Hoy 2 de diciembre del 2008 se cumplen ONCE AÑOS de la presentación ante la Procuraduría de Justicia del DF, de una querella por fraude y abuso de confianza en perjuicio de más de 400 cooperativistas, que hizo un grupo de socios de Editora de Periódicos, SCL (que editaba el diario La Prensa en el DF), delitos presuntamente cometidos por parte de una docena de compañeros que ocupaban los principales puestos directivos hace tres lustros..
También hoy 2 de diciembre del 2008, tenemos la alegría de comunicar a la opinión pública que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, Francisco Javier Sarabia Ascencio, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a un grupo de socios de la cooperativa, en contra de la resolución de la Procuraduría General de Justicia del DF, ante su negativa de ejercitar la acción penal en contra de los presuntos responsables de esos delitos, argumentando erróneamente que ya habían prescrito.
Por lo anterior, el Juez Sarabia Ascencio ordenó a la Procuraduría que "deje insubsistente su fallo" (el inejercicio de la acción penal) y "dicte otro", en el que deje a un lado su argumento de que los delitos están prescritos, pues la figura de la prescripción fue desechada desde el 2000 por el entonces también Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal (en febrero del 2000), sentencia que fue confirmada (diciembre del 2000) por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, luego del recurso de revisión que interpuso la Procuraduría, por lo que la no prescripción pasó a la categoría de "cosa juzgada".
SINOPSIS DEL FRAUDE
Como es del conocimiento público, a finales de julio de 1993, todos los activos (tangibles e intangibles) de la cooperativa Editora de Periódicos, SCL, fueron ilegal e indebidamente vendidos al ex banquero Carlos Abedrop Dávida –en una coinversión con un grupo español de medios--, en la cantidad de 80 millones de dólares (unos 280 millones de pesos a valor de entonces).
Esta suma millonaria debió haberse repartido entre todos los socios cooperativistas, lo que no sucedió en los hechos, pues lo que los miembros de la cooperativa recibieron como "liquidación" fueron aproximadamente 220 millones de pesos, que provinieron de diversas cuentas que tenía la cooperativa en bancos y casas de bolsa, tanto de México como de los Estados Unidos, Inglaterra y algunos paraísos fiscales, según se ha documentado en las averiguaciones previas SC/12471/97-12, 24/032/99-08, SC/2009/98-03 y A/ISF/1318/99-08.
Es decir, a los cooperativistas se les "liquidó" con su propio dinero, sin haberle añadido un solo centavo que proviniese del monto obtenido por concepto de la venta hecha a Impulsora de Empresas Periodísticas, S.A. de C.V., nombre de la persona moral que integraron Abredop Dávila y los inversionistas españoles.
Ante la representación social fueron señalados como presuntos responsables de este cuantioso fraude contra más de 400 cooperativistas, básicamente quienes en julio de 1993 ocupaban los principales cargos de dirección y administración dentro de la cooperativa. Entre ellos, los siguientes:
Mario Santaella de la Cajiga; Mario Santaella Herrera; Augusto Emilio Corro Ortiz; Juan Manuel Hernández Rodríguez; Carlos Peláez Fuentes; Juan Nieto Martínez; Antonio Pérez Viéytez; Víctor Manuel Pimentel González; Octavio Arteaga Monroy; Dolores Ramírez Galindo; Celia Cruz Alvarez; María de los Angeles Cruz Alvarez, y los liquidadores de la cooperativa: Alfonso Ramón Castorena Cid y Víctor Manuel Martínez Allende.
A pesar de haber probado documentalmente los delitos de fraude y abuso de confianza cometidos por nuestros propios compañeros cooperativistas, y a pesar también de que desde hace siete años causó estado la determinación judicial de que no ha prescrito la acción penal, la Procuraduría General de Justicia del DF siguió insistiendo en esa misma argumentación, misma que, por segunda ocasión, acaba de ser desechada por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del DF.
ATENTO LLAMADO AL
PROCURADOR MANCERA
De la manera más atenta posible, los socios de la cooperativa Editora de Periódicos, SCL, hacen un muy atento llamado al Procurador Miguel Mancera, para que instruya a quien corresponda para que perfeccione las averiguaciones previas levantadas con motivo de este fraude y abuso de confianza, y atendiendo a la última resolución del citado Juez Sarabia Ascencio, sea elaborado el dictamen de consignación y enviado a un juez penal, para que sea éste el que, después de tantos años de andar implorando justicia, determine la culpabilidad de los presuntos responsables, les imponga el castigo que en derecho proceda, y los condene a resarcir el daño ocasionado a más de 400 jefes de familia, 50 de los cuales lamentablemente ya han dejado de existir.
Atentamente,
Augusto Cabrera Mondragón
Secretario de la Unión de Trabajadores de La Prensa, A.C.
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