Los políticos, sí que no tienen vergüenza. En la función pública, manejan los dineros del gobierno, como si fuesen de su propiedad, siempre derrochadores y frívolos. Pero cuando se trata de hablar sobre las prestaciones de los trabajadores, adoptan postura de patrones y regatean hasta los centavos.
A los políticos, les valen gorro, las necesidades sociales. La economía de ellos, “gracias” a la política, es solvente. Ganan muy bien, aunque trabajan poco. Se les olvida, que no hace muchos, la mayoría andaba “con una mano atrás y otra delante”, que tuvieron que recurrir a la hipocresía, que les sale bastante bien, para que votaran por ellos.
Pero ya en el cargo público, se llenan de arrogancia. Se sienten miembros de la realeza, herederos de los más recalcitrantes hacendados, inventores de las “tiendas de raya”. Serían orgullosos miembros de cualesquier organización patronal.
Casi todos son iguales. Desde el Gobernador, pasando por los legisladores, hasta los alcaldes. Según ellos, no deberían de existir los empleados de base, los sindicalizados. Que fuesen libres, para hacer con ellos lo que les plazca.
Y ahí los tienen. Lo que ocurrió con el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, está pasando con el guerito carismático, de los ojos claros, Francisco Arturo Vega de la Madrid.
El 7 de noviembre de 2011, Osuna Millán presentó a la Legislatura Estatal, un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Civil, que es la versión de la Ley Laboral para los empleados de gobierno. Pretendía aniquilar gran parte de las prestaciones de los sindicalizados, con una propuesta firmada en conjunto con los cinco alcaldes priístas.
Para fortuna de los burócratas, o sea los empleados de gobierno, eran tiempos políticos. Empezaba a calentarse el ambiente, hacia los comicios del 2013, y nadie quizo pagar los “platos rotos”.
Los Alcaldes se zafaron, revelaron que Osuna Millán se los había comentado, pero que casi los obligó a firmar, bajo el supuesto de que les daría recursos, para salir del atolladero financiero en que se encontraban.
Por su parte, los legisladores, siendo mayoría priísta, bajo la tutela de Fernando Castro Trenti, aspirante a Gobernador, decidieron darle la espalda al entonces Jefe del Ejecutivo Estatal, y enviaron el proyecto al bote de la basura.
Ahora, está haciendo lo mismo, el Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid. El que dice que tiene mucho corazón para gobernar y que afirma que con él, la gente manda. Retomó el proyecto osunamillanista, le pulió y destacó el corte eminentemente patronal y de nueva cuenta, cual vil cacique, pretende cancelar las prestaciones de los empleados de gobierno.
El pasado 29 de marzo, del año en curso, Kiko presentó su proyecto en el Congreso del Estado. Pretendían aprobarlo, con dispensa de trámite, pero se les hizo demasiada osadía, así es que tuvieron que enviarlo a Comisiones, para su discusión, modificación y aprobación.
Se estuvo manejando, prácticamente en lo oscurito. Se dice que, por instrucciones de Kiko, el exdiputado local Gilberto González Solis, ya tenía preparado todo, para que en el pleno del 17 de abril, mediante mayoriteo, en atención a negociaciones con la gran parte de los integrantes del Congreso del Estado, se lograra la aprobación.
Para ello, también habían negociado con Victoria Bentley, lidereza sindical estatal. Quien incluso habla linduras del proyecto, postura que le ha ganado la calificación de traidora, por los dirigentes y sindicalizados del resto del estado.
Los deseos e instrucciones de Kiko, por el momento se vieron frustrados. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXI Legislatura, encabezada por el diputado perredista, Roberto Dávalos, se negó a acatar la consigna del “fast track” y decidieron consultar a los sindicalizados, antes de someter a votación este asunto.
El proyecto de reforma, es un verdadero “frankestein”. Provoca el terror de cualquiera. Entre otras cosas, eliminan a los trabajadores de organismos descentralizados e incluso modifican el nombre de la Ley, para ello.
Se elimina al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como autoridades laborales. Porque ahí se frenan muchas de las actitudes caciquiles, en contra de los trabajadores. Violan los principios generales de derecho laboral, como el pretender que la relación laboral inicie en base al nombramiento, contrato o cualquier otro, cuando que el derecho laboral advierte que inicia, a partir de que el trabajador presta un servicio personal y subordinado al patrón, independientemente de que no exista nombramiento o contrato.
Aumentan al gusto la clasificación de los trabajadores, para que en lugar de ser de confianza y de base, sean definitivos, interinos y provisionales. Les faltó incluir a los meritorios, esos empleados, que, sin recibir un salario, prestan servicios de a gratis, con la esperanza de algún día ser empleados formales. Todo, considerando la naturaleza del servicio y la duración.
Total, son tantas las aberrantes pretensiones, caciquiles, que los trabajadores de gobierno, prácticamente quedarán como simples esclavos. Lo irónico, es que tales pretensiones, las fundamentan, como un acto desesperado, para aliviar la crisis financiera del gobierno estatal, municipales y organismos descentralizados.
Que ni se hagan tontos. Son más los empleados de confianza, que los sindicalizados. Las nóminas oficiales “engordan”, por los recomendados de los gobernantes, al inicio de sus gestiones. Y en cuanto a los pretendidos ahorros, que les amarren las manos –aunque lo ideal sería que se las cortaran- para que dejen de saquear las arcas públicas.
Ya es tiempo de que la ciudadanía despierte, para frenar a estos políticos sin vergüenza. Parecen patrones. Meros caciques explotadores.
gil_lavenants@hotmail.com
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