Sólo eso faltaba, para evidenciar los afanes mercantilistas, tanto de los legisladores locales, como del gobierno estatal, en torno al asunto de los verificentros. La mayoría opera sin certificación para ello y al parecer son evasores fiscales, pues no expiden facturas por el cobro que efectúan. Esas son “chuecuras”.
Tan estricta que está la autoridad estatal, avalada por los flamantes legisladores, pero, irónicamente, no tiene ni la mínima precaución de verificar, que los citados verificentros cumplan con la normatividad correspondiente para ello.
La nota la dió José Carmelo Zavala, Presidente de la Región Noroeste del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, que forma parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., institución que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad, tales como los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación, Proveedores de Ensayo de Aptitud y Organismos Verificadores/Validadores de Emisión de Gases Efecto Invernadero (OVV GEI).
En entrevista con Fernando Castro Loya, reportero del periódico El Sol de Tijuana, cuya nota fue publicada en la edición de ayer domingo 19 de Enero, Zavala señaló que solamente 5 de los 16 verificentros que operan en la entidad, tienen el aval de la EMA, que es la encargada de supervisar el cumplimiento de las normas mexicanas de tipo ambiental, y que por lo tanto, están funcionando de manera ilegal.
El colmo de los colmos, que los encargados de verificar la emisión de contaminantes de vehículos automotores, no estén facultados para ello. Y si no lo están, seguramente lo es porque sus propietarios, sean personas físicas o morales –al igual que los legisladores locales y las autoridades estatales- no saben nada de esto.
El establecer y operar los citados verificentros, no es tan simple como instalar un taller mecánico. Se puede acudir a los remates de equipos viejos o de desecho en el sur de California, donde es común que se realicen verificaciones de emisiones de tóxicos, rentar un local o terreno y listo. Pero además, se debe contar con el aval de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. En Baja California, de los 16 verificentros que operan en Baja California, sólo 5 reúnen los requisitos para ello.
El denunciante dijo que al tratarse de una concesión de gobierno, las empresas deben facturar y no andar "a salto de mata o correr su propio riesgo sin facturar", cuando es a los concesionarios a quienes más la autoridad debe exigir legalidad y una cultura de pago de impuestos.
Al respecto señaló que : "Esta es una concesión a empresas, tiene entonces el gobierno que concesiona, ser más exigente que con cualquier otra empresa. Una empresa de estas, como los verificentros, deben cumplir con todas las reglas, de todo tipo, ambientales y, por ejemplo, deben facturar, si no entonces el gobierno estatal cómo dá una concesión a alguien que no puede facturar, que está evadiendo el Fisco, no es correcto".
Subrayó, que de 16 verificentros del estado, sólo 5 están acreditados como unidades de verificación por la Entidad Mexicana de Acreditación, que supervisa que sean capaces de hacer cumplir y medir el cumplimiento de las NOM 045, 041 y 047 sobre emisiones a la atmósfera, lo cual consideró que es grave, porque según la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deben certificarse y en el portal de la EMA, www.ema.org.mx no están más que 5 verificentros de los 16.
"Unidad de verificación –añadió- quiere decir que soy una empresa autorizada para medir una Norma Oficial Mexicana. Aquí se usan 3 normas oficiales mexicanas para emisiones a la atmósfera, la NOM 041, 045 y 047, las 3 tienen que ser acreditadas en cada verificentro, en ese domicilio y con esos técnicos responsables, de que saben hacer cumplir y medir esa norma. No puedes poner una entidad que no cumple con la ley, para cumplir una ley, es una paradoja".
Y no sólo eso, observó que el acuerdo tomado por el Congreso del Estado, el pasado jueves, que prevée 100 días de gracia en los que la verificación no será requisito para renovar las placas de circulación, e incluso obtendrán un 12% de descuento en el pago quienes hagan la verificación, en su opinión, este decreto es para "ganar tiempo" y que sigan las negociaciones. Dicho en otras palabras, el dizque “plazo de gracia” de los 100 días, no fue para beneficiar a los ciudadanos, sino para tener tiempo de que los verificentros se regularicen conforme a la normatividad aplicable.
Luego comentó, que critican al gobierno mexicano de que "se gobierna por decretos, se hace una ley y luego se va corrigiendo", y dijo que esto es lo mismo que está pasando con el tema de los verificentros, lo cual no da certidumbre en el largo plazo, observando que todo este "menú de intereses, unos bien claros sobre la mesa y otros encubiertos, que se mantienen debajo de la mesa", son parte de nuestra realidad política estatal.
Entre otras cosas, recomendó que el programa se enfoque, en una primera fase, en los carros de uso intensivo, es decir, las flotillas de todas las entidades de gobierno, de empresas y el transporte público, y señaló que con esto se impactaría en 80% la calidad del aire en ciudades como Tijuana, donde el transporte significa el 20% del parque vehicular.
Obviamente, ni la autoridad estatal, ni los flamantes legisladores locales, tienen idea respecto a las normas de control ambiental. Unos negocian con la salud de los bajacalifornianos y los otros también, suponiendo que la contaminación se combate simplemente con decretos.
Podría decirse que, por ignorantes, avalan “chuecuras” como las de los verificentros, pero, la verdad, existen temores fundados de que todo es por cuestión de dinero. El mercantilismo, pues.
gil_lavenants@hotmail.com
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