Por Alfredo Calva (Primera Parte)
TOMADO DEL SEMANARIO BLANCOYNEGRO.MX
Finalmente después de casi dos años de haber sido presentadas denuncias en la subprocuraduría de justicia del estado, en contra del ex alcalde Javier Robles Aguirre, su Sindico Procurador y Tesorero, Roberto Perales y Manuel Zermeño, respectivamente, por parte de la Sindicatura Procuradora a cargo de Tomas de la Rosa, a través del área jurídica, el Ministerio Público turno algunas de estas denuncia al juzgado penal con sede en Rosarito con pedimento de orden de aprehensión en contra de los implicados.
Aunque las partes implicadas han intentado mantener en la secrecía lo anterior, ha trascendido que la causa de las turnaciones al juzgado que mayor impacto tiene en contra de Robles, Perales y Zermeño, es el no entero de las cuotas de prestaciones sociales que se le descontaron a los empleados de base y que no llegaron a las arcas del ISSSTECALI, por un monto de 29 millones de pesos.
De acuerdo al Síndico Procurador, las denuncias fueron presentadas en los primeros meses del 2014 y fue hasta hace unas semanas que el Ministerio Público se vio en la necesidad de turnar al juzgado penal algunas de ellas con el pedimento de ordenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios, debido a un amparo que interpuso ante la laxitud en su actuar del agente investigador.
Indico Tomas de la Rosa, que por los tiempos electorales en que se realiza la consignación con pedimento de órdenes de aprehensión, los acusados buscaran resguardarse en este tema e intentaran pasar por víctimas de una persecución política por parte del VI Ayuntamiento, sin embargo, los rosaritenses deben de recordar que las denuncias se realizaron a unos cuantos meses de asumir el gobierno la presente administración que encabeza Silvano Abraca Macklis, y en ese entonces no había posibilidad política alguna para los acusados.
De la acusación de 29 millones de pesos de cuotas no enteradas al ISSSTECALI que se le imputan al ex alcalde Robles Aguirre, hay que establecer que esta cantidad incluye un acumulado de anteriores administraciones que en su momento no enteraron los recursos a las arcas del ISSSTECALI, pero cierto es, que si no todo corresponde a Javier Robles, a él solo se le puede ejercer acción punitiva por los años comprendidos del 2011 al 30 de noviembre del 2013.
Y, con la agravante de que fue durante su gestión gubernamental, que el congreso del estado cuya prevalencia era priísta, se vieron obligados a cambiar la ley por el grave déficit financiero y económico que ya empezaba a resentir la institución por el no pago de las cuotas por parte de los gobiernos municipales y paraestatales, y tipifico como delito la retención de las cuotas para el ISSSTECALI que no fueran enteradas a la institución de beneficio social y salud de los trabajadores basificados, específicamente para los alcaldes y tesoreros, obviamente, en su caso, de los Síndicos Procuradores por omisión y colusión, como es el caso de Roberto Perales.
Javier Robles incumplió con la Ley de ISSSTECALIi consintiendo la falta de entero de las cuotas y aportaciones, préstamos hipotecarios y de corto plazo y pensiones y jubilaciones del 2%, establecidas en la Ley, sin haber causa que lo justifique.
Por lo que respecta a Manuel Zermeño, este omitió enterar de manera regular y oportuna al ISSSTACALI, las cuotas y aportaciones establecidas en la Ley sin haber causa que lo justifique y Distrajo el dinero previamente descontando de su salario a los trabajadores del municipio, y disponer de tales cantidades, sin realizar los pagos correspondientes. Y empleo el dinero del Municipio destinado para pagar las aportaciones de seguridad social, lo cual no fue realizado.
Y, Roberto Perales no actuó en consecuencia a pesar de que era su obligación vigilar el buen y correcto funcionamiento de la administración municipal, lo que lo convirtió en cómplice omiso de esta malversación de dinero en perjuicio de los trabajadores y del ISSSTECALI.
Si bien es cierto que el asunto es jurídico, este no queda blindado de lo político por los personajes implicados y por qué las partes han y seguirán empujando el tema para que sea resuelto en el tribunal de lo penal, los acusadores negaran los matices políticos y ansían verlos en prisión, los acusados lo tiñeran de colores políticos, hasta rayar en la victimización de una persecución gubernamental.
Por lo pronto los expedientes están en el escritorio del licenciado Ramón Donaciano Ruiz González juez de lo penal en Playas de Rosarito, para su estudio y valoración, de la que solo se podrán desprender dos acciones. Liberar las órdenes de aprehensión en contra de los ex alcalde, Síndico Procurador y Tesorero, Javier Robles, Roberto Perales y Manuel Zermeño, respectivamente.
O, retornar los expedientes al agente del Ministerio Público por no haber encontrado los elementos necesarios para mandar detener y encarcelar a los ex funcionarios municipales. En este inter las presiones por ambos bandos serán constantes e insistentes, el juzgador tendrá que dejar en claro por su salud jurídica y de imagen, que actuara conforme a derecho y a lo establecido en las pruebas documentales que integran las averiguaciones que le fueron consignadas.
Cabe destacar, que existen otras turnaciones con pedimento de órdenes de aprehensión referentes a las ya famosas bandas gástricas y a un robo de dinero de cajas recaudadoras, en donde sale a relucir el nombre del ex regidor Antonio Serret Rodríguez, quien tal parece que de nada le sirvió usar el dinero de las arcas para colocarse la referida banda gástrica para adelgazar, pero si lo metió en problemas judiciales.
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