PLAYAS DE ROSARITO.- La Sindicatura Municipal determinará dentro de los próximos días la sanción a la que será acreedor el ex secretario de seguridad pública de Rosarito, Jorge Eduardo Montero Álvarez, por presuntos cobros de cuotas a policías auxiliares durante el trienio de Hugo Torres Chabert.
El síndico Roberto Perales informó que se declaró precluido el derecho de Montero de ofrecer pruebas para su defensa, en virtud de faltar sin causa justificada a la cita que le fue notificada para rendir declaración.
Según la Ley de Responsabilidades, la sanción para Montero Álvarez podría ser desde una amonestación, hasta su inhabilitación por diez años.
Perales, detalló que el militar envió un documento en el que argumentó “causas de fuerza mayor” por las cuales no pudo comparecer, y una copia fotostática de un boleto de avión a la ciudad de México con fecha 5 de septiembre.
El síndico señaló que la copia del boleto no tiene ningún valor legal y la justificación de Montero no tiene validez, por lo que ya se prepara la resolución del caso.
Montero Álvarez fue denunciado en agosto de 2012 por el actual director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Castro Trenti, por presuntos cobros de cuotas irregulares a sus subalternos de la Policía Auxiliar.
En la denuncia también fueron señalados los exjefes de la Policía Comercial, Gabriel Téllez y José Miguel Duarte, así como otros servidores y ex servidores públicos.
Las cuotas que supuestamente se cobraban por instrucción de Montero a los policías auxiliares desde 2008 oscilaban entre los 100 y 300 pesos semanales.
Según la investigación que Castro Trenti realizó al asumir la titularidad de la Policía Municipal, las cuotas eran depositadas en una cuenta personal de Eduardo Montero, quien afirmaba que utilizaría los fondos para adquirir uniformes y material para los elementos.
En 2009, durante la administración municipal de Hugo Torres Chabert, Eduardo Montero Álvarez, siendo secretario de Seguridad Pública Municipal, se vio envuelto en otra polémica al reñir a golpes con el entonces síndico procurador, Arístides Valdespino Arévalo, quien ahora está involucrado en una denuncia por peculado interpuesta en contra del propio Torres Chabert y otros servidores públicos.
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