Por primera vez, luego de más de 4 años de controversias y balandronadas, se está haciendo un estudio serio sobre la viabilidad o factibilidad de la realización del llamado “Zócalo 11 de Julio”, en Tijuana, promovido por un Patronato, encabezado por la empresaria Carolina Aubanel Riedel y varios de sus empleados.
Aún cuando el estudio apenas empieza, pues la información que se ha manejado al respecto, no es clara, ni suficiente, de entrada se puede advertir que el proyecto no es viable, o sea que no tiene probabilidades de realización, por el simple hecho de que se trata de un grupo de particulares, que actúan como si fuesen los dueños de Tijuana, y que pretenden disponer de bienes de dominio público, como si se tratase de propiedad privada, lo cual es más que absurdo.
La finalidad mercantil, salta a la vista. Evidentemente, el mentado proyecto, bien podría referirse como “El Zócalo, S.A. de C.V.”. Promovido como “un gran centro cívico que represente el punto de encuentro para los tijuanenses”, se pretende conste de 6 plazas, estacionamiento en tres niveles para más de 2 mil automóviles, 8 mil metros cuadrados de área cubierta, para todo tipo de exposiciones, zona de servicios con 67 módulos, entre otras cosas. Todo esto, susceptible de explotación comercial. Obvio.
A través de argucias e influencias políticas, como ha sido hasta la fecha, los promotores, presionaron y lograron, que la Comisión de Régimen Interno del Cabildo del XXI Ayuntamiento, que preside el Regidor Jorge Escobar Sánchez, convocara a regidores y funcionarios municipales, a fin de que les presentaran el “fabuloso” proyecto.
Obviamente, la intención era que todos quedaran apantallados, que reconocieran los enormes “beneficios” que generaría a los tijuanenses y que se allanara el camino para su realización. Sin embargo, como dicen vulgarmente, “les salió el chirrión por el palito”, o “el tiro por la culata”, como mejor les parezca.
No solamente hubo serios cuestionamientos, sino que al final, a lo más que se llegó, fue que el tema fuese turnado, para su análisis, a las Comisiones conjuntas de Desarrollo Urbano, que encabeza el Regidor Martín Plascencia, y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezada por el Regidor Luis Felipe Ledezma.
Durante la administración del XX Ayuntamiento, que encabezaba su exesposo Carlos Bustamante Anchondo, los deseos de doña Carolina Aubanel, eran considerados como órdenes. Cuidado de aquel que se atreviese a cuestionar o a poner en tela de duda, alguna gestión o trámite relativo al Zócalo.
Hoy, tal parece que se le acabó “su buena suerte”. Uno de los dos Regidores, a cargo del estudio sobre el proyecto de el Zócalo, Luis Felipe Ledezma Gil, es precisamente quien apenas el pasado 19 de junio, presentó una denuncia conjunta y mancomunada, ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, “por el uso indebido e ilegítimo de los bienes del patrimonio público y por la criminal tala e ilícito trasplante de árboles en el Parque Central (Benito Juárez) en la Zona Río Tijuana”.
En la denuncia en mención, en base a la cual se inició la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1330/14/M-IV, el Regidor Ledezma señala como presuntos responsables, a un total de 19 personas, de los cuales 12 son funcionarios y exfuncionarios públicos, el Arzobispo Rafael Romo Muñoz y seis particulares.
Estos últimos, son precisamente los promotores de este proyecto, integrantes del Patronato “Plaza 11 de Julio”, Enrique Mier y Terán, Raymundo Arnáiz Rosas, Carolina Aubanel Riedel, María del Carmen Flores Avila, Roxana Di Carlo y Fernando Martínez.
El llamado Patronato “11 de Julio”, es una asociación civil y se ostenta como grupo no gubernamental y sin fines de lucro “conformado por líderes de opinión y de reconocida solvencia moral cuya participación relevante y asesoría oportuna en la ciudad contribuirán de manera significativa al bue n desarrollo del proyecto más importante en la infraestructura y equipamiento de la ciudad de Tijuana”.
El problema principal, es que el llamado “Zócalo”, pretenden construirlo en terrenos de dominio público, casi en su totalidad, de uso común, como parque, calles, banquetas o accesos peatonales, estacionamientos vehiculares, zona federal del Río Tijuana y otras más, sin estar facultados para ello.
No entienden, que ningún particular puede disponer de bienes de dominio público, o sea propiedad del gobierno, en este caso del gobierno municipal de Tijuana, si no cuenta con autorización expresa para ello. La única forma, es que el Ayuntamiento se los otorgara en concesión, pero esto no es factible, tratándose de bienes de uso común, como banquetas, accesos peatonales, vialidades y zonas arboladas y de recreación.
También es importante destacar y precisar, que ningún particular, como en este caso, puede promover la captación de recursos públicos o privados, para la realización de obras en terrenos de dominio público, sin estar facultado para ello, y en caso de hacerlo, puede estar incurriendo en actos y hechos presumiblemente delictivos, pues serían recursos públicos que tendrían que entregar de inmediato al gobierno de la ciudad, para su guarda y administración
En este caso, ellos mismos presumen que ya recibieron del gobierno federal unos 100 millones de pesos y que en breve les entregará 150 millones más. Así mismo, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, les entregó diversas cantidades de dinero, en base a un convenio de participación, celebrado el 7 de enero del 2013.
No cabe duda, todo lo que se ha dicho, respecto al llamado zócalo, ha sido un mero bluff, engaño, fanfarronada, balandronada, jactancia, apariencia, bravata o farol. El proyecto no es viable. Al menos no lo es, promovido por una organización con finalidades o propósitos mercantiles. Pronto, todo esto saldrá a relucir.
gil_lavenants@hotmail.com
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