Palco de Prensa: El incidente

Por Gilberto Lavenant

El domingo 15 de mayo, circuló por la red un boletín de prensa en el que se daban a conocer detalles de un incidente, del que resultan como presuntas víctimas, la diputada local Claudia Agatón Muñiz y el regidor ensenadense Armando Reyes Ledezma. Ambos son miembros del Partido del Trabajo y el segundo de ellos incluso es el dirigente estatal de dicho organismo político.

Bajo el encabezado de “Trasgreden militares derechos de diputada Claudia Agatón y del Regidor Armando Reyes en Retén Militar”, relativo al incidente en mención, que puede ser motivo de una serie de controversia y base de discusión respecto a la presencia militar en la entidad.

En el primer párrafo, el boletín consignaba : “…Este sábado 14 de mayo en la carretera libre Tecate-Ensenada, a la altura del poblado conocido como El Testerazo, del municipio de Tecate, los militares instalados en el retén militar ubicado en esta zona, detuvieron la marcha del vehículo en que viajaba la Diputada Claudia Agatón Muñiz y el Regidor Armando Reyes Ledezma. En dicho retén fueron revisados el vehículo y sus pertenencias; entre éstas, sobres con dinero en efectivo que sería utilizado para la realización del Festival a las Madres que se realizó este día 15 de mayo en el Parque Revolución de la Ciudad de Ensenada”.
En el segundo párrafo se indica que “…Conforme a testimonio de Claudia Agatón y Armando Reyes, los soldados instalados en el puesto solicitaron a los representantes sociales se identificaran lo cual hicieron exhibiendo las acreditaciones que portan como representantes populares, los militares acudieron a dar parte del dinero encontrado y se presentó quien dijo ser el General Alfonso Duarte Mújica, Comandante de la Segunda Región Militar, quien ordenó vía telefónica que se les investigara y dudó de las credenciales que les acreditan como representantes populares del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de Ensenada. Además de que manifestó que a él el fuero no le importaba y que si quería nos podía detener si así lo consideraba necesario, y que a él no se le podía llamar la atención”.
Declaraciones atribuídas a ambos representantes sociales indican que : “…Quien dijo ser el General Alfonso Duarte Mújica (ya que nunca se identificó) ordenó que se contara el dinero que llevábamos e igualmente ordenó que se les quitara ese dinero en efectivo y que lo turnaría al Ministerio Público Federal”.
De entrada, parece este un asunto delicado. Sumamente delicado. Cualquier ciudadano puede advertir que si de esa manera tratan los militares a una diputada y a un regidor, ni para qué imaginar el trato que podrían dar a una persona común y corriente. Que Dios nos agarre confesados, dirían, seguramente.
Sin embargo, las cosas no están muy claras. En principio, de haberse registrado tal incidente, los presuntos afectados, independientemente de “poner el grito en el cielo”, debieron presentar sus quejas ante los órganos de gobierno de los que forman parte, para que estos a su vez, por los conductos oficiales, hicieran los reclamos formales. La diputada a la XX Legislatura y el Regidor, al Ayuntamiento de Ensenada.
Conforme a la versión de los presuntos agraviados, los hechos son violatorios de las garantías individuales, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para empezar, aquella que observa que los mexicanos son libres de transitar por todo el país, sin necesidad de pasaporte o salvoconducto alguno.
El hecho de que el ejército mexicano esté coadyuvando o encabezando las labores de combate al narcotráfico, no justifica, de ninguna manera, que se veje a las personas en los retenes. Mucho menos cuando se trata de funcionarios públicos.
Por algo la propia legisladora, presuntamente afectada, ha reclamado que los retenes se modernicen, a fin de que no sean intimidatorios y resulten más eficientes. Sin duda alguna, si de fenar o capturar delincuentes, pues hay que poner cara dura, para tratar de intimidarlos y por lo tanto emplazarlos con armas largas, pues no hay duda de que son peligrosos.
Pero dar ese trato a civiles, desarmados, ajenos a conductas ilícitas, es reprochable, pues ese tipo de actitudes no infunden confianza, sino agudizan la inseguridad y aumentan o fortelecen los temores.
Lo que no está muy claro, es la aparente o presumible participación del General Alfonso Duarte Mújica, Comandante de la Segunda Región Militar, presuntamente asumiendo actitudes prepotentes, rayando en la arbitrariedad, desdeñando la representación que ostentan los presuntos afectados e incluso amenazándolos con canalizarlos al Ministerio Público Federal.
Se reconoce, y se agradece, el efecto de la presencia militar. Sobre todo cuando las policías, de todos los niveles, han exhibido la grave contaminación que han generado en ellas los narcos. Pero todo tiene un límite. Nada de excesos, nada de arbitrariedades, porque entonces resulta peor el remedio que la enfermedad.
México, y en especial Baja California, no viven bajo un sistema militarizado. Aquí todavía se respira libertad. Los militares solamente están prestando un servicio especial.
Ojalá que esto, no pase de ser un mero incidente. Un mal entendido. Una fricción que pudo evitarse y que al final de cuentas no pasó a mayores, salvo las molestias y ofensas personales a los presuntos afectados. El General Duarte Mújica, debe dar una explicación a los bajacalifornianos. Sobre todo, cuidar que no se repitan este tipo de incidentes.
gil_lavenants@hotmail.com