El titular de la Secretaría de Finanzas del XX Ayuntamiento, Rufo Ibarra, en conferencia dentro del marco de los primeros cien días de gobierno, recalcó que recibieron un Ayuntamiento quebrado, con una deuda de 2 mil 082 millones de pesos, de los cuáles 560 irían a Scotiabank, 16 a Nadbank y para Nadbank-Cemex, mil 498 millones de pesos.
Este último crédito está relacionado con el PIRE, cuyo contrato estaba pasando por una auditoria en Sindicatura Municipal, por distintas irregularidades como: tasas de interés que se fijaron en pagarés que no corresponden a lo estipulado en el contrato.
Otro aspecto de gravedad, agregó, es que del crédito otorgado específicamente para la repavimentación con concreto hidráulico, detectaron el desvío de 82 millones de pesos para apoyar a la Cespt en una obra que le faltaba concluir y en este tipo de detecciones, Sindicatura continuaría el proceso.
Posteriormente Yolanda Enríquez, titular de Sindicatura municipal, reveló que Gustavo Lemus Torres, exdirector de Inspección y Verificación; Héctor Magaña Mosqueda, ex síndico procurador; y Arturo Bellereza Cruz, director de Responsabilidades de Sindicatura, son algunos de los ex funcionarios del XIX Ayuntamiento que ya tienen un expediente en Sindicatura Municipal por irregularidades durante su gestión no solventadas.
Señaló que derivado del proceso de actas de entrega-recepción que todos los funcionarios, tanto de la pasada administración como la entrante, se mandaron citar a 76 dependencias para audiencias aclaratorias, de las cuáles 30 no se llevaron a cabo.
Dijo que actualmente varios ex funcionarios, poco más de 70, tienen un expediente de investigación, entre los que destacan Héctor Magaña Mosqueda, quien fungiera como Síndico Procurador en la administración de Jorge Ramos Hernández por presuntos desvíos de recursos.
Refirió que también se inició un proceso contra 20 ex funcionarios que no entregaron su declaración patrimonial, entre ellos quien fuera director de Inspección y Verificación, Gustavo Lemus Torres, quien tampoco hizo su acta de entrega-recepción y registra otras irregularidades.
“Dicho servidor indebidamente siguió recibiendo pagos no devengados y prestaciones a las que no tenía derecho con conocimiento e intervención de otros ex funcionarios de la pasada administración”, aseguró Yolanda Enríquez.
La Síndico Procuradora recalcó que estos procesos pueden durar de dos a tres meses para deslindar responsabilidades y determinar la sanción que la irregularidad incurrida merezca, que podría ir desde amonestación, requerimiento de que devuelvan el recurso que tomaron de más o la inhabilitación.
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