* La impunidad
Por Gilberto Lavenánt
En tanto que muchos se rasgan las vestiduras, para defender al Presidente Felipe Calderón y su narcoguerra, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, aquí en Tijuana, en breves palabras refiere la ineficiencia, no solo del combate al narcotráfico, sino a la delincuencia en general.El titular de la CNDH, dijo que en los últimos 10 años, en México, se han cometido de 13 a 15 millones de delitos, de todos tipos y niveles, de los cuales solamente fueron denunciados 1 millón 500 mil casos ante las procuradurías de justicia, respecto a los que se dictaron 150 mil sentencias, en todo el país.
Esto indica, claramente, que el nivel de eficiencia en el combate a los delincuentes, en México, es deplorable, y por lo tanto infructuoso el gasto. Ni para qué imaginar lo que pasaría si se hubiesen denunciado los otros 11 millones de hechos delictivos registrados, pero que las víctimas se abstuvieron de denunciar, precisamente sabedoras de lo inútil de ello.
Se habla de coordinación entre las corporaciones policiacas, del mando único de policías, de exámenes de confianza, para enfrentar en mejores condiciones la lucha contra el crimen, e incluso periódicamente refieren estadístias maquilladas, para aparentar una eficiencia de la que se carece.
Sería interesante realizar una auditoría administrativa, en la Procuraduría de Justicia y sus agencias Investigadoras de delitos, para verificar cuántas de las denuncias recibidas, efectivamente son investigadas e integradas y cuántas son turnadas a los jueces penales.
Seguramente, un número importante de esas supuestas indagatorias, son las que, por motivos políticos, fueron enviadas a consulta de archivo, o que simple y sencillamente fueron enviadas directamente al archivo muerto. Por ahí encontrarían varias en las que se señala al exgobernador Alejandro González Alcocer por la presunta comisión de varios delitos, a varios exregidores del Ayuntamiento de Tijuana, de los cuales incluso algunos ya fallecieron, que justificaban sus gastos con facturas falsas y tantas otras más.
¡ ah ¡ por ahí también deben estar las presentadas en contra del controvertido Julián Leyzaola y muchas, muchísimas más.
En otros países, los que violentan la ley, sin importar el nivel político, tarde que temprano reciben el castigo que merecen. En México no, porque aquí la impunidad es una institución muy sólida, que encubre o protege lo mismo a pillos grandes, que a chicos.
Las cifras proporcionadas por el Presidente de la CNDH, así lo indican. No hay eficiencia alguna en las procuradurías de justicia, con todo y que, por ejemplo en Baja California, las autoridades del ramo se jactan de que están disminuyendo los índices delictivos, o bien, como en el caso del tal Leyzaola, se adjudican como méritos personales, el que en determinadas temporadas se observe menor número de hechos delictivos, cuando que la verdad es que la supuesta disminución no se debe a que hayan sacado de circulación a un número importante de delincuentes, o sea que los hayan capturado, procesado y enviados a prisión a pagar grandes condenas, sino a que se aniquilan entre ellos mismos.
De paso, utilizan una fórmula comodina, para evitar esfuerzos en supuestas indagatorias. Casi todos los hechos delictivos los etiquetan como relacionados con el crímen organizado.
Hasta parecen la pura verdad cuando acuden a recorrer los lugares en donde ocurren los asesinatos y levantan todo tipo de pesquisas. Tiempo perdido, en la mayoría de los casos.
En aquellos, en los que si hay detenidos, las indagatorias van tan mal integradas, por ineptitudes, o deliberadamente, a tal grado que los jueces penales no tienen otra más que ponerlos en libertad.
¿Quién se anima a hacerle una revisión a la Procuraduría de Justicia de Baja California? Para verificar si las constancias de las denuncias recibidas, indagadas y turnadas al juez penal en turno, corresponden a las estadísticas maquilladas que se dan a conocer con bombo y platillo.
¿Quién se anima a hacerle una revisión a los juzgados penales, para determinar cuántos procesos, relativos a las indagatorias que reciben de la Procuraduría de Justicia, concluyen en sentencia condenatoria y en cuántos asuntos tienen que liberar a los detenidos, por insuficiencia de pruebas o por defectos en las indagatorias ?
Los legisladores locales lo pueden hacer y pueden solicitar el apoyo de todas las organizaciones de abogados de la entidad. La cuestión es que tengan la voluntad de hacerlo.
Para conocer el grado de impunidad que existe en la entidad.
Quizás se sorprendan, al encontrar, entre esos miles de expedientes, los nombres de “distinguidos” políticos. De eso sí no tengan duda.
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