA.- Gracias a la presión que ejercieron los gobernadores de Jalisco, Estado de México, D.F. y Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón, para que no se hiciera efectiva la instrucción de la Sedena de desarmar a las policías comerciales en todo el país, el mandatario cedió y giro la orden de suspensión al citado mandato.
De acuerdo a el oficio que la Sedena envió a inicios de año, a cada una de las entidades federativas, en el que les hace de su conocimiento que, a partir del próximo día ultimo de agosto, ningún elemento que integrase las filas de las policías comerciales podía portar armas de fuego, y en caso de no obedecer la instrucción, serian sujetos a las sanciones que dictaminara la propia Secretaria.
Los argumentos de los ejecutivos hacia Calderon se fundamanaron en los reclamos de los alcaldes de sus municipios y de ellos mismos, pero fundamentalmente, es cuestión de simple números, o mejor dicho, de dinero. El dinero que dejara de entrar si la orden se cumplimenta por parte de los estados con el apoyo del Ejecito Mexicano.
Debemos destacar que, el comandante de la II Region militar Gral. Alfonso Duarte Mujica, realizo consenso al respecto ante su superior el Secretario de la Defensa Nacional, para que se diluyera la instruccion, sin embargo, sus embates de cabildeo nunca tuvieron el eco deseado, a diferencia de la presión ejercida por los mandatarios estatales.
Como muestra de lo anterior expodremos algunos datos, el estado de México cuenta en sus filas de la policía comercial, con 22 mil elementos, lo que significa un buen ingreso a sus arcas, en el D.F., el numero es menor, existen 19 mil oficiales que se contratan para los servicios arriba descritos, en el estado de Jalisco, cuentan con 14 mil policías que de igual forma protegen valores, empresarios, cuidan bancos y comercios, así que se entiende que, la perdida de recursos es significativa.
Si para Tijuana, de acuerdo a las palabras del alcalde Carlos Bustamante Anchondo, los 400 elementos que son contratados para las labores descritas, dejan a las arcas municipales al año, la nada despreciable cantidad de 80 millones de pesos, con este comparativo, se entiende y comprende la preocupación de los alcalde y gobernadores. Es dinero, no la preocupación de prestar seguridad a los contratantes.
Es menester aclarar que, la aceptación de Calderón no fue tan sencilla y fácil para los solicitantes, dejo en claro que deberán de cumplir con ciertos requisitos, como el que los elementos que integran las policías comerciales sean evaluados y aprobados por la federación, que la portación de armas solo se suscribirá a su demarcación, quedando fuera de contexto y aceptación los oficios de comisión, que tan común y socorridos se han vuelto entre funcionarios y empresarios para circular por toda su entidad.
Y tal vez, el punto de mayor trascendencia en este acuerdo fue el que, se decidiera que a partir de concluidos los trabajos de adecuación al reglamento de la Sedena con referencia al uso de armas por parte de las policías comerciales, es que todo lo que recauden por la contratación de los servicios las entidades y municipios, ira directamente para el mejoramiento de las policías, dineros que, en proporción se les descontara de los recursos que la federación entrega a estados y municipios, bajo el rubro de seguridad pública, lo que aligerara la carga económica al gobierno federal y servirá para que este emplee esos dineros en otras aéreas, como la Salud y la Educación.
Solo es cuestión de horas para que se oficialice este acuerdo.
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