En la primera plana del periódico La Jornada de Baja California, correspondiente a la edición de la semana comprendida del lunes 22 de febrero al domingo 28, del mismo mes, aparece una nota, firmada por el periodista Antonio Heras, que hace caer las máscaras de los involucrados en el fallido proyecto del llamado Zócalo 11 de Julio.
La información, indica que el gobierno de Baja California está obligado a reintegrar 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a recursos no ejercidos, del Fondo Metropolitano de Tijuana, supuestamente etiquetados para la construcción de la plaza cívica, entre el Palacio Municipal y el Centro de Gobierno del Estado, en la Zona Río de Tijuana, también conocida como “La Plaza del Capricho”.
El gobierno federal había destinado 96 millones 548 mil 400 pesos para dicha obra, al gobierno de Baja California, pero en todo momento se pregonó que estaba siendo promovida por un Patronato, encabezado por Carolina Aubanel Riedel, aspirante a alcaldesa de Tijuana, por la vía independiente.
El proyecto, fue dado a conocer en sesión de cabildo, durante la administración del XIX Ayuntamiento, encabezado por el panista Jorge Ramos Hernández y aunque no hubo objeción de parte de los ediles, fue identificada como “la plaza del capricho”, pues se inició y se empezó a construir, pese a que generó un fuerte movimiento opositor, que advertía se pretendía talar los árboles del parque central Benito Juárez.
Cabe observar que durante la administración del XX Ayuntamiento, encabezado por el priísta Carlos Bustamante Anchondo, no se hizo nada para frenar las obras, básicamente porque la señora Aubanel Riedel estuvo casada con el exalcalde, con quien procreó varios hijos.
Durante la actual administración del XXI Ayuntamiento, encabezada por el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, tampoco se intentó frenar las obras, pese a los múltiples reclamos de los grupos opositores, hasta que, en base a un juicio de nulidad de supuesto permiso de uso de suelo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretó la suspensión de las obras, hasta que se acreditara que se contaba con todos los requisitos legales para la realización del proyecto.
Al no cumplir las exigencias legales, en tanto que no exhibieron los documentos correspondientes, el 29 de septiembre del 2015, el Ayuntamiento de Tijuana se vió obligado a clausurar las obras, acatando orden al respecto de parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hace 5 meses de eso y las obras continúan suspendidas.
La Presidenta del Patronato, Carolina Aubanel, que continuaba ostentándose como promotora del Zócalo, aseguraba que las obras se reanudarían en cualquier momento y que fueron suspendidas tan solo porque se habían vencido los permisos, que habrían de ser renovados en breve tiempo e incluso que se interpondría amparo.
Hoy, con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, salió a relucir que en todo momento el proyecto ha sido del gobierno estatal, desde la administración del gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Que el Patronato de doña Carolina fue mero parapeto, para presentarlo como un proyecto ciudadano y para eludir las críticas. Desempeño el papel de “pararayos”.
Para 2014, a la administración del Gobernador Francisco Vega de la Madrid, el gobierno federal le autorizó, bajo el rubro del Fondo Metropolitano de Tijuana, 96 millones 548 mil pesos, pero al revisar la Cuenta Pública del 2014, la Auditoría Superior de la Federación detectó que no ejerció, o sea no aplicó o no invirtió en dicho proyecto, poco más de 70 millones de pesos, que deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación.
Entonces, surgen las verdades y caen las caretas de los involucrados. La obra no era un proyecto ciudadano, del Patronato encabezado por doña Carolina Aubanel. Todo lo que decía al respecto la ahora aspirante a la alcaldía de Tijuana, por la vía de los independientes, eran simples mentiras, pues la autoría del mismo ha correspondido en todo momento al gobierno estatal. Originalmente del entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán y actualmente del gobernador Kiko Vega.
Este proyecto se disfrazó de “ciudadano”, para eludir las críticas, pues los titulares del gobierno estatal han sabido que estaban impedidos para cambiar el uso del suelo de la zona donde se ubica el parque central Benito Juárez.
La zona, identificada como Manzana 231, con una superficie de 43,257.89 metros cuadrados, del fraccionamiento Zona del Río, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Julio de 1978, por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, autorizó a la Junta Federal de Mejoras Materiales a enajenarla, a título gratuito, a favor del gobierno del estado de Baja California, para construir una plaza cívica.
El decreto contenía una condición, que advertía que en caso de que : “Si el Gobierno del Estado de Baja California le diere a los inmuebles que se le enajenan, un uso distinto al señalado en este Decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesiones a favor del Gobierno Federal”. Por eso se inventó lo del Patronato de doña Carolina.
Ahora, no solamente queda al descubierto toda la treta, sino que el gobierno estatal deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, más de 70 millones de pesos que ya le habían autorizado para el mentado Zócalo y que no utilizó.
Quizás por eso doña Carolina anda desesperada, recolectando firmas ciudadanas, para competir por la alcaldía de Tijuana, tratando de salvar el proyecto.
Por algo dicen que : “lo que mal empieza, mal acaba”.
También se aplica aquello de que : “dios no cumple antojos, ni endereza jorobados”. Caen máscaras.
gil_lavenants@hotmail.com
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