A tres meses de instalado el Consejo Ciudadano de Combate a la Corrupción en Baja California, el instrumento no camina y sigue atorado por la evidente falta de voluntad política, una franca cerrazón y una abierta negligencia de los actores políticos: léase el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sus lacayos diputados y una camarilla del empresariado estatal, que lo mismo “maman y dan de topes”.
Apenas celebrábamos el triunfo de las movilizaciones ciudadanas desde hace un par de años y este incipiente organismo hoy su mayor reto para poder operar y dar los frutos esperados, al prevalecer las prácticas irregulares, la opacidad, la discrecionalidad, el abuso en el manejo de los dineros públicos. Las transferencias descaradas de las partidas con las que un puñado de vivales literalmente “hacen y deshacen” a placer. Esto sin que las diversas instancias de control, fiscalización, de vigilancia o judiciales, actúen apegados a la Ley frente a una cadena de corrupción acentuada por un sistema de complicidades. Siguen los gobiernos montados en un doble discurso de cuentas alegres y una transparencia incipiente. A seguir “pateando el bote” en un doble juego malsano, que deja la puerta abierta a la impunidad, el abuso y la burla a los bajacalifornianos. Y es que los 15 consejeros ciudadanos integrantes de este nuevo organismo ya votaron y le dijeron sí a Jorge Salceda para ser el Fiscal General de dicho Consejo. Y le dijeron no a un anquilosado Luis Irineo, el mismo que en anterior gobierno municipal de Mexicali, se esmeró en proteger al corruptazo de Francisco “Panchito” Pérez Tejada y de quien se tienen fundadas sospechas de ser el alfil de una tribu de empresarios coludidos con funcionarios corruptos que han hecho escuela para echar mano de las instancias que nadie regula y cuyos movimientos de recursos se mantienen en total secrecía. El mal ejemplo cunde y es hora que los Ayuntamientos tampoco mueven un dedo para crear los Consejos Municipales Anticorrupción, mientras aun falta reglamentar al Consejo Estatal Anti Corrupción, una autentica transparencia, uniformarlo a los lineamientos del Consejo Nacional y generar los Tribunales de Justicia Administrativa e inscribir como delitos graves los actos de corrupción en el Código Penal de Baja California. En suma, los diputados de todos los partidos políticos, nos siguen quedando a deber y en su inoperancia irresponsable, ponen en riesgo el avance de éstos consejos ciudadanos a la luz del nuevo régimen López Obradorista que viene. Que nadie se diga sorprendido, que los ciudadanos los juzguen a todos estos simuladores corruptos por omisión y los condenen con su voto en las siguientes elecciones.
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