Muchos saben, casi con plena seguridad, que el establecimiento de los centros de verificación vehicular en la entidad, no fue motivado por el supuesto interés del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, de cuidar la salud de los bajacalifornianos, ante los supuestos altos índices de contaminación ambiental, sino simple y sencillamente, para cumplir compromisos políticos con el controvertido Jorge Kawaghi.
Ya se sabe, que no hubo dictamen de inconveniencia o imposibilidad del gobierno estatal, para establecerlos con sus propios recursos, requisito básico para poder otorgarlos en concesión a particulares, en atención a lo cual, las concesiones para instalar verificentros, fueron otorgadas ilegalmente.
También se sabe, que la campaña mediática, emprendida por el gobierno estatal, alarmando a los bajacalifornianos, advirtiendo que Tijuana y Mexicali, son las ciudades más contaminadas del mundo, fue puro cuento, aparentando que la contaminación era generada por el parque vehicular. Que por eso urgía instalar los verificentros y el hacer obligatoria la verificación, para el canje de placas y renovación de tarjetas de circulación.
Que no obstante, los actuales legisladores, e incluso el propio Gobernador Francisco Vega de la Madrid, se confabularon para imponer este programa, “contra viento y marea”. Actuaron como las pandillas. Cada uno desempeñó su papel, conforme a lo pactado.
Por eso, resulta irónico, que los concesionarios, hayan decidido acudir a la vía judicial, para reclamar al gobierno estatal, el pago de unos 400 millones de pesos, por concepto de quebranto financiero, debido a los decretos que eliminaron, aunque sea temporalmente, la obligatoriedad de la revisión vehicular. Como dice el refrán : cría cuervos, y te sacarán los ojos”.
Ante las presiones sociales y el malestar general ocasionado por la reforma hacendaria, Gobernador y legisladores, establecieron un período de gracia, de 100 días, durante el cual dejó de ser obligatoria la verificación.
Los concesionarios de los verificentros, argumentan que esa suspensión, les ocasionaron daños y perjuicios, porque, al no estar operando, toda vez que nadie acudía a la verificación, tuvieron que reducir personal, y ahora enfrentan demandas por despido injustificado, ante los tribunales laborales.
Por eso, 12 de los 16 concesionarios, acudieron a la vía judicial, a reclamar al gobierno estatal, que les paguen más de 400 millones de pesos, por daños y perjuicios. Resulta lógica la reacción, pues instalaron los verificentros, para hacer dinero, no para combatir la contaminación ambiental.
Aquí es donde cabe aplicar, aquel refrán que advierte : Cría cuervos, y te sacarán los ojos”. Osuna Millán y Vega de la Madrid, recurrieron a todo tipo de artimañas, para que siguiera vigente el compromiso político contraído con Kawaghi. Pusieron “oídos sordos” a los cuestionamientos, señalamientos y acusaciones, pese a que les han de haber zumbado feo los oídos, por tantos recordatorios familiares.
Y el problema es, que esta farsa, les costará a los ciudadanos bajacalifornianos, que gracias a José Guadalupe y Francisco Arturo, tienen qué cubrir un gasto adicional, al gestionar el canje de placas o renovación de tarjeta de circulación.
Según conocedores de este tema, los concesionarios invirtieron aproximadamente 203 millones de pesos, más unos 74 mil 750 pesos que tendrían que pagar por las demandas laborales de sus empleados.
Sin embargo, por supuestos daños y perjuicios, dizque generados por el plazo de gracia de los 100 días, los concesionarios reclaman el pago de 406 millones de pesos, o sea 202 millones 925 mil 250 pesos. Más que lo invertido.
Por lo tanto, la recomendación al gobierno estatal, es que se proceda a la cancelación de las concesiones relativas a los verificentros, declarándolas nulas, en atención a las irregularidades en que se incurrieron, regresándoles lo invertido, que es mucho menos que lo que ahora reclaman, tan sólo por daños y perjuicios.
Hace unos días, en Mexicali, durante la sexta asamblea ordinaria de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, destacaron las negociaciones ilícitas en el otorgamiento de las concesiones para instalar los 16 verificentros.
La crónica de dicho evento, refiere que Herman López Frank, Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, señaló : “nosotros, al analizar estas circunstancias, nos hemos dado cuenta que aquí, de lo que más se trató, fue de una negociación ilícita, celebrada entre servidores públicos del gobierno anterior, principalmente del exgobernador Osuna Millán y del finado Blake Mora”.
Así mismo, manifestó que hay más funcionarios públicos, de la administración anterior, involucrados en esto, incluído el entonces titular de la Secretaría de Protección al Ambiente, Sócrates Bastidas Hernández. Indicó que este negocio, representa una ganancia anual de 1 mil 200 millones de pesos.
Por ello, y a fin de dar por terminadas estas cochinadas, los abogados se pronunciaron porque el gobierno estatal, cancele las concesiones y pague a los concesionarios unos 200 millones de pesos, por lo invertido, y no los 400 que reclaman, dizque por daños y perjuicios. De no hacerlo así, ellos procederían a hacer la denuncia correspondiente, “caiga quien caiga”. Y sigan criando cuervos.
gil_lavenants@hotmail.com
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