Por Alejandro Vizcarra Estrada
Otra vez el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se convierte en noticia en los ámbitos nacional e internacional. Recientemente, el XIX Ayuntamiento de Tijuana, en un hecho sin precedente en ningún otro ayuntamiento del país, tomó el control financiero de todos los créditos, operaciones, acciones e ingresos del grupo español, en base al fallo que otorgó a favor del ayuntamiento de Tijuana el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Baja California. El procedimiento ejecutor del ayuntamiento, quien califica al GAP como “evasor fiscal”, entre otras acciones, retendrá las rentas de los locales comerciales de la terminal a manera de garantía para así garantizar el pago de un adeudo de más de 269 millones de pesos que el GAP se ha negado a pagar por concepto de impuesto predial, desde que lo recibió en concesión en 1998.
Para agravar su situación, el propio grupo ibérico, en lugar de buscar solución a su problema con el municipio, agrede públicamente al propio ayuntamiento al emitir declaraciones ofensivas y dolosas. Acusando al propio presidente municipal Jorge Ramos Hernández, y al Secretario de Gobierno, Raúl Corona Sesma, de “querer jalar reflectores porque ya van de salida”. Peor aún, no reconocen deuda alguna con el ayuntamiento y argüir que el embargo es arbitraria, según palabras del propio Director de Relaciones Públicas del GAP, el también español Miguel Aliaga.
Sin respetar siquiera lo que establecen los artículos 6 y 14 de la Ley General de Bienes Nacionales (Diario Oficial de la Federación, 20 de marzo de 2004. Última revisión, 31 de agosto de 2007), que a la letra dice: “Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación. II Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal.”. Asimismo, el artículo 14: “Las entidades o particulares que bajo cualquier título utilicen inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objetivo público, estarán obligados a pagar contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” Por otra parte, y haciendo un poco de historia, recordemos que entre mayo y junio de 2007, el entonces diputado federal Cuauhtémoc Velasco Oliva, al revisar los estados financieros del GAP y sus subsidiarias (Aeropuertos Mexicanos del Pacífico AMP; Servicios a la Infraestructura Aeroportuaria del Pacífico SIAP; y Pacífico Cargo PC) manifestó que encontró serias irregularidades como lo era la no declaración de pago al Impuesto Sobre la Renta (ISR), pago del Impuesto al Valor Agegado (IVA). Tampoco encontraron, como lo declaraba el GAP un supuesto pago del 5% al gobierno federal, según declaró en su momento la empresa española. Situación por la que las propias autoridades municipales deberán de recurrir al gobierno federal para que investigue si tal hecho ocurrió. Con todos estos antecedentes, el Ayuntamiento de Tijuana debería estar ya reuniendo los elementos que justifiquen la revocación de la concesión al corporativo español.
Ahora sí, parece que el desenlace esta cerca. Que por fin el Ayuntamiento de Tijuana logrará poner en su lugar al Grupo Aeroportuario del Pacífico, empresa que desde hace una década maneja el aeropuerto de Tijuana y ha ignorado, maltratado y humillado tantas veces a los tijuanenses. Ahora, el XIX Ayuntamiento de Tijuana ha ganado por segunda ocasión, una demanda contra el GAP que le da el derecho al cobro del impuesto predial, cuyo monto asciende a los 267 millones de pesos. Parece que está vez sí se hará efectivo, gracias a los buenos oficios del alcalde local y su Secretario de Gobierno, anteriormente Coordinador Jurídico del actual Ayuntamiento.
Quien escribe estas líneas encabezó, con la Asociación de Prestadores de Servicios del Aeropuerto de Tijuana (APSAT) una lucha de diez años en contra de una poderosa empresa que buscó apoderarse hasta del último centavo que era posible extraer de cada uno de los doce aeropuertos que le fueron concesionados. Fuimos derrotados. Llevamos nuestro caso a todas las instancias posibles. Llegamos al Congreso, a la Suprema Corte de Justicia. Diversos diputados y senadores, de todos los partidos, presentaron iniciativas y puntos de acuerdo tendientes a regular y limitar, de acuerdo a lo que la ley decía, el inmenso poder y la arrogancia del GAP. A pesar de los atropellos a ciudadanos mexicanos de parte del GAP, la impunidad se impuso, junto con el amiguismo y los acuerdos por debajo de la mesa. Apoyados siempre por funcionarios del más alto nivel y diputados federales que incluso ahora siguen presentes en la escena política. Por ello es tan elocuente lo que han logrado, trabajando conjuntamente, Ramos y Sesma.
Aunque fuimos derrotados, libramos importantes batallas y dimos duros golpes legales al GAP. Para el corporativo español, era increíble que un grupo de comerciantes locales los enfrentara, que pretendiera defender su legítimo derecho. En diferentes oportunidades se nos hizo saber que perderíamos con ellos, que firmáramos un contrato a su modo o nos fuéramos. También se nos dijo que contaban con relaciones e influencias al más alto nivel.
En principio, ante las presiones de la Asociación de Prestadores y Servicios del Aeropuerto de Tijuana, que un servidor encabezó, se logró que algunos diputados federales mediaran entre el GAP y comerciantes locales en torno a diferentes problemas presentes en el aeropuerto de Tijuana, concesionado al GAP. Entonces, el corporativo logró convencer al Presidente de la Comisión de Transportes del Congreso que dicha reunión se llevara a cabo en las instalaciones del mismo aeropuerto. Presidente y miembros de la comisión ignoraban los puntos a tratar, los problemas denunciados. A conveniencia de dicha empresa, y por estrategia, los comerciantes inconformes no fuimos invitados a la reunión. La trampa fue derrotada por el entonces Diputado Federal Manuel González Reyes, miembro de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, quien exhibió la actuación de la empresa y la Comisión de Transportes de la propia Cámara de Diputados, que no se había percatado de la trampa que les tendía el GAP. La estrategia no les funcionó.
En otra ocasión, también a instancias de la propia APSAT, se programó una reunión entre la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la SCT, la empresa y miembros de nuestra asociación, en donde se contaría con la presencia del propio Subsecretario de la SCT, Aarón Dychter Poltolarek, quien era señalado como protector del GAP, pues un familiar suyo era socio de la empresa. Acudirían también Diputados Federales por Baja California y funcionarios locales, estamos hablando de otro período legislativo. Nuevamente, el GAP no invitó a comerciantes afectados. Solo a aquellos que habían negociado u obtenido al menos la promesa de un trato menos desventajoso de parte de la empresa. La trampa les volvió a fallar. Apsat los desenmascaró: Diputados Federales abandonaron la reunión, lo mismo las autoridades locales, a quienes el GAP había invitado.
No cejaron es sus intentos de saldar los asuntos con engaños. Realizaron una reunión entre Diputados Federales y comerciantes del aeropuerto de Tijuana, ¡En Guadalajara!, donde se ubica la sede de la empresa. El objetivo era el mismo. Hacer a un lado a los empresarios inconformes y negociar con los dóciles. No se dio aviso del cambio de sede a la APSAT. Sin embargo, logramos enterarnos de la tramposa reunión y asistimos. El GAP, al saber de nuestra presencia, cancelo la reunión en el último minuto.
Como estos tres ejemplos, podríamos citar cientos de episodios. Un servidor posee cajas y cajas de documentos legales, cartas, recortes periodísticos, fotografías de las irregularidades cometidas por el GAP en Tijuana. Muchas de sus estrategias, de sus trampas, le funcionaron. Nunca olvido las palabras del español Carlos Porron, Director Comercial del GAP, a varios comerciantes del Aeropuerto de Tijuana. Les dijo que ellos (el GAP) tenían controlados a todas las autoridades mexicanas, incluso al mismo presidente Vicente Fox; que no habría sentencia desfavorable para ellos en ningún juicio. Sus palabras sonaron increíbles, aunque con el paso del tiempo fueron confirmadas. Empezaron por los servicios de pista, tomaron el estacionamiento, taxis, la limpieza, el servicio de carga y culminó con los locales comerciales, puntos de venta, de cada terminal.
Uno de los episodios más tristes en esa lucha que llevamos, lo vivimos cuando el GAP desalojó a la señora Evangelina Agundez, propietaria de un local en el aeropuerto de Tijuana. Ese local era su patrimonio, estuvo en su familia por más de 30 años. No había razón alguna para el desalojo. En una muestra de poder, sin rubor, sin el más mínimo respeto por una mujer de 75 años, viuda, la desalojaron sin previo aviso. El atropello le provocó un disgusto que le llevó a la muerte pocos meses después que fuera desalojada.
Incluso, las propias instalaciones del aeropuerto de Tijuana, y todos los aeropuertos del GAP en general, dejan mucho que desear: Bajo pretexto de remodelaciones se bloquean los baños en temporadas altas, se realizan obras que ponen en riesgo y obstruyen el paso de usuarios sin cumplir condiciones mínimas de seguridad, se eliminaron las bancas de espera, se autorizaron cantinas sin permisos de la autoridad correspondiente, el área de ascenso y descenso de pasajeros se redujo prácticamente a unos cuantos metros para construir lanzaderas de taxis. Apenas en septiembre, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, señaló que los aeropuertos concesionados al GAP eran los más deficientes del país: “Con toda franqueza, es un grupo aeroportuario que no está funcionando de manera adecuada… Se lo hemos hecho saber a ese grupo y vamos a tomar las medidas que se puedan tomar en esa materia”.
Por si fuera poco, el Grupo Aeroportuario del Pacífico incluso se da el lujo de mantener como administrador del aeropuerto de Tijuana al señor Guillermo Villalba Morales, quien fuera sentenciado por la comisión de diferentes delitos, entre ellos del de despojo. Según abogados de prestigio, este hecho impide por ley que Villalba pudiese ocupar un puesto directivo en la empresa. En cambio, el GAP lo mandó a La Paz (BCS) y luego a Guadalajara. Apenas desapareció APSAT, lo regresaron a Tijuana, en un cargo de mayor jerarquía que el que había ostentado anteriormente, aún quebrantando la Ley de Aeropuertos en varios de sus artículos.
A principios de la década, Guillermo Villalba Morales tuvo que dejar la administración del aeropuerto de Tijuana luego de que fuera acusado penalmente por comerciantes –la denuncia fue registrada con el número de averiguación número 104/01/204- por los delitos de amenazas, despojo y abuso de autoridad. Cómo consecuencia, el juez VII de distrito dictó una orden de aprehensión en su contra. Para calmar los ánimos y evadir responsabilidades, el Grupo Aeroportuario del Pacífico tuvo que llegar a un acuerdo secreto por un millón 600 mil dólares con Rodolfo Figueroa, comerciante del aeropuerto que obtuvo una sentencia a su favor, y posteriormente ubicar a Villalba en el aeropuerto de La Paz. Tanta impunidad no se había visto nunca en el manejo de los aeropuertos mexicanos.
En su momento, la salida de Guillermo Villalba de la administración del aeropuerto de Tijuana marcó un hito en nuestra lucha por mejorar y equilibrar las relaciones de los comerciantes con la empresa española. Ellos contaron siempre con la complicidad de las autoridades federales. La permanencia de Villalba como empleado del Grupo Aeroportuario del Pacífico violenta el artículo 22 de la Ley de Aeropuertos, que señala que no podrán ser socios o directivos de aeropuertos aquellos individuos que “hayan sido condenados por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión o por delitos patrimoniales, contra la propiedad o la salud cualquiera que haya sido la pena”.
La reinstalación de Villalba tiene que ver con los proyectos a largo plazo que tiene el GAP en todos los aeropuertos que le fueron concesionados hasta por cien años: eliminar a comerciantes y empresarios mexicanos; monopolizar actividades como estacionamientos, comercio, limpieza, seguridad, carga, hoteles y, en algún momento, líneas aéreas. Entre los comerciantes desplazados, además de un servidor, se encuentran: Guadalupe Rocha, Joel Pérez Carrillo, Raúl Miramontes, Elena Soto, Evangelina Agundez, Delia Álvarez, Miriam Sánchez, Gilberto López, Enrique Fábregas y Yuridia Navarro. Trataron de imponernos contratos leoninos, con condiciones imposibles de cumplir. Además de rentas elevadas, pedían comisiones sobre las utilidades brutas. Ahora, según declaran locatarios actuales, cobran ilegalmente, y conservan para ellos, impuestos municipales. Acción que es motivo de sanción penal. Nos hostigaron, nos bloquearon, nos llenaron de demandas, querían sacarnos. Hasta lo ponían en los informes a sus inversores.
Ahora, los comerciantes que operan en el aeropuerto de Tijuana pagan rentas y comisiones altísimas. Tanto, que a pesar de los ingresos que puedan obtener en uno de los aeropuertos de mayor tráfico en el país, se encuentran con deudas de hasta un millón de pesos con el GAP, que les exprime hasta el último centavo posible.
Durante los diez años en que sostuvimos una lucha en contra del GAP para detener la embestida de los tramposos, codiciosos y soberbios españoles, legisladores locales y federales, y medios informativos lo, pcales y nacionales, apoyaron nuestra lucha. Sin embargo, no logramos defender el patrimonio mexicano. Hace un par de meses el GAP encontró por fin a un rival que le pudo hacer frente. La empresa española pretendió burlar a los empresarios mexicanos, socios estratégicos del GAP, Sánchez Navarro, Laviada y Diez Barroso. En uno de sus trampas habituales, les convocaron a una reunión de accionistas y cambiaron de sede en el último minuto sin avisarles. En la reunión no participó un solo representante de la parte mexicana. Se acordó un reparto de utilidades que beneficiaba a la parte española, se destituyó a todos los consejeros mexicanos. Sin embargo, la parte mexicana tuvo la capacidad de acción y el poder necesario para denunciar y poner a las autoridades a trabajar. Hasta entonces, la propia SCT y la CNBV hicieron algo, obligados por las circunstancias, a poner un alto a los españoles. En principio, los sacaron del mercado bursátil en forma inmediata.
Reiteramos, hacemos votos porque el presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos y el licenciado Raúl Corona Sesma, director jurídico del ayuntamiento, tengan firmeza al momento de hacer efectivo el derecho de los tijuanenses ante el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Mucho hacen falta a la comunidad y las finanzas locales el dinero que el GAP debe a los mexicanos. Si logran hacerlos pagar, Jorge Ramos y Raúl Corona Sesma tendrán un promisorio futuro político.
Alejandro Vizcarra Estrada
avizcarrae@gmail.com
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