COLUMNA: Palco de Prensa

* Las cuentas claras
Por Gilberto Lavenánt
El pasado sábado, 27 de noviembre, en un salón de la XX Legislatura Estatal, el Lic. José Julio Santibañez Alejandro, rindió su informe como Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cargo ejercido durante el período 2005-2010.
Su exposición y sus observaciones sobre lo que es el Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Judicatura, creado en 1995, resultó sumamente interesante.


En tanto que, desde su creación, constantemente se cuestiona la importancia, necesidad y validez de la existencia del Consejo de la Judicatura, Santibáñez Alejandro, que precisamente conluye su gestión mañana martes 30 de Noviembre, se manifestó partidario de la permanencia de dicho Consejo.


Y lo explica de esta manera : ¨…porque la más alta misión de impartir justicia otorgada por la Constitución a Magistrados y Jueces, no puede ni debe distraerse para atender asuntos que son ajenos a la naturaleza de las funciones jurisdiccionales para las que fueron designados; las tareas de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial deben ser tratadas por un órgano especializado en gestión y política judicial que además ciudadanice esa función¨.


José Julio hizo una detallada narración de los logros en materia de infraestructura, así como en equipamiento, refiriendo además la creación de nuevos órganos como la Unidad de Transparencia, auxiliar del Consejo de la Judicatura


En el apartado de gestión administrativa, refirió un asunto, que dará materia para cuestionamientos. Dijo que ante la insistente petición del Consejo de la Judicatura, de aumento presupuestal para el crecimiento del Poder Judicial, en el año 2007 se logró la aprobación, por parte del Congreso del Estado, de un crédito con cargo al Poder Ejecutivo, hasta por 200 millones de pesos, destinado para ejecutar diez acciones.


¨En este rubro –indicó- lamento no poder informar el destino exacto de ese crédito, al haberse ejercido directamente por el Poder Ejecutivo, a partir del año dos mil ocho, sin que hasta este momento se haya enterado al Consejo de la Judicatura del cumplimiento de cinco de ellas: la construcción de un edificio alterno que ampliaba el edificio del Poder Judicial en Mexicali, incluyendo su estacionamiento, dos Juzgados adicionales para el municipio de Playas de Rosarito, la construcción de un edificio propio para el Juzgado de San Quintín y la construcción de un edificio de estacionamiento para los Juzgado Civiles de la ciudad de Tijuana, razón por la que respetuosamente pido a esta soberanía la investigación del destino que se le dió a esos recursos, y sobre todo, la justificación por la que no se hayan cumplido con esas acciones por las que el Congreso del Estado condicionó la autorización de ese
financiamiento¨.

Probablemente a algunas personas no, les quede muy claro. Un crédito para crecimiento de infraestructura del Poder Judicial, ejercido por el Ejecutivo Estatal, que se desconoce su destino final, pues al menos 5 de las 10 obras proyectadas, que eran realmente necesarias, no fueron realizadas y no se ha informado quien se quedó con el dinero a aplicar.
Por algo se dice que Baja California es una de las entidades que menos claridad tiene en el manejo de los recursos públicos. Y como el sistema de gobierno bajacaliforniano, aunque republicano, en la práctica opera como una monarquía, encabezada por un monarca o rey, al que muchos no se atreven a hacerle reclamo alguno. Bueno, que no se atrevían.


Otro de los aspectos interesantes que mencionó José Julio, es que ¨…durante este período realizamos las visitas anuales previstas en la Ley a los Centros de Readaptación Social en el Estado, donde informamos al Poder Ejecutivo de las irregulares condiciones de higiene, seguridad, alimentación, salud y trato a los internos, que prevalecía en cada uno ellos. Constatamos en este año la persistencia de los problemas en dichos centros, con excepción de los reclusorios conocidos como hongo 1 y 2 donde se aprecian notables avances¨.


Cuando los reclusos hablan de tales irregularidades, de inmediato tratan de descalificarlos y los funcionarios responsables del área, se hacen los desentendidos.


Aquí, quien hace los señalamientos, es un funcionario del Poder Judicial del Estado. Ni modo que digan que es puro cuento.


Otro aspecto importante, fue cuando el Consejero manifestó que no promulga con aquellos que piensan que el Poder Judicial es un órgano apolítico, y señaló que al contrario, pues en la actualidad, la planeación de su desarrollo debe considerar un conjunto de factores sociales y culturales que son políticos y advirtió que con esta visión, ¨el Poder Judicial debe asumir de manera definitiva su carácter de poder político estatal, participando e influyendo de manera decisiva en los asuntos relacionados con la impartición de justicia¨.


El informe, contenido en 17 páginas, aborda otros temas de gran interés, que esta misma semana habremos de referir aquí en Palco de Prensa. Por el momento cabe destacar la importancia de este tipo de informes, con la claridad de José Julio Santibañez Alejandro. No solo por aquello de que ¨cuentas claras, amistades largas¨, sino porque en la función publica, la rendición de cuentas no es una libertad, sino una obligación.


Además, mayor es su relevancia, cuando evidencia que otros, no rinden cuentas claras, sino simples cuentas alegres, verdades de escenario político, que no resisten observación o cuestionamiento alguno.


Y todavía quieren que les crean y que les aplaudan. gil_lavenant@hotmail.com