Por Alfredo Calva. Una de las acciones más recurrentes para practicar la corrupción entre los funcionarios es la indolencia dolosa con la que realizan las tareas que están obligados a cumplir y llevar a cabo, generalmente, con la complacencia de sus superiores.
El poder judicial no es la excepción, así lo muestra y demuestra la denuncia que la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Licenciada Marina Ceja Díaz, interpuso ante el Pleno del Consejo de la Judicatura del poder Judicial del Estado de Baja California, en contra de Marcos Pérez Núñez, quien se desempeña como Administrador Judicial del Consejo de la Judicatura y demás servidores públicos adscritos a dicho órgano auxiliar, por conductas Pasivas y Sospechosas que retrasan y entorpecen dolosamente la procuración y administración de la justicia.
Y las conductas Pasivas y Sospechosas son la acción de protección a cuatro consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) que se encuentran entre quienes aspiran a ocupar una silla en el Tribunal Electoral del Estado y al presidente del Consejo General, Luís Alberto Hernández Morales, quien ambiciona integrarse en el INE como consejero, lo que fue dado a conocer en un reportaje del corresponsal de la Jornada, Juan Pablo Guerra, publicado el día de ayer 27 de febrero.
Y que no es nada nuevo el que se conozca de las malas prácticas en que incurren los consejeros del IEE, el más reciente fue la asignación como partido político a Fuerza por México, tergiversando a conveniencia y en favor de ese ente la sentencia del Tribunal electoral del estado, hecho que generó la impugnación por parte de los partidos Encuentro Solidario y Movimiento Ciudadano.
De acuerdo a la FEPADE, los delitos en contra de la administración de la justicia se derivan de la indolente y dolosa actitud en el cumplimiento de sus obligaciones del juez de turno del partido judicial de Mexicali por no emitir fecha y hora para audiencia inicial que le solicitó para la judicialización del expediente 0204-2021-21654 el 25 de noviembre del 2022.
El expediente antes referido que FEPADE intenta judicializar a través de la audiencia inicial para hacer imputación por hechos que la ley considera como delitos electorales, “abstención de cumplir sin causa justificada con las obligaciones de su cargo en perjuicio del proceso electoral”, en contra de los nueve consejeros del (IEE) y en contra de quien se desempeñaba como Coordinadora de Partidos y Financiamiento, Perla Deborah Esquivel Barrón, por el delito de “alteración de documentos públicos electorales, abstención de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo en perjuicio del proceso electoral".
Pero ante el doloso silencio por parte del juez de turno del Partido judicial de Mexicali para fijar fecha y hora solicitada para la audiencia inicial, la FEPADE acudió ante el Administrador Judicial del Poder Judicial, Marcos Pérez Jiménez, el 11 de enero del presente año, a exigir que se obligará al juez de turno a emitir lo solicitado, sin embargo, al igual que el juez de turno, se estrelló con la dolosa indolencia.
Por lo anterior, la FEPADE se vio obligada a recurrir ante el pleno del Consejo de la Judicatura a denunciar el actuar del juez de turno y del Administrador Judicial el pasado 24 de enero, ratificando su denuncia a petición expresa de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado a cargo del magistrado, Alejandro Isaac Fragoso López, el pasado 10 de febrero.
La denuncia que genera el expediente 0204-2021-21654 en la FEPADE se sustenta en la querella que presentó Movimiento Ciudadano en noviembre del 2021 en contra de los consejeros Graciela González Canseco, Daniel García García, Lorenza Gabriela Soberanas Erguía, Abel Alfredo Muñoz Pedrosa, Jorge Alberto Aranda Miranda, Olga Viridiana Maciel Sánchez, Raúl Guzmán Gómez, quien se desempeña como Secretario Ejecutivo y Luís Alberto Hernández Morales, como presidente del Consejo General del IEE.
El corrupto comportamiento del personal de las áreas del poder judicial mencionadas, para evitar que los denunciados fueran imputados por la FEPADE y ser vinculados a proceso y en consecuencia ser detectados por el Congreso del Estado, Olga Viridiana Maciel Sánchez, Raúl Guzmán Gómez, Daniel García García y Graciela Amezola Canseco, quienes aspiran al TEE y por la cámara de Senadores en lo que respecta al presidente del Consejo General, Luís Hernández Morales, que a ambiciona llegar al INE, quien por cierto, hoy martes 28 de febrero fue citado para comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado.
Por cierto y solo como acervo cultural para los amables lectores, Viridiana Maciel Sánchez y Daniel García García, en compañía de Abel Muñoz Pedraza, padecen una acción punitiva administrativa impuesta por el INE en la resolución INE/CG1438/2020.
Es obvio que alguien de gran influencia en el poder judicial ordenó que se abstuvieran de entregar lo solicitado por la FEPADE y así proteger a los denunciados que se encuentran en los procesos selectivos de ser detectados como presuntos infractores electorales y les fueran mutiladas sus aspiraciones.
Si en verdad el magistrado Hernández López tiene la voluntad de brindar a los bajacaliforniana un sistema judicial confiable, debe de sancionar todo los actos de corrupción que se registren, para ello debe de conformar un área o sistema que sea garante de que todas las denuncias que se presenten serán atendidas e investigadas de manera expedita e imparcial, sin encubrir y proteger a quienes sean evidenciados.
Y no estaría nada mal empezar por hacer asepsia en la judicatura.
Cotilleo político….
En Playas de Rosarito buscan afanosamente que se filme la segunda parte de la película, “Dos mulas para la hermana Sara"
Y mientras tanto….
En el Palacio municipal de Rosarito continúan sintiendo y viviendo los estragos del “sabotaje” que solo fue un intento de hakeo.
Presiona la imagen y...
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