Cuando alguien desconfía o sospecha de que un vehículo, que le ofrecen en venta, sea de dudosa procedencia, o definitivamente robado, puede acudir a la Agencia del Ministerio Público, especializada en vehículos robados, para que “le corran la serie”. Se trata de una numeración que aparece estampada en una pequeña placa, generalmente localizada en el interior del vehículo, en la parte inferior del parabrisa frontal.
“Correr la serie”, es introducir en un sistema informático, los números de fábrica, colocados en el chasis del vehículo, para verificar si es que existe algún reporte de robo, tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos, de acuerdo al alcance del mismo.
Cabe observar que ésta expresión también se utiliza, para indagar si es que algún individuo tiene antecedentes penales, que esté sujeto a proceso, o que ha sido denunciado penalmente, ya sea para integrar la indagatoria o para ponerlo a disposición del juez competente, o simplemente para el caso de que el antecedente penal correspondiente sea un impedimento para ocupar determinado cargo público.
El caso es que, con los cambios de gobierno, tanto a nivel estatal, como municipal, hay individuos que por primera ocasión ocupan un cargo público, y sus rivales o enemigos, se han dado a la tarea de “correrles la serie”, para luego ventilarlos públicamente, en caso de que detecten que efectivamente cuentan con antecedentes penales o son sujetos de alguna indagatoria.
Ya han empezado a circular en las redes, los nombres de algunos “sospechosos” o presuntos delincuentes. Ayer el columnista recibió, vía correo electrónico, información, relativa a una averiguación previa, en la que supuestamente resulta involucrado el C.P. Héctor Reginaldo Riveros Moreno, Presidente del Comité Municipal del Partido Estatal de Baja California, PEBC, y Regidor del XXI Ayuntamiento de esta ciudad.
Se trata de una denuncia penal presentada el día 9 de Abril del año en curso, ante la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, ubicada en Av. Río Suchiate 10036, en la Colonia Revolución en Tijuana, la cual fue registrada como expediente 78/13/204 AP.
En la misma aparecen como indiciados, además de Héctor R. Riveros Moreno, Arturo Peña del Moral y Mario Favela Díaz. El delito, fraude procesal. El columnista recibió copia de escrito en el que se hace constar esto.
Así mismo, el columnista recibió “constancia de hechos”, en la que se refiere este asunto como Caso : 0202-2013-20949, de fecha 26 de junio del año en curso, en el que la Lic. Dalia Isabel órnelas Guzmán, Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, en Mexicali, hace constar que recibe y agrega, a la carpeta de investigación, escrito de fecha 24 de junio de este año, suscrito por los imputados o indiciados, solicitando se fije fecha y hora para su comparecencia, solicitando que una vez recibidas sus declaraciones, se proceda a su archivo, como asunto concluido.
Aunque no se dan detalles sobre los presuntos hechos delictivos, quien remite la información al columnista, asevera que los presuntos delitos que se le imputan al ahora Regidor del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Riveros Moreno, son : fraude procesal, declaraciones falsas ante autoridad y lo que resulte, “por hechos relacionados a su afán de ser regidor por el partido, interpuesta por varios militantes del partido” e indica que de este asunto ya tiene conocimiento la Procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra.
Refiere también que este asunto es una prueba de fuego para el XXI Ayuntamiento de Tijuana, pues afirma que si proceden conforme a derecho, “tumbarán al regidor”. Recuerda que Kiko Vega, al asumir la gubernatura estatal, señaló que se acabaron la impunidad y los privilegios.
Dice también que “es culpable, más allá de toda duda razonable y no aplica lo del juicio político, ni procedencia, porque fueron hechos delictivos anteriores a su gestión como regidor”.
Cabe observar que toda persona que considera afectado por hechos presuntamente ilícitos, puede acudir a la Procuraduría de Justicia, a través de la Agencia del Ministerio Público, a denunciar los hechos y señalar a los presuntos responsables. Tal parece que en esa situación se encuentra el Regidor del Partido Estatal de Baja California.
Sin embargo, el hecho de que alguien sea considerado como indiciado, dentro de una indagatoria, no es presunción alguna de que efectivamente sea responsable y por lo tanto que habrá de ser sancionado penalmente. La denuncia es para que el área de procuración de justicia, conozca los hechos, se haga la investigación correspondiente, y, de encontrar elementos para acreditar la presunta responsabilidad, ejercer acción penal en su contra, turnando el expediente ante juez penal en turno.
Lo delicado en este tipo de asuntos, es que cuando el indiciado es un político, del partido que sea, generalmente nunca se termina de integrar las indagatorias. En algunos casos se resuelven hasta que ya haya prescrito la acción penal, por el tiempo transcurrido, o se integra con serias deficiencias, que permiten al indiciado quedar libre de culpas.
Este es el primer caso, de los nuevos funcionarios públicos. Puede haber más, pues ha trascendido que se están “corriendo las series” de muchos otros. Puede haber sorpresas.
gil_lavenants@hotmail.com
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