El ministro y presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora Icaza, pagó en días recientes, una de las facturas políticas que le debe al aún presidente de México, Enrique Peña Nieto, al haber emitido una resolución, en la que se prohíbe a las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua, llevar a cabo cualquier tipo de investigación penal en contra del titular del ejecutivo federal y sus funcionarios de primer nivel.
Dicha resolución, es la respuesta (por coincidencia, le correspondió al amigo del presidente) judicial de la SCJN a través de la sala que titula Medina Mora Icaza, a la controversia interpuesta por el área jurídica de la Presidencia de la República, para eximir de cualquier acción penal en contra de Peña Nieto y sus colaboradores cercanos, derivado de la denuncia que el gobierno de Chihuahua hizo en contra de un desvío de 250 millones de pesos, presuntamente canalizados a campañas políticas en favor del PRI, durante la gestión gubernamental de Cesar Duarte.
El ministro Medina Mora Icaza, inició su relación afectiva con Peña Nieto en los tiempos en que él presidia el CISEN y Peña era funcionario en el gobierno que encabezaba su tío, Arturo Montiel Rojas, su relación fue creciendo y cuando Peña Nieto ganó la presidencia de México, invito a Medina Mora a incorporarse a este y lo convirtió en embajador ante los Estados Unidos.
En ese encargo que le permitía estar cerca a sus hijos que estudiaban en ese país, Medina Mora transitó hasta el 2015, cuando a la muerte del ministro Sergio Valls, se presentó la necesidad de cubrir el espacio, y con ello la oportunidad de Peña Nieto de empezar las acciones de cubrirse las espaldas para al término de su gestión.
Su arribo a la SCJN no fue bien aceptado por el resto de los ministros, que lo veían como un oportunista carente de la capacidad para cubrir el hueco dejado por el ministro Sergio Valls, a lo que se sumó las fuertes críticas que arrastraba derivadas por su paso como titular de la PGR durante el mandato de Felipe Calderón, especialmente, por el operativo llevado a cabo por la dependencia conocido como ¨michoacanazo¨, acciones que fueron encaminadas fundamentalmente a los alcaldes emanados del PRD.
Permitió la penetración del crimen organizado en la dependencia a su cargo, especialmente en la Subprocuraduría Especial de Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), ocultando por así convenir a sus intereses al presidente Calderón, hasta que a través de la prensa la podredumbre emergió y se vio en la necesidad de informar al presidente, prometiendo que solucionaría el problema. La operación limpieza en la SEIDO, descabezó a toda la dependencia y varios de sus jefes fueron a dar a la cárcel, lo que le generó demandas en su contra por falsas acusaciones.
El paso de Medina Mora Icaza por las diversas dependencias en las que ha participado, están plagadas de fracasos y manejos turbios, sin embargo, lo anterior no tuvo importancia alguna para Peña Nieto, que lo defendió ante los embates de los senadores y de los ministros de la Suprema Corte, por su arribo a la SCJN, lo único que realmente importaba a Peña Nieto en ese momento, era empoderar y tener un garante íntimo y cómplice dispuesto a defenderlo bajo cualquier circunstancia, en la máxima corte de éste país, de inmunidad.
Inmunidad, que le permitirá no sufrir sobresaltos al término de su gestión, ya no tendrá preocupación por la acusación en la que se encuentra envuelto, por los desvíos de recursos económicos que el gobierno de Cesar Duarte, hizo en favor del PRI, bajo el conocimiento y aprobación de los entonces dirigente nacional de ese partido y del titular de la SHCP, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Luís Videgaray, respectivamente.
Imputación criminal que el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, le fincó en primer instancia al ex gobernador Duarte, quien se encuentra prófugo, y a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien se desempeñaba en el tiempo de los hechos referidos, como presidente adjunto del CEN del PRI, al lado de su compadre Beltrones Rivera, y por lo que fue encarcelado y continúa su proceso judicial bajo caución.
Peña Nieto busca a toda costa blindarse de cualquier acción judicial que lo lleve a la cárcel, hechos para tal fin sobran, por lo pronto y hasta que no resuelva otro ministro de la SCJN el recurso de inconformidad que presentara el área jurídica del gobierno de Javier Corral, el todavía presidente en funciones, no podrá ser investigado y menos sancionado, por el desvío de los 250 millones de pesos, hacia el PRI en el 2016, asunto por el que Beltrones Rivera sigue amparado.
Y mientras tanto….
La clase política de Baja California, se mofa de las fantasías y onanismo mental del ex senador, Marco Antonio Blázquez
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