En Tamaulipas, la vieja historia se repite

Por Aquiles Córdova Morán
Según cifras oficiales, en el país hay poco más de 50 millones de pobres y, de ellos, 17 millones son indigentes, es decir, que carecen hasta de lo más indispensable para sobrevivir.
Suponiendo que tales cifras sean ciertas (hay investigadores independientes, con una sólida formación económica, que aseguran que la verdadera cifra de pobres es superior a los ochenta millones), aun así deberían bastar para preocupar seria y responsablemente a todos quienes tienen que ver con el gobierno y el manejo de la cosa pública, incluidos gacetilleros, columnistas, reporteros y dueños de medios de comunicación que se consideran expertos en temas de bienestar y justicia social. Por eso yo afirmo que es en este contexto (y sin perder de vista la magnitud del problema, cualquiera que ella sea) en el que hay que entender la existencia y la actividad organizativa y reivindicatoria del Movimiento Antorchista Nacional; y las agudas carencias en que se manifiesta este mar de miseria (falta de empleo, de vivienda, salarios de hambre, falta de servicios básicos como agua, drenaje energía eléctrica, pavimento, banquetas, medicina, educación, comunicaciones, en primer lugar caminos y carreteras en buen estado) la obligada referencia para calificar y responder las demandas que enarbolan y defienden en Tamaulipas y en todo el país.
¿Qué solicitan los antorchistas tamaulipecos? Sólo a título demostrativo citaré algunas de sus peticiones: apoyo con material para el mejoramiento de la vivienda de cuatro mil tamaulipecos que lo necesitan; piso firme para un número similar que vive con piso de tierra; lotes a precios accesibles (no regalados) para levantar una choza donde guarecer a la mujer y a los hijos; construcción de aulas para escuelas ubicadas en áreas rurales y en ejidos pobres que carecen de ellas; apoyo a productores pequeños con vaquillas, especies menores, fertilizantes, plaguicidas, pago del seguro en áreas siniestradas con pérdida total de la cosecha; pago del apoyo a la canasta básica a mil 700 familias que llevan seis meses esperándolo, etc.
¿A qué seguir? Para cualquiera que tenga un adarme de inteligencia y una dosis mínima de humanismo y de honradez intelectual, basta con esto para convencerse de que en las demandas de los antorchistas no hay ni una brizna de frivolidad, ningún abuso o reprobable parasitismo a falta de esfuerzo propio, sino apenas lo estrictamente básico para una vida menos dura y, en algunos casos, apenas lo indispensable para no morir de hambre. Además, un buen porcentaje de las peticiones corresponden a programas que el propio gobierno ha creado, publicitado y ofrecido a la gente y que hoy, extrañamente, se niega a cumplir.
En sus apariciones en prensa, el antorchismo tamaulipeco ha relatado con todo detalle el tortuoso proceso de engaños, entrevistas inútiles y compromisos firmados y no cumplidos a que han sido sometidos, una y otra vez, hasta el día de hoy. Por eso, sus protestas públicas (incluido el plantón actual frente a Palacio de Gobierno) no pueden ser calificadas, sin más, como un torpe desafío a la autoridad, ni como irresponsable menosprecio a los derechos de terceros y a la tranquilidad pública, ni mucho menos como una “sucia maniobra” de los líderes que andan “correteando el aguinaldo”. Es, repito, el último e inevitable eslabón de una cadena de engaños y promesas incumplidas, que viene desde el 8 de diciembre del año pasado, fecha en que el señor Gobernador se reunió con ellos e hizo compromisos cuya materialización siguen esperando. Y, como “castigo” a su terquedad, se ha desatado una feroz guerra mediática hecha de injurias, “denuncias” de conductas deshonestas e incongruentes y acusaciones de medro personal y desvío de recursos destinados a la gente, principalmente contra el dirigente estatal, Ing. Carlos Martínez Leal. Algunos de tales hechos, como las protestas masivas en vía pública, están intencionalmente exagerados y distorsionados, con el claro fin de hacer aparecer como lógico y necesario el uso de la fuerza pública en contra de los inconformes.
Todo el que haya aprobado un curso de lógica elemental, sabe que cuando una acusación toma la forma de un hecho directo, un carácter fáctico, su veracidad o falsedad no puede dirimirse en el terreno del razonamiento puro; es necesario aducir otros hechos que lo respalden o lo refuten. Y aquí no hay nada de eso. Por tanto, no perderé el tiempo discutiendo en abstracto lo que no está respaldado con pruebas acordes con su naturaleza. No lo haré, además, por la sencilla razón de que sus autores no hablan por sí mismos ni defienden intereses legítimos (y menos los de la colectividad, como presumen), sino que son simples patiños del poder estatal, gente venal que se vende al mejor postor. Prefiero dirigirme a su jefe, al gobernador Eugenio Hernández Flores, para preguntarle con todo respeto: si las demandas del antorchismo son abusivas, ilegítimas e ilegales, ¿por qué se aceptaron y se ofreció cumplirlas en la entrevista del 8 de diciembre de 2009? Si Carlos Martínez y su Comité se roban los recursos destinados a la gente, ¿por qué no se los ha denunciado ante los defraudados y ante autoridad competente en su caso? ¿Por qué se elige la vía de los medios para dirimir tan delicada cuestión? Si marchar, hacer mítines y plantones, es violatorio de la ley (la Constitución General de la República dice otra cosa), ¿por qué no se ha procedido legalmente contra los infractores? Y si es así, ¿cuál es el camino “legal” que deben seguir quienes se sienten defraudados por sus gobernantes? ¿Es que volvemos a la época colonial, cuando el virrey Conde de Revillagigedo sentenció que al ciudadano sólo le toca “ver, oír y callar”? Ciertamente que la paz y la tranquilidad públicas son un tesoro social inapreciable, invaluable, como los tamaulipecos han comprobado en carne propia por la feroz violencia que allá se vive. Pero el cuidado y conservación de este bien no es sólo deber de la ciudadanía; lo es también, cuando menos en igual medida, de los gobernantes. ¿O no?