Como reguero de pólvora –y no es una simple ironía- corrió ayer la noticia sobre la orden de aprehensión girada por un juez federal, en contra de Guillermo Trejo Dozal, Secretario General de Gobierno, el segundo en importancia, de la administración estatal, después del Gobernador Francisco Vega de la Madrid. Sin duda alguna, un bombazo político.
La orden fue librada desde el pasado 31 de enero, del año en curso, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, Lic. Pedro Jara Venegas, dentro del proceso penal 21/2014. Probablemente los indiciados desconocían dicha resolución, aunque sabían del procedimiento en su contra, pues las víctimas comparecieron a declarar ante el Ministerio Público Federal.
La orden de aprehensión, claramente señala que se ordene a elementos de la Policía Federal Ministerial, que se proceda a la detención de Raúl Ernesto Granier Capillo y Gilberto Sing Hurtado, ambos en su calidad de Presidente de la moral Latino Servicios de Salud, S.C. y/o Latino Health Care, Guillermo Trejo Dozal, Secretario del Consejo de Administración, así como José Fernando Moncada González, apoderado legal.
Los inculpados, como quien establece un tendajón de abarrotes, o un puesto de tacos, constituyeron la empresa y se dedicaron a vender seguros médicos, sin contar con la autorización federal correspondiente.
En el expediente, se hace mención de 13 contratos de prestación de servicios médicos, a Poiriez Properties, Inc., Interiores Aéreos, S.A. de C.V., Aisling Industries Corp, Valley Spreader Inc, International Managment Services, Suterm Sección 83, Honeywell Turbo Tchnologies, Instituto Salvatierra, Furukawa de México, S.A. de C.V., Ferbis, Grupo García Montaño, S.A. de C.V., Ochoa y Asociados, S.C. y Panasonic Electric Works Mexicana, S.A. de C.V.
Las empresas, se comprometieron a pagar a la prestadora, mensualmente, determinada cantidad de dinero, por cada miembro y dependiente del participante, descontándoselo vía nómina, para entregarlo a la prestadora en su domicilio o vía trasferencia bancaria.
Por su parte, la prestadora se obligaba a brindar los servicios médicos contratados, ya sea de consulta externa, servicios hospitalarios, atención de urgencias, consulta general y/o especializada, cuidados intensivos y demás servicios, establecidos en un anexo al contrato.
Los directivos de la prestadora, establecieron en los contratos una cláusula quinta, en la que precisaban que : “Los servicios médicos ofrecidos por el “prestador”, no constituyen una operación activa de seguros, en virtud de que se proporcionan por un medio mercantil de prestación de servicios, otorgados estos en las instalaciones propias o rentadas del “prestador”, y en ningún momento se establece una contraprestación como indemnización de dinero por parte del “prestador”, otorgando estos sin ofender a lo establecido por el Artículo 3º., fracción I, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”.
Sin embargo, el juez federal observa que dicha cláusula constituye una manifestación unilateral sin sustento o apoyo legal alguno, y no contaba con la autorización correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar operaciones activas de seguros.
Incluso, advierte que el artículo 3º., en su tercer párrafo, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, “se considerará como operación activa de seguros la prestación de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la salud a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado, mediante el pago de una cantidad de dinero, conforme a lo establecido en los artículos 7º., fracción II, inciso c), y 8º. Fracción V, de la; es decir, es una contraprestación de servicios, no una indemnización por parte del que ofrece el servicio”.
No hay vuelta de hoja, el brazo derecho de Kiko Vega, puede ser detenido en cualquier momento. Y conste, por tratarse de un delito federal, no está al alcance del Gobernador, apoyar o rescatar a su amigo y colaborador, quien seguramente en estos momentos “ya puso pies en polvorosa” y ha de andar huyendo.
Aunque no es un delito cometido dentro de la administración pública, constituye un bombazo político, pues el inculpado, Trejo Dozal, es casi el gobernador administrativo de la entidad. Kiko ha de estar azorado en estos momentos.
Y aunque dicen que en política todo puede pasar, se dá casi como un hecho que dentro de poco, Trejo Dozal despachará desde el interior de un centro penitenciario, lo que dañara feamente al equipo kikista, que inevitablemente habrá de ser reestructurado.
Podría decirse, que la finalidad de los contratos, no era precisamente de carácter ilícito, aunque sí la forma. Pero nadie, siendo adulto, puede llamarse sorprendido, sobre todo, nadie puede invocar inocencia, por mero desconocimiento de la ley.
De paso, las empresas afectadas, están en su derecho de hacer reclamaciones por la presunta comisión del delito de fraude, pues Trejo Dozal, y sus socios, ofrecieron servicios médicos, sin contar con la autorización oficial para ello, e incluso trataron de hacer aparecer que estaban actuando dentro del marco de la ley, lo que constituye un engaño y por lo tanto se configura el fraude.
Esto apenas empieza. Kiko Vega tendrá que recurrir a sus asesores más experimentados, para tratar de desligarse de este bombazo político, aunque no hay duda que las ondas expansivas le alcanzarán y dejarán muchos damnificados.
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