Por Alfredo Calva.
La enfermiza obsesión de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, en contra del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, lo ha llevado a violentar la soberanía del cabildo municipal con la ayuda de sus domesticadas mascotas políticas ubicadas en la mayoría de los escaños de la XXIII legislatura del estado, liderados por la presidente de la Jucopo, Montserrat Caballero, quien olvidó velar por los intereses de los ciudadanos y se convirtió en la Celestina parlamentaria de Bonilla.
En su pretensión malsana de lograr sepultar los deseos de González Cruz por alcanzar la candidatura a la gubernatura del estado y contender en el próximo año buscando reemplazarlo en el cargo que actualmente ostenta, y ante su fracaso en esa tarea, decidió mover a sus amaestrados valets en el poder legislativo para llevar a efecto una reforma a la Ley de Régimen Municipal para poner en manos de él y de la legislatura, la potestad de decidir quien gobierne una demarcación cuando el munícipe solicite licencia por espacio de más de 30 días naturales.
Lo anterior, violenta la soberanía de los cuerpos colegiados de los cabildos municipales en su toma de decisiones respecto a las anuencias que soliciten los munícipes, Síndicos y los propios regidores, aprobada por una gavilla de facinerosos políticos acaudillados por un gobernante desesperado que visualiza el desmoronamiento de su proyecto de gobierno posmandato que tuvo que diseñar, ante la mutilación que le hizo la SCJN a su pretensión de hacer un gobierno de cinco años.
Tras el fracaso de la ley Bonilla, el gobernador se dio a la tarea de construir un proyecto que le permitiera ejercer el mando después de concluido su período oficial de dos años, para ello, requiere que uno de sus zalameros e incondicionales sea ungido como abanderado de Morena a la gubernatura del estado, sólo de esa forma podrá seguir gobernando en Baja California después del primer día de noviembre del 2021.
De ahí de su esquizofrénico afán por evitar que el alcalde de Tijuana logre pasar por encima de Armando Ayala, Mario Escobedo y Alejandro Ruíz Uribe y obtenga la venia de la nomenclatura de Morena y el dedo inductor de Macuspana lo señale como el ungido para representar los intereses del proyecto de la 4T en la contienda electoral del año entrante, lo que se agravaría políticamente para Bonilla, si además González Cruz gana la contienda.
Es entendible que el gobernador no quiera que González Cruz sea el candidato de Morena, que pugne porque esa asignación recaiga en el ente que se acomoda a sus planes y proyecto político y que opere para que así resulte, haciendo a un lado a quien o quienes le obstaculicen su plan, pero, para ello se requiere de talento, capacidad, eficiencia y eficacia política, de lo contrario, se termina mostrando el síndrome de Juan Vargas, el jocoso personaje de la cinta La Ley de Herodes.
Obviamente la violación a la soberanía de los cabildos irá a parar a la SCJN para que resuelva sobre el particular, hemos de suponer que el alcalde González Cruz solicitará a la corte dictamine de manera pronta y expedita y torne a los cabildos su potestad de decidir sobre la licencias de separación de sus integrantes, conforme a lo que estipulaban sus ordenamientos y aleje las garras políticas del gobernador y del congreso estatal de esa facultad.
La historia continuará, porque la modificación a la Ley de Régimen Municipal que realizaron los diputados no hará que Jaime Bonilla se detenga y deje de atacar a González Cruz, su deseo es exterminarlo políticamente por no estar sometido a sus caprichos y deseos, al igual que a Zulema Adams, alcaldesa de Tecate, y no importará, si por lo dispuesto por el INE la candidatura a la gubernatura en Baja California sea para una mujer, el gobernador Bonilla continuará con su beligerancia política en contra de los dos ediles.
Y mientras tanto….
De nada servirá el que se haya ido Jorge Alberto Ayón Monsalve, si el nuevo encargado de despacho de la (SSPC), al igual que pasaba con Ayón, no puede designar a los mandos.
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