PLAYAS DE ROSARITO.- Dado lo reiterado de la reincidencia en las violaciones en los derechos de la niñez, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, solicita en tres recomendaciones diferentes, la remoción inmediata del cargo del Licenciado Luis Sergio Silvestre Meraz, Sub-Procurador Para la Defensa de las Personas Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia en el Municipio de Playas de Rosarito..
La PDHyPC a la fecha ha emitido cuatro recomendaciones, las 6-08, 12-08. 13-08 y 14-08, todas dirigidas al mismo funcionarios y generados por diferentes quejas ciudadanas por irregularidades en los procedimientos para la separación de niños de sus padres.
Adicional a ello, se están trabajando y en breve serán emitidas cerca de otras tres recomendaciones adicionales, todas generadas a consecuencia por quejas al mismo funcionario público, informó Dora María López Villa, proyectista de la PDHyPC.
Esta instancia defensora de los derechos humanos ha recibido cerca de 15 denuncias diferentes desde 2007 a la fecha, por padres o familiares de los niños inconformes por circunstancias similares.
Algunas se lograron solucionar mediante gestaría, otras han tenido que derivar en recomendación, puntualizó Ludmila Jarquìn Jarquìn, visitadora en grupos vulnerables de la PDHyPC en Playas de Rosarito.
La coincidencia en los casos es que los menores de edad fueron separados de sus padres sin hacerlo del conocimiento oportuno como establece la propia Ley que rige a la Procuraduría para la Defensa de Personas de Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia, de un Juez competente.
Hubo casos en que se notificó de manera irregular a un Juez Calificador, cuando esta instancia administrativa no es la competente para estos casos. De igual manera no se notifica a un Ministerio Público de la medida adoptada y como está obligada esta instancia administrativa.
Adicional a que las acciones de separación de menores de edad no fueron calificados por la autoridad competente, se pasa por alto la notificación oportuna que corresponde a los padres de familia.
Hay una coincidencia en los diferentes casos, no solo de trato despectivo y humillante hacía los padres de familia, sino de una falta de orientación oportuna de cómo recuperar a sus hijos o de los procedimientos que corresponden por ley, agregó López Villa.
Se hace caso omiso de uno de los principales objetivos de la Procuraduría Para la Defensa de las Personas Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia, establecido en su propia ley que es fomentar la reintegración de la familia.
Por el contrario, desde primer momento se separa a los niños de sus padres, en la mayoría de los casos sin proporcionar opciones para recuperarlos.
Una reincidencia en las diferentes quejas presentadas es la serie de obstáculos para que los padres puedan ver a sus hijos o la total negativa para hacerlo, cuando ni siquiera en los Centros de Readaptación Social del Estado, pasa eso, es decir, hay adultos a quienes se les respeta más sus derechos de ver a sus familiares para fomentar su readaptación, cuando a estos niños se les niega, puntualizó la proyectista de la PDHyPC.
"Mientras que Constitucionalmente un Ministerio Público sabe que tiene 48 horas para la aportación de elementos de prueba para mantener la privación de la libertad de un inculpado, en las recomendaciones emitidas incluso hay casos de niños con cerca de dos años privados de su libertad en albergues sin la oportunidad de ver a sus padres en retenciones arbitrarias e ilegales generados por una autoridad administrativa", agregó López Villa.
Se cuestionó sobre la razón que una autoridad administrativa pueda ir más allá de lo establecido constitucionalmente para un juez o un ministerio público.
Por su parte, Alonso Escamilla Loera, visitador de seguridad publica en Playas de Rosarito, agregó que en las diferentes recomendaciones emitidas al mismo funcionario, se carece de justificación jurídica y hay falta de elementos legales para acreditar la separación de padres e hijos.
Además de la reincidencia en la falta de apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se violan acuerdos internacionales ratificados en nuestro país con relación a la niñez, legislación nacional y del Estado, así como a la propia ley que rige a esta dependencia.
Adicional a la petición de la remoción de su cargo del funcionario en mención, en las recomendaciones se pide la revisión de expedientes que tenga dicha procuraduría para detectar casos análogos y procederse conforme a ley.
También se pide el respeto del Estado de derecho por dicha procuraduría, más capacitación a su personal sobre la legislación relacionada con su función y el inicio de campañas de difusión que permita saber a la población las facultades que competen a dicha instancia.
También se pide el inicio de procedimientos administrativos para determinar el grado de responsabilidad del funcionario en mención y el evitar la aplicación de actuaciones discrecionales por parte del personal de la procuraduría en mención.
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