El pasado domingo, el Alcalde de Tijuana, Dr. Jorge Astiazarán Orcí, inauguró lo que seguramente en lo sucesivo se conocerá como “El parque de la 8”, en alusión, no solamente a la vialidad en donde se encuentra, quien recordando que ahí existieron, durante muchos años, la cárcel preventiva, comandancia de policías municipal y central de bomberos.
Excelente obra, un lugar de recreación y descanso para los tijuanenses, que viene a sustituir las construcciones que algunos califican como la historia negra de Tijuana.
Sin embargo, la excelencia de esta obra, no borra un capítulo detestable de la historia política de Tijuana, remarcada por la necedad, cerrazón y prepotencia del exalcalde Carlos Bustamante Anchondo.
Aún se recuerda que el empresario priísta, se negó a escuchar y atender las propuestas de grupos civícos, para que las viejas instalaciones fueran utilizadas a fin de establecer un museo de la policía de Tijuana, por ejemplo.
El entonces jefe de gobierno municipal, “por sus pistolas” –algunos dicen que atendiendo compromisos personales- decidió vender las edificaciones.
El dictamen de la Comisión de Fiscalización del Gasto úblico del Congreso del Estado, respecto de la Cuenta Pública 2011 del XX Ayuntamiento de Tijuana –el primer año de la administración de Bustamante- tiene, entre muchas otras observaciones, la siguiente :
“33.- En sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de diciembre de 2011, el Cabildo aprobó desincorporar del Patrimonio del Dominio Público del Ayuntamiento de Tijuana, B.C. e incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, el bien inmueble con la clave catastral ZC-072-001, con superficie de 3,036.62 m2, identificado como Lote 1 Manzana 72 de la Zona Centro de la Delegación Centro, en el cual se localizaban las instalaciones de la Comandancia de Policía, Celdas, Estación de Bomberos y Talleres de la Calle 8, inmueble que de acuerdo al avalúo practicado el 22 de marzo de 2011 por la Comisión Estatal de Avaluos (CEA) se le determinó un valor de 20´962,100 el cual se integra por el valor asignado al terreno, Construcción y Obras Complementarias por un importe de $ 12´032,000, $ 7´423,100 y 1´507 000, respectivamente”.
“Autorizándose –agrega- a su vez que el producto total de la venta se destinara a la Constitución de un Fideicomiso para la Reactivación Económica de la Zona Centro de la Ciudad de Tijuana, B.C.”.
El proyecto inicial, y en esos términos fue la aprobación de Cabildo, fue vender el inmueble, comprendiendo tanto el terreno como las instalaciones, y el producto destinarlo a la creación de un fideicomiso para mejorar la zona centro de la ciudad.
Sin embargo, como las peticiones subían de tono, e incluso hubo quienes promovieron amparo, tratando de evitar la venta del inmueble, Bustamante Anchondo, necio que es, ordenó la demolición de las instalaciones, valuadas en más de 7 milones de pesos.Al no contar con permiso o aprobación de Cabildo, para ello, ocasionando un daño por ese monto al patrimonio de la ciudad.
El 29 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la demolición de las viejas instalaciones, ante el asombro de los tijuanenses. Esto, mediante contrato de obra pública No. DOIUM-2011-AD-MEP-001, celebrado con la Constructora Sextin, S.A. de C.V.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del
Estado, observó que : “El Ayuntamiento dispuso del Patrimonio
Municipal sin contar con autorización por parte del Cabildo, sobre lo cual se presume la existencia de un daño patrimonial por un importe estimado en $ 12´092,740, el cual se integra por el valor de la construcción y obras complementarias determinado por la Comisión Estatal de Avalúos (CEA) por $ 8´930,000 y por los recursos ejercidos por el Ayuntamiento en la demolición de las estructuras por $ 3´162,640, en virtud de que la autorización que dió cabildo fue para la venta de todo el inmueble (terreno y construcciones), y, en consecuencia, la demolición de las instalaciones ya referidas, no estaba contemplada dentro del acuerdo de autorización para la desincorporación de dicho inmueble, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 15 fracción II de la Ley del Régimen Municipal del Estado de B. C.”
De manera especial advierte que : “El dictamen técnico que se emitió y que sirvió de base para la desincorporación no determina ni justifica en forma literal que dicho bien hubiese dejado de ser útil para la prestación de un servicio público y/o que no hubiese sido factible utilizarlo para algún otro aprovechamiento en beneficio de la comunidad, siendo estos requisitos indispensables para justificar y sustentar la desincorporación, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 16 Fracciones I y II de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de B.C.”.
Dicho, en pocas palabras, fue ilegal la desincorporación y la
demolición de las instalaciones de la 8, por lo que Bustamante
ocasionó daño patrimonial al gobierno municipal de Tijuana, pero a casi 5 años de distancia, nadie se ha atrecvido a fincarle
responsabilidades.
Lo absurdo, Yolanda Enríquez, siendo Síndica del XX Ayuntamiento, respondió a tal señalamiento, aseverando que no hubo tal daño patrimonial, sino al revés, que la demolición de las instalaciones hizo que se incrementara el valor del predio y el actual Síndico, Arturo Ledezma Romo, dice que con eso, ese asunto ya está cerrado.
Muy bonita la Plaza de la 8, pero tiene una tacha, por no fincarle
responsabilidades a Bustamante. Como hacen los gatos, tapan con tierra las cochinadas. Bonita, pero apesta.
gil_lavenants@hotmail.com
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