Cuando el gobierno, de los tres niveles, no puede, o simplemente no quiere, concluir una investigación, respecto a un determinado asunto, emite una resolución, aunque sea inverosímil, y lo declara total y definitivamente cincluído. A esto se le conoce o identifica como “carpetazo”.
Esto es lo que está tratando de hacer el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, con el asunto de los normalistas de Ayotzinapa. Ocurrida la tragedia, hizo, o aparentó hacer, una exhaustiva investigación, y logró muy poco.
Pese al aparente interés mostrado, el gobierno de Peña Nieto no pudo resolver positivamente la petición de los padres de los normalistas y de la ciudadanía en general : regresar vivos a los normalistas desaparecidos.
Lo que encontraron, no lo buscaban. Decenas de fosas clandestinas. Restos de víctimas, que nadie buscaba. Que nunca nadie identificará. Cuyos familiares lloraron en el momento en que los dieron por desaparecidos, pero que ninguna autoridad se preocupó por localizarlos.
Por lo que respecta a los normalistas de Ayotzinapa, y de quienes la versión oficial indica que fueron privados de la libertad, incinerados y sus restos arrojados al río, solo de unos cuantos lograron su identificación, a través del ADN. Los demás, simple y sencillamente los declararon legalmente muertos, aunque ni siquiera se pueda acreditar esto.
La experiencia de esta tragedia, es enorme y sumamente lamentable. Extensas zonas del país, están en manos del crímen organizado. La Secretaria de Gobernación, otrora poderosa oficina gubernamental, que tenía en un puño la vida y milagros de los mexicanos, con este asunto concreto se mostró exageradamente débil e insensible.
Parece increíble, que la Secretaría de Gobernación, que en otros tiempos contaba con observadores permanentes en puntos estratégicos del país, ahora es, una mera oficina administrativa. Un órgano burocrático, que es ajena a la política interna del país.
Si el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, tuviese vergüenza, o el Presidente Enrique Peña Nieto, el valor y sensatez de reconocer las fallas en que incurrió dicho funcionario federal, ya le hubiese cesado fulminantemente.
Es imperdonable, que no haya percibido la descomposición social que se está registrando en importantes zonas del país y en especial en el Estado de Guerrero. Que el crímen organizado ha establecido estrechos vínculos con los políticos en el poder. Especialmente, los políticos de la izquierda. Básicamente perredistas. Son descuidos injustificables.
Lo delicado, es que, en lugar de admitir que en su origen fue un asunto político, el gobierno federal incurrió en otro error, igualmente grave, al manejarlo como un tema policiaco.
Lo que se conoce hasta el momento, refiere acciones macabras, de individuos desalmados, vinculados con el narcotráfico y estrechamente ligados con gobernantes, lo que dió el efecto de un coctel trágico.
Tal vez por la impresión de los hechos de sangre, el gobierno federal volcó todos sus esfuerzos en el aspecto criminal. Tratar de saber qué fue lo que realmente ocurrió, pensando que identificando y atrapando a los autores intelectuales y materiales de la masacre, los familiares de las víctimas calmarían su sed de reclamos.
A 4 meses de distancia, los resultados de las investigaciones, no son del todo satisfactorios. Hay varios detenidos, que están siendo procesados, pero no han podido localizar los cuerpos de los normalistas, para acreditar que efectivamente fueron asesinados.
El Procurador General, Jesús Murillo Karam, no encuentra la puerta. Ya se le agotaron los argumentos para justificarse ante los familiares de los normalistas desaparecidos, que siguen reclamando el regreso de sus hijos. Vivos se fueron, vivos los queremos de regreso, es la proclama.
Desesperado, y sobre todo cansado, Murillo Karam, ha decidido dar “carpetazo” al asunto. Declaró legalmente muertos a los normalistas, aunque no hayan sido localizados sus restos. Lo irónico es que, dentro de algunos meses, los supuestos autores intelectuales y materiales, salgan en libertad, por falta de méritos. Por violaciones al debido proceso.
Lo más delicado, es que el gobierno federal no parece atender el aspecto político del caso Ayotzinapa. Los reclamos de los padres de familia y de la sociedad en general, no parece algo natural, sino algo impulsado o promovido por intereses oscuros. Se intuye que alguien está financiando los movimientos sociales, para presionar al gobierno de Peña Nieto.
Tratando de evitar mayores reclamos, el gobierno federal ha dejado a los grupos de presión que sigan desquiciando la vida citadina de muchas poblaciones, ocasionando daños materiales y bloqueo de vialidades, sin que haya intentos serios para frenarlos.
De paso, los conflictos de intereses, en los que ha resultado involucrado el propio le Presidente de la Repúbica, Enrique Peña Nieto, le descalifican para intentar cualquier acción de combate a la corrupción. Ni siquiera para hacer llamados a la responsabilidad y a la lealtad a las instituciones nacionales.
Y si bien es cierto que se empiezan a observar rasgos de mejoría en la macroeconomía nacional, la economía de los mexicanos sigue siendo un desastre. También es cierto que se ha evidenciado la torpeza de los colaboradores cercanos a Peña Nieto, sobre todo en el terreno político. En esos temas, verdaderamente trascendentes, no se pueden dar “carpetazos”.
gil_lavenants@hotmail.com
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