No han bastado las prácticas de oídos sordos y la técnica de la avestruz para la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, para disuadir y eliminar los reclamos de sus gobernados ante su incapacidad política y de combate a la inseguridad, que ahora le suma a esas “políticas publicas”, yerros e ilegalidades que afectan a rosaritenses.
El pasado martes la alcaldesa del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a través de su secretario particular, Andrés Garza, giro la orden para que las direcciones de Alcoholes e Inspección y Verificación y Ordenamiento de Espacios Públicos, procedieran a clausurar el bar La Antigua, sitio en el que el pasado 31 de julio fue asesinado el comunicador Luciano Rivera.
La base para esta acción en contra del establecimiento fue unipersonal de la edil, derivada de la presión que ejercieron los medios de comunicación a la primer edil, tras el incidente violento registrado en el bar y en el que perdió la vida Luciano Rivera, prometiendo la clausura del lugar.
Dada la instrucción, los titulares de Alcoholes e Inspección, Antonia Bautista Lozano y Jorge Hernández Islas, respectivamente, se apersonaron en los primeros minutos del siguiente día en el bar La Antigua para realizar la clausura, bajo argumentos pueriles y estólidos, especialmente manifestados por el atea de Inspección, que señaló la ausencia de un plan de contingencias, de protección civil, deficiente salida de emergencias y falta de señalización, causales que no ameritan una clausura, sin embargo, la orden recibida fue tajante, se tiene que clausurar.
Pese a los argumentos de los propietarios del lugar, basados en que el pasado mes de junio ellos acudieron a las oficinas de palacio a revalidar su permiso de operación, cubrieron los cobros que la administración fija y les dieron la anuencia para operar sin señalamiento alguno, Hernández Islas no entendió razonamiento alguno y procedió a cerrar el establecimiento, hecho que efectuaron de manera expedita sus subordinados, y es aquí en donde los actuantes embajadores de la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, cometieron la ilegalidad que los puede llevar a enfrentar cargos penales, al cerrar las puertas del establecimiento colocaron los sellos de clausura de una dependencia del gobierno local inexistente, Regulación Municipal.
Este abuso y exceso del gobierno de Mirna Rincón no puede ni debe de ser tolerado, obviamente la Sindicatura Procuradora no hará nada, corrijo si hará, solo el ridículo como es costumbre, pero aquí debe y es obligada la intervención del poder legislativo, ya que en que estado quedan los ciudadanos cuando la alcaldesa y sus subordinados llevan a cabo acciones en contra de los rosaritenses bajo el amparo de instituciones o dependencias inexistentes.
Es posible, dando pie a la duda, que Mirna Rincón no se haya dado cuenta en todos estos casi diez meses de gestión gubernamental, de la ineptitud e incapacidad de los perfiles que le rodean y que ha colocado en dependencias para que le auxilien a ejecutar un gobierno sino bueno, cuando menos apegado a derecho, porque ya su fracaso en el tema de combate a la inseguridad es lacerante para los rosaritenses, como para que ahora se sume a ese fiasco, una administración fraudulenta.
Veamos que camino sigue el asunto denla clausura del bar La Antigua y las consecuencias legales de la misma, esto es un asunto de orden jurídico en el que el abuso y exceso de funciones del gobierno de Mirna Rincón se destacó, confiemos en que los propietarios del sitio ejerzan sus derechos y actúen en contra de la alcaldesa y sus excesos.
Y mientras tanto….
Creen que guardan como un secreto de estado lo dicho en la reunión que sostuvieron los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Rosarito, con el Teniente Coronel, Julián Leyzaola.
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