Por Alfredo Calva
La problemática que se vive en el municipio de Playas de Rosarito con el transporte público, no es diferente a lo que sucede en ese mismo sector en el resto de los municipios de la entidad.
Sobresaturado de unidades obsoletas, inseguras y con un costo que no se reflejaba en el servicio al usuario, entre las regulares, aquellas que cuentan con el permiso correspondiente de la autoridad y los vehículos clonados, piratas y los que operan bajo el esquema de amparo del tribunal de lo contenciosos administrativo, generan un verdadero caos y descontrol en la demarcación, generando beneficios económicos a unos pocos y provocando perjuicios como siempre a los usuarios.
En la administración de Hugo Torres, se realizo un análisis de la flotilla que operaba en todas sus modalidades prestando el servicio de transportación a los ciudadanos rosaritenses, n el ámbito local, como en el intermunicipal, y el resultado que arrojo este estudio fue de 1326 unidades regulares y más de 400 vehículos circulando de manera irregular.
Y pese a ello, concedieron un incremento al costo del servicio del 25 por ciento, sin obligarlos a modernizar las unidades.
Por tal motivo, la entonces administración chavertista a través de su cabildo decreto una veda en el otorgamiento de permisos a ese sector y ordeno la ejecución de un Plan Maestro del Transporte Público Municipal, en el que quedaron plasmadas las acciones a seguir por los gobiernos locales durante los siguientes 20 años, para dar ordenamiento y tener control del servicio del transporte público.
Sin embargo, en la administración de Javier Robles, no se llevo a efecto ninguna acción que permitiera normar y regular a ese sector, por el contrario, tendió el gobierno roblista a favorecer a los transportistas identificados con su partido, el PRI, a quienes les concedió nuevas rutas y poner en circulación más número de unidades, antiguas, inseguras y contaminantes, lo que genero la molestia de transportistas que no comulgaban con los tricolores.
A lo anterior, se suman los actos de ilegalidad en el otorgamiento de permisos y concesiones, pese a la veda existente, ediles, funcionarios y la propia Sindicatura, se coludieron para que todo lo indebido e ilegal funcionara para sus amigos y protegidos, y acotando a los enemigos políticos del transporte en sus reclamos de derechos, rutas y concesiones.
Y como cereza al pastel transportista, el cabildo les autorizo un aumento del 25 por ciento al costo del servicio.
Hoy, en el VI Ayuntamiento la situación sigue igual, solo cambio el bando, ahora los protegidos de la autoridad son aquellos que en el trienio anterior se vieron reprimidos, están cobrando venganza, cuentan con la protección de la dirección de transportes y obviamente de la Secretaria General de Gobierno, es por ello que tienen circulando taxis piratas disfrazados con números de unidades que no han sido refrendadas.
Esa es la forma en que intentaran ocultar los 147 taxis que traían circulando de manera irregular y que por presiones de los transportistas afectados encabezados por Miguel Calles y Alfredo Amaro Mata, que irrumpieron en sesión de cabildo obligando a sus miembros a acordar el retiro de circulación de esas unidades que son protegidas por la dirección de transporte y la Secretaria de Gobierno, gracias a los oficios realizados en esas dependencias por el dirigente de esos transportistas, Jaime Ibarra.
La irrupción al recinto del cuerpo edilicio expuso y puso en evidencia y riesgo la integridad del alcalde Silvano Abarca, de los regidores, así como la del Sindico Procurador, gracias a la indolencia e indiferencia de Fernando Serrano, para actuar en contra de las unidades irregulares en circulación por su interés personal, harto a los transportistas afectados orillándolos a actuar de esa forma.
La falta de atención de los regidores en el tema del transporte público especialmente de la comisión del sector presidida por la regidora Suldma Beltran, ha servido para que Jaime Ibarra actué a su conveniencia y bajo los acuerdos con la dirección de transportes, quien a su vez es instruida por la Secretaria de Gobierno, cuyo titular presume del manejo a voluntad de los ediles en los temas que a él le interesan y le son sustantivos, y uno de estos, es el transporte público.
De continuar los regidores con la sumisión parlamentaria hacia los intereses de Fernando Serrano, los problemas en el sector transportistas irán en aumento, ya les dieron una muestra de lo que puede suceder, ya lo advirtieron los trabajadores del volante, o hacen su trabajo y cumplen con su responsabilidad y se desprenden del manipuleo y control que ejerce Serrano García en ellos, o serán corresponsables de las consecuencias.
Deben y están obligados a aplicarse, tienen la solución en sus manos, solo hay que poner en marcha el Plan Maestro de Vialidad, no pueden, ni deben seguir siendo las marionetas parlamentarias de la Secretaria de Gobierno.
Solo así pondrán orden y control, normando al sector transportista.
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