lunes, 8 de agosto de 2011

El Diego y las mil 500 formas de morir en Chihuahua

* La sangrienta historia criminal de uno de los peores homicidas del cártel de Juárez revela el grado de penetración y control de la estructura policiaca al que puede llegar el crimen organizado.
José Antonio Acosta Hernández, El Diego, jefe de La Línea, brazo del cártel de Ciudad Juárez en esa urbe de Chihuahua, desarrolló carreras paralelas en la entidad: creció como policía judicial y de investigación al tiempo que se encumbraba en la estructura del crimen organizado bajo las órdenes de Vicente Carrillo Fuentes.



Su carrera fue meteórica en la extinta Policía Judicial del Estado (PJE) y sólida en las filas del narco. Su ascenso en ambos mundos, desde 1999 hasta fines de 2007, ocurrió en los sexenios panistas del cambio. Un año antes de que Vicente Fox llegara al poder, El Diego ingresó a la entonces PJE —hoy Policía Estatal de Investigación (PEI)—, donde fue ocupando posiciones y comandancias clave para cimentar la estructura operativa del cártel de Juárez en la frontera con Estados Unidos (EU). Entre ese año y julio de 2007, cuando se dio de baja para evitar ser sometido a los exámenes de control de confianza, Acosta Hernández escaló niveles y llegó a posiciones vitales tanto en el mundo legal de las fuerzas policiacas de Chihuahua como en el violento submundo del crimen organizado.



JEFE Y CAPO

En el gobierno de Felipe Calderón, El Diego ya se había consolidado como operador del cártel en Juárez. En los siguientes tres años, según su dicho, ordenó cientos de ejecuciones y desapariciones, decenas de atentados y ataques cada vez más violentos y devastadores contra objetivos como funcionarios consulares de EU, adictos a las drogas, jóvenes de bachillerato con vidas limpias y tranquilas, luchadores sociales, activistas de derechos humanos, militares y policías de todos los niveles de gobierno y de todas las corporaciones existentes.



Nadie en el gobierno federal y mucho menos estatal o municipal tuvo la capacidad necesaria para detenerlo o dar con él, aun cuando anunciaba sus hazañas en mantas colocadas en Chihuahua y Ciudad Juárez en el 2008, año en que se integró formalmente al cártel de Juárez.



Los pasos de El Diego en Chihuahua van apareciendo aquí y allá en la medida en que van deshaciéndose los amarres que impedían acercarse a su carrera policial, y su rastro deja ver poco a poco el espeso tejido de complicidades y encubrimientos, el nebuloso entramado que combina, por lo menos en los últimos 12 años, el trabajo policial con la expansión del narco en el llamado Estado Grande. Ahora el gobierno federal está seguro de que su captura le dará un giro sin precedentes a la guerra que se libra en el norte del país contra el crimen organizado.



Su detención fue retomada por la prensa internacional a partir de sus primeras declaraciones ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), en las que reconoció no sólo haber ordenado atentados con explosivos contra blancos civiles y policiales, sino también el ataque al Consulado de EU en Juárez, donde murieron funcionarios estadunidenses. Pero la noticia que impactó más a los medios nacionales e internacionales y catapultó los detalles de su detención, fue su reconocimiento de haber ordenado la ejecución de al menos mil 500 personas, principalmente en Ciudad Juárez, su base de operaciones.



El Diego, según registros de la Policía Federal (PF), tiene 33 años y nació en el Distrito Federal. En 1999 ingresó como agente a la Policía Judicial de Chihuahua.









MIL 500 FORMAS DE MORIR

Meteórica y bien protegida, la carrera policiaca de El Diego en la hoy extinta PJE comenzó en abril de 1999, cuando fue admitido como agente de la corporación en la capital de la entidad. Su ascenso en la policía y la necesidad de ubicarlo en puestos y zonas clave se tradujeron muy pronto en su traslado a Juárez, a un mes de haber ingresado. Diez días después de haber llegado allí sus jefes le anunciaron que acababa de ser transferido a la Unidad de Homicidios de la corporación, en donde permanecería como agente y luego como jefe de grupo.



El historial de El Diego presenta vacíos. Al parecer solicitó una baja temporal que se prolongó uno o dos años. Los registros indican que se reintegró a la corporación (todavía PJE) el ocho de julio de 2005. Siete meses más tarde, el 16 de febrero de 2006, fue comisionado de nuevo a otra área para desempeñarse como agente en la Unidad de Lesiones, donde permaneció un año. El ocho de febrero de 2007, cuando ya estaba insertado en la dinámica del cártel de Juárez, fue nombrado Jefe de Grupo de la Unidad de Órdenes de Aprehensión. Desde esa posición pudo cubrir el espectro de las investigaciones y órdenes de captura atrasadas y vigentes en contra de toda clase de miembros del cártel de Vicente Carrillo Fuentes.



Pudo conocer también a detalle los nombres de denunciantes, de testigos comunes, de testigos presenciales, de testigos protegidos, así como de informantes, agentes y militares infiltrados o relacionados con investigaciones en torno al cártel de Juárez y otras organizaciones criminales aliadas y enemigas. En semejante posición fue integrando listas, perfiles, bases de datos y delineando estrategias para atacar con precisión a los grupos rivales, diseñando a la vez acciones de escape y protección en torno a la gente que integraba La Línea.



Acosta Hernández permaneció como Jefe del Grupo de Órdenes de Aprehensión poco más de un mes. De nuevo su meteórica carrera, ahora en el segundo sexenio panista, lo llevó a convertirse, el 20 de marzo de 2007, en el Comisionado de la Unidad Personas Ausentes y Desaparecidas. Allí tuvo a la mano toda la información de los activistas y familiares que durante años han exigido a los gobiernos municipales, estatales y federales priistas y panistas en el poder, el esclarecimiento de los centenares de feminicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Hasta este punto de su carrera policial no hay datos para determinar si Acosta Hernández fue sometido alguna vez a exámenes de control de confianza por parte de la PJE o por parte de la naciente PEI, pero su carrera dentro y fuera de la corporación siguió adelante.








El 18 de abril de 2007 fue comisionado de nuevo al Grupo de Lesiones, en el que ya había estado en febrero de 2006. Sin embargo, los planes para él eran otros, y fue reasignado menos de dos meses después —el primero de junio de 2007— al municipio de Ignacio Zaragoza, limítrofe con Sonora. Lejos de la acción fuerte y de la intensa dinámica del cártel en Ciudad Juárez, El Diego fue reubicado rápidamente en el municipio de Casas Grandes, más cercano a la ciudad fronteriza, cuya plaza se disputaba ya con el cártel de Sinaloa mediante una docena de pandillas locales lideradas por la llamada Gente Nueva.



Para entonces la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya estaba sobre sus huellas y seguía de cerca cada una de las misiones a las que era enviado, especialmente en puntos cercanos a la frontera con EU. Eran entonces los tiempos de las anunciadas depuraciones policiacas y El Diego no había rendido aún sus exámenes de control. Por ello, tan sólo 15 días después de haber llegado a Casas Grandes fue enviado a Juárez para integrarse a la Unidad de Autos Robados. Esto ocurrió a finales de agosto de 2007.



José Antonio sabía que su traslado era para preparar su reubicación en Chihuahua, en donde ya lo habían convocado para presentar sus exámenes de control de confianza, y el 19 de octubre de 2007 presentó su renuncia a la corporación policiaca en la que había permanecido durante casi nueve años.



Dos meses más tarde ya era el principal operador del cártel de Juárez y lideraba la organización conocida como La Línea, creada con varios grupos delictivos de Ciudad Juárez para hacerle frente a La Gente Nueva con el objetivo de retener y controlar la plaza. El Diego vivió los últimos cuatro meses en casas ubicadas en la capital del estado, y en Cuauhtémoc, ciudad de tamaño medio desde la que dirigía las operaciones de su banda y ordenaba cientos de ejecuciones y actos violentos.



El uso de explosivos para matar a agentes federales en Ciudad Juárez, y sobre todo el asesinato de funcionarios federales de origen estadunidense, alertaron al gobierno de ese país, que inició su propia cacería. La búsqueda de la Oficina para el Control de Drogas y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (DEA e ICE, respectivamente, por sus siglas en inglés) terminó luego de cientos de horas de escuchas telefónicas y de seguimiento satelital con el que fue ubicado en una casa de la colonia Colinas del Sol, en la ciudad de Chihuahua.











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Perfil criminal de El Diego

• Jefe del cártel de Juárez, que opera en el estado de Chihuahua, dedicado principalmente al tráfico y venta de droga al menudeo, a secuestros, extorsión y homicidios de integrantes de grupos rivales.



• Su actividad delictiva salió a la luz en 2008, cuando ordenó la colocación de mantas en las que aparecían amenazas contra policías ministeriales.



• El gobierno federal ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que llevara a su ubicación.



• Presunto autor intelectual del homicidio de tres personas relacionadas con el Consulado de los Estados Unidos, ocurrido el 13 de marzo



de 2010, así como del atentado con coche bomba el 15 de julio de 2010 en Ciudad Juárez.



• Se le relaciona con el homicidio de 14 jóvenes el 30 de enero de 2010, en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.



• Vinculado con la muerte de Sandra Ivonne Salas García, subprocuradora de Asuntos Internos de la PGJE, el 30 de junio de 2010.



Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal



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